Como si fuera poco el daño causado a la Universidad venezolana, por la vía del permanente cerco presupuestario, que le impide el desarrollo de la academia así como el de los planes de crecimiento y de impacto tecnocientífico, este martes 9 de diciembre los universitarios fuimos sorprendidos con un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas, mediante el cual se declaran como áreas vitales de viviendas y residencias (Avivir) más de 13 hectáreas de terreno lomito pertenecientes a la Universidad de Los Andes, ubicadas en los sectores Campo de Oro y La Liria de la ciudad de Mérida.

Se trata sin duda de un despojo colosal e histórico, que de alguna manera reivindica (¡horror!) las actuaciones de personajes como Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, quienes en sus gestiones de alguna manera impulsaron a la añeja institución emeritense. Con esta decisión, el actual mandatario se equipara con gobernantes tan nefastos para la Universidad venezolana, como lo fue Cipriano Castro, quien en su afán hegemónico y prepotente clausuró varias facultades, tanto de la UCV como de la ULA, entre las que se cuentan la Facultad de Farmacia, que permaneció cerrada durante más de una década. Si bien en la presente situación no se están clausurando de manera directa dependencias de la universidad, se está cerrando la posibilidad de crecimiento y de expansión (que en los hechos vendría a ser lo mismo), al cambiarse el uso de los terrenos en los que se quiere edificar a la Facultad de Odontología, así como a edificios para la Facultad de Medicina y de un hospital materno-infantil, proyectados dentro del denominado campus biomédico.

No se justifica, entonces, con estos proyectos universitarios en ciernes, de interés para la sociedad y que han sido sueños acariciados desde hace tiempo por personalidades tan lúcidas como el rector de rectores Pedro Rincón Gutiérrez (que no se han ejecutado dicho sea de paso por falta de recursos), cómo mediante un decreto se cambia el uso de estos terrenos para fabricar soluciones habitacionales (que bien podrían ser proyectadas en terrenos ejidos y ociosos), castrándose de esta manera un desarrollo universitario de larga data, que incluyó desde hace décadas al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA), a la Facultad de Farmacia, dos estadios, canchas deportivas, la sede de inmunología, la sede de cardiología, la sede del departamento de microbiología de la Facultad de Farmacia, entre otros proyectos de impacto académico y social.

La Universidad de Los Andes (ULA), con 226 años de tradición regional y nacional, no es cualquier universidad, tiene en su haber más de 70 carreras, casi 200 programas de postgrado, atiende a más de 50 mil estudiantes, y su impacto y prestigio trascienden las barreras geográficas, para posicionarla como a una de las más importantes universidades del país y una de las mejores ubicadas en los rankings continentales. La ULA no sólo egresa profesionales con un alto nivel de pertinencia social, sino que constituye el principal motor de la vida académica, científica, cultural, social y económica de los Andes venezolanos, y su impacto trasciende sus espacios naturales para hacerse reconocida y respetada por sus pares.

Los universitarios merideños estamos en pie de lucha y rechazamos de manera contundente esta decisión gubernamental que pretende ser un dardo mortal para el espíritu y la esencia de nuestra Alma Máter. Defenderemos, con las herramientas que nos proporciona la jurisprudencia, los derechos que nos asisten históricamente en los terrenos involucrados en este infame decreto, que nos acota en nuestros deseos de crecimiento y de proyección a futuro. Desde estas páginas expresamos la solidaridad a las autoridades de la Universidad, al Consejo Universitario y a los decanos, en esta hora aciaga —que no terminal, eso jamás— para la institución.

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