Un parpadeo más de la vida, parece que treinta años no son nada.

Los cumple la publicación de un documento suscrito por los oficiales que lideraron la intentona golpista de febrero,  mientras se encontraban recluidos en la cárcel de Yare: “Las razones que nos obligaron a insurgir” (Yare, 24/06/1992). Sin embargo, para las más recientes generaciones, las que pagaron y aún no terminan de pagar las consecuencias, se trata de siglos. 

El documento en cuestión,   denunciaba la situación del país para la época privilegiando varios aspectos, entre ellos, el de los derechos humanos, y muy poco le dedicó a la corrupción administrativa, expresión de cierta vanidad técnica que la supuso exclusiva del ámbito estatal.  Éste problema encabezaba todos los estudios de opinión, convertido también en un elemento fundamental de ataque de los golpistas, a quienes – por cierto – se les santificó como los adalides de la pureza de propósitos, la honestidad, el sentido de sacrificio y todo lo que reportaba el imaginario social a favor del militar en Venezuela. 

La sola intentona, generó una poderosa y perdurable ilusión óptica que llevó a los resultados electorales de 1998: el problema se acabaría, apenas, esa oficialidad subalterna y no otra, así fuese superior, ascendiera al poder. Más de veinte años continuos de un mismo gobierno en este siglo,  no sólo lo agigantó exponencial y hasta extravagantemente, sino que lo agotó como una prioridad en las encuestas por demasiado obvio, dizque naturalizándolo, y por la muy extrema asfixia social y económica que lucía imposible en la última década de la centuria anterior.

Danzaron aquellos diablos que le dieron diferente timbre al Tuy mirandino hoy de una extraordinaria inseguridad personal, burlándose a la postre del país que están vaciando, ya que, forzado al exilio más de  ocho millones de venezolanos, el régimen  lo reclama únicamente para sí.  No hay precedente del asalto al erario público que ha sido despiadado y quizá tardaremos bastante en conocer con alguna precisión, las cifras astronómicas que  convirtieron los paraísos fiscales en una suerte de agujero negro.

Generalizada, propia del Estado Criminal, la descomposición ha trascendido a toda la sociedad, como no podía imaginarlo - por entonces -  Humberto Njaím en un libro que marcó pauta, aunque sí esbozó algunas tendencias: “La corrupción, un problema de Estado” (UCV, Caracas, 1995). El sólo, ilimitado  y descontrolado crecimiento estatal, bajo el régimen socialista, lo auspició; el historial legislativo de retrocesos frente a lo que fue la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, lo corrobora; y, aunque el caso español se nos antoja tímido de compararlo con el nuestro, añadida la dirigencia extractiva venezolana, es válida la reflexión que hace Joaquim Bosch en un obra de revelador título, como “La patria en la cartera” (Ariel, Barcelona, 2022):  “Nuestras debilidades institucionales explican que los abusos de poder hayan sido un hilo conductor muy persistente en la historia de nuestro país”.(445).