En la medida en que termina el año 2016, la crisis por la cual está atravesando el país tiende a desplegarse en forma cada vez más agresiva,

más globalizante y abrumadora. Sus manifestaciones objetivas se han extendido a lo largo y a lo ancho de la nación; afectan a todas las actividades y las estructuras ya sean políticas, económicas, sociales y culturales. Perturban profundamente, de manera ampliamente negativa, al mundo de los trabajadores, a la clase media y a los vastos sectores populares perceptores de pequeños ingresos.

La crisis se expresa con impacto devastador en todos los aspectos relacionados con el quehacer político, económico, cultural, psicológico y social; es el elemento más común de conversaciones, reflexiones y protestas. Calladamente, o con estridencia, va invadiendo cada espacio, cada retícula del tejido societario.

El efecto de esta crisis sobre la nación, sobre el sistema político, sobre la estabilidad política y social, sobre la posibilidad de seguir un curso de desarrollo auto sostenido es, por decir lo menos, aterradoramente devastador.

Origen de la crisis

Esta crisis, dramática y aterradora, la más severa que ha experimentado la Nación a lo largo de toda su historia, no es un hecho fortuito, aislado, que provenga de un elemento fatal y determinista de la historia. Para nada se corresponde con esa apreciación del pensamiento marxista, revisado por el Socialismo del siglo XXI, según la cual esta crisis es una nueva manifestación aguda de la lógica del metabolismo del capital que reafirma, para este tiempo histórico, el carácter explotador del Capitalismo y su indeclinable propósito de reproducirse a lo largo de sus ejes constitutivos permanentes (Mészáros, Istvan).

Tampoco es el resultado de una guerra económica desatada por la “derecha endógena” contra el Régimen; ni es el resultado de la acción del “imperio cruel” que busca destruir al Oficialismo gobernante; y, mucho menos, resultado de la acción productiva, hecha a pulso y con enorme esfuerzo, que llevan adelante los emprendedores privados venezolanos a los cuales el Régimen endilga procaces descalificaciones cuando los llama “apátridas, especuladores y acaparadores”.

El pueblo no se equivoca en su prístina apreciación sobre quiénes son, sin duda, los responsables de esta catástrofe; en este juicio, como un hecho significativo, la voluntad del pueblo coincide con los ponderados juicios de sus intelectuales y académicos. Ésta crisis terminal, que sufre con angustia el país, cae sin duda, a plenitud, en los enormes pasivos que el régimen Chavista-Madurista le debe a la nación, al pueblo, a nuestras instituciones.

La 106º Conferencia Episcopal Venezolana acierta de pleno al expresar: “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.

En apretada síntesis esta crisis terminal del orden societario venezolano brota

Del intento tozudo y sistemático que se realiza desde hace diez años de introducir en nuestra sociedad, en nuestro sistema político, cultural y económico, y contra toda racionalidad, un modelo fracasado con estrépito en todas las regiones del mundo donde se pretendió instaurar, el socialismo de origen marxista el cual, en América Latina, se le ha denominado más recientemente Socialismo del siglo XXI; en el caso concreto de Venezuela este proyecto resultó ser una combinación letal del pensamiento de Heinz Dieterich (el intercambio de equivalentes), de Mészáros (la lógica del capital) y de las prácticas y estrategias políticas (servicios de inteligencia, represión, amedrentamiento, propaganda dirigida a confundir etc.) del régimen de los Castro.

De la profunda incompetencia de la burocracia gubernamental para entender tanto el funcionamiento de una economía de mercado, como de un régimen centralmente planificado. En general, no conocen el complejo conjunto de leyes, principios y teorías que rigen estas dos aproximaciones a la organización de la sociedad. Por supuesto que descartan la posible alternativa que surge del modelo de economía y sociedad humanistas, construida sobre el Bien Común y la dignidad de la persona humana, que proponen sectores democráticos de la nación.

En este entorno la burocracia socialista comete, con frecuencia, equivocaciones enormes, índice de crasa ignorancia, en materia de políticas públicas, de equilibrios macro económicos, de ajustes estructurales, de políticas sociales, de políticas productivas, petroleras, económicas etc.

El incesante llamado a la conflictividad social; para ello impulsan una versión tropicalizada del fantasma de la lucha de clases como motor de la historia la que está, intrínsecamente, conectada a la visión marxista del derrumbe del Capitalismo.

La conciencia expresada por el Líder del Proceso y repetida a coro por sus adherentes de la superioridad del mundo militar, de su esquema de mando y de obediencia y de sus instituciones militares sobre las instituciones civiles; carga valorativa heredada del siglo XIX, destructiva y anti histórica.

El daño al propio concepto de ser humano que deriva de la implacable manía del Régimen, que se expresa en su praxis diaria, de desconocer al adversario como persona, de destruir el entramado institucional, de violar la Constitución, de irrespetar los derechos humanos, de alterar la escala de valores así como el hecho concreto de aumentar la represión violenta. Vale hablar, en términos generales, a este respecto de un daño antropológico.

La insólita, pero permanente, adhesión del Régimen, en una especie de relación neo-colonial, con respecto al Gobierno de la República de Cuba. Primero, se deben satisfacer las aspiraciones económicas de este y, luego, si hay suficiente, las del pueblo venezolano.

En este cuadro, apremiante y severo, las elecciones legislativas del 6D señalaron un rumbo esperanzador. El pueblo se pronunció por un voto castigo pero, más allá de esta aproximación, podemos apuntar que el pueblo, en donde reside el poder en un sistema democrático, solicitó un profundo cambio en el modelo que el Régimen trata de implementar. Ese cambio deberá dirigirse hacia la creación de un modelo político democrático integral de libertades, de seguridad, de estado de derecho, de progreso, de auténtica participación popular en el poder.

De idéntica forma, el cambio debe estar dirigido hacia el progresivo despliegue de un modelo económico que rescate la confianza de los ciudadanos en sus capacidades productivas; que desate las fuerzas productivas de la sociedad arrinconadas e inhabilitadas por el modelo socialista; que señale rumbos seguros hacia un desarrollo económico post rentista, auto sostenido, eficiente y equitativo. Un modelo económico que devuelva al país su prosperidad, la seguridad de su autoabastecimiento, el mantenimiento del valor de la moneda y la recuperación de los salarios reales; que controle la incompetencia, la burocratización y la corrupción que han gangrenado hasta los huesos la gestión política y administrativa del Régimen.

En diecisiete años el Oficialismo malbarató el apoyo que, al comienzo, les otorgó el pueblo; despilfarraron la más brillante oportunidad, económica y política, que Venezuela ha tenido para acelerar su marcha hacia el desarrollo integral; en su lugar se dieron a la tarea de sembrar desconfianza, odio y violencia en todo el tejido societario nacional. Esta etapa ha de cesar pronto. Y nuevos horizontes, -ganados a pulso con esfuerzo, disciplina y entrega por todas las clases sociales del país-, aparecerán nítidos y definidos en el cercano porvenir.

Aspectos más significativos de la crisis

Es conveniente, a los fines de ir precisando el objetivo de nuestro análisis, presentar un somero análisis sobre los alcances concretos que la crisis ha significado en la realidad cotidiana de nuestras instituciones y del pueblo, golpeado y diezmado, por ella.

Iremos directo al grano en tres aspectos específicos: El político-institucional; el económico y el económico-social; estos dos últimos son el epicentro en el cual la población, en general, y cada uno de los ciudadanos y de las familias, siente el potente impacto negativo impregnado de angustia que la crisis ha significado para cada uno de ellos.

Empecemos con el aspecto político institucional. En este nivel la política que adelanta el Régimen posee un conjunto de características tales como: Se ha producido un cambio profundo en sus bases de legitimación al pasar de un liderazgo carismático y vertebrador a un liderazgo anodino, con decreciente y escaso apoyo popular; es un hecho evidente la existencia de una potente tutela militar, asentada firmemente en la cúpula de las instituciones de la Fuerza Armada, que tiende a extender su influencia y sus áreas directas de mando sobre un presidente civil quien apenas logra conciliar la competencia por el poder entre diferentes grupos del oficialismo; militarización progresiva del Gobierno a todos sus niveles, recientemente estos sectores militares han advenido al completo control de enteras cadena productivas desde la importación, producción, hasta distribución al consumidor final; pérdida creciente de popularidad del Régimen en todos los sectores sociales; aumento de la represión contra la oposición democrática que lucha apoyada en la Constitución y las leyes; incremento de los niveles de represión, aumento del número de presos políticos; acentuación del carácter populista del régimen; profundización de la corrupción a todos los niveles de la administración; quiebre del orden democrático; desaparición del estado de derecho; desintegración de la división de poderes; violación de los derechos humanos; desconocimiento de la Asamblea Nacional que es la representante directa de la voluntad popular; utilización de los poderes del estado: Judicial, Ciudadano y Electoral para que funcionen como simples Oficinas de apoyo al conjunto de políticas que el Poder Ejecutivo decide.

Esta lista es abrumadora, sin embargo, recuperemos el aliento y sigamos de inmediato, con otro de los aspectos de alcance más devastador de la crisis. Nos referimos al plano de la economía. El primer elemento a enunciar es especialmente lamentable. La economía de la nación ha entrado en una aguda fase recesiva. Ya van 18 trimestres consecutivos en que el PIB se contrae. Para este año, cálculos de instituciones internacionales y nacionales de prestigio en el manejo de las variables económicas, están estimando que el PIB caerá hasta un -10%. Esto constituye una catástrofe económica terrible y sin precedentes en la historia de Venezuela con la cauda de males que ello comporta como: Disminución del consumo, de la inversión, del empleo; aumento de la pobreza; pérdida del poder adquisitivo del salario real etc.

Esta fase recesiva aguda ha sido incubada por una desastrosa e incompetente gestión de las variables macroeconómicas básicas de la economía nacional. Una inflación explosiva, que corroe como diente maligno el nivel de vida y el poder adquisitivo de todos los ciudadanos, especialmente, de los ingresos de los trabajadores, o de aquellos que disfrutan de una renta fija. La híper inflación ya no resulta un pronóstico sino que comienza a presentarse como una realidad espeluznante. Pronósticos señalan que esta variable cerrará, para este año 2016, alcanzando la cota del 700%. El Déficit Fiscal, por su parte, sigue empinándose y debe haber sobrepasado el 20% del PIB. La liquidez monetaria sigue en expansión a tasas elevadas alimentada, entre otras razones, por el financiamiento monetario del déficit del estado y para hoy debe estar más allá del billón de bolívares. La impresión de dinero en circulación sigue un ritmo vertiginoso. En el sector externo, -dada la baja de los precios promedios de los hidrocarburos, la disminución de la producción petrolera y el aumento de sus costos de producción-, es de esperarse, para este año, un elevado déficit en la Balanza de Pagos que estará en el orden de los treinta mil millones de US$. En fin, las magnitudes que en esta área adquieren las variables económicas fundamentales son sobrecogedoras y denotan un desastroso manejo de la economía con su correspondiente consecuencia de miseria y pobreza que se extienden cual las lluvias en mitad de la temporada de invierno. Aumentan el sufrimiento, la escasez, la desaparición de productos esenciales domésticos, las colas y la angustia diaria de las familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

El problema que analizamos tiende a agravarse cuando se toma en cuenta la decisión del Régimen de implantar, mediante la coerción estatal, el cerco al sector productivo privado y la destrucción de los organismos de representación sindical, una estructura económica socialista del siglo XXI. De acuerdo con esta orientación. el régimen no ha vacilado en introducir en la economía mecanismos que actúan a manera de sismos destruyendo tanto, el aparato productivo privado, cuanto, reduciendo a escombros el aparato productivo que mantenía el estado venezolano dentro de los límites de una economía mixta. La aplicación de esta política ha creado, lo que no vacilamos en denominar, como potente distorsión estructural que afecta transversalmente a todo el aparato productivo de la nación. Algunas de las consecuencias más destacadas de tal distorsión estructural sobre el sector productivo público son las siguientes:

    1.- Desintegración organizacional, gerencial, productiva y directiva de la que, en otrora tiempos, fue la empresa insignia de la economía nacional, PDVSA. El Gobierno ha avanzado mucho en la destrucción de esta potente unidad productiva de la nación; no hay duda, que ella sufre hoy los embates del Régimen que le ha impuesto políticas desacertadas, altos costos productivos, disolución de su objetivo básico de explorar, producir y comercializar petróleo y, además, una conducción gerencial que posee solo medianas o nulas capacidades.

    2.- Este mismo cuadro se repite en todas las demás empresas del estado; en particular en el complejo de empresas de Guayana tales como las industriales, las de electricidad, las de transporte y de servicios etc.

    3.- Preocupa igualmente que, este mismo cuadro de profundos desequilibrios y falta de productividad, se repite en todas las empresas que el régimen ha creado y que se engloban bajo la denominación de Empresas de Producción Social. Buen nombre que no ha sido suficiente para encubrir la perdida de producción, el dispendio de recursos públicos, el desastre administrativo, el desorden y la corrupción que han asolado este sector que está en manos de la burocracia del Régimen y no, como proclama la propaganda oficial, de conjuntos de productores libres asociados.

Por supuesto, el sector privado no escapa sino es, mejor, el objetivo predilecto que se busca hacer desaparecer. De allí surge el concepto de cerco productivo al sector privado con lo cual nos referimos al conjunto de medidas legales, económicas, represivas etc. que el Régimen ha puesto en marcha, especialmente a partir del 2005, dirigidas a regular, controlar, obstaculizar o eliminar las empresas productivas del sector privado, cualquiera que sea el sector en que operen, hasta reducirles su capacidad de producción y llevar al sector a límites mínimos en su participación institucional en el PIB.

A continuación presentamos algunas de las medidas que el Gobierno ha aplicado para tender cerco productivo al sector privado: i) Establecimiento de un marco legal dirigido a debilitar, controlar o eliminar la inversión privada, el espíritu empresarial y la propiedad ii) Inseguridad Jurídica. iii) Controles y regulaciones tales como control de cambios, tasas de interés y de precios. iv) Ley de Costos y Precios Justos que coloca las decisiones sobre estructuras de costos y niveles de precios, de todos los sectores productivos, en manos de un ente burocrático denominado la Súper Intendencia de Costos y Precios v) Política de expropiaciones y nacionalizaciones. La firma ECOANALITICA estima que el Gobierno ha expropiado empresas por un valor que está en el orden de 23.000 millones de US$, de los cuales ha pagado 8.600 millones de US$ aproximadamente vi) Inestabilidad e inseguridad en las relaciones obrero patronales debido a la normativa legal así como por acciones directas del Gobierno Nacional etc.

Las consecuencias de la aplicación de todas estas disposiciones es la creación de un clima de tensiones y desasosiego en el mundo del trabajo, la fuga a raudales de talento científico, profesional, empresarial, laboral y juvenil, el aumento extraordinario de los costos de transacción, el cierre de miles de unidades productivas. En síntesis: la caída a plomo de la capacidad del sector productivo privado para satisfacer la demanda nacional de bienes y servicios y la apertura de espacios que son ocupados por el sesgo importador que se expresa con mayor potencia cada día que pasa.

Hagamos ahora otro breve alto en este camino tan empinado y, luego, tornemos al tema socio-económico. En este plano la crisis se manifiesta en un agudo desequilibrio social constituido por un conjunto de elementos tales:

   a)  Crecimiento de la pobreza medida por el monto de ingresos. Las cifras estimadas por Encovi muestran que la proporción de pobreza, para el año 2015, será de 55,0%, es decir, 18 millones de venezolanos; de ese porcentaje, 23,0% estaban en situación de pobreza extrema. b) Caída del poder adquisitivo de los salarios reales. Ecoanálitica ha calculado una caída del ingreso real de los trabajadores en el entorno del 35% para finales del año 2015; esto es una muestra del programa de ajuste, más agudo y más destructiva que se ha implementado en el mundo en las últimas décadas, que está siendo conducido y ejecutado por el actual Régimen. Este está decidido a hacer pagar todo el costo del ajuste a un solo sector de la sociedad: el Sector de trabajadores perceptores de ingresos por el alquiler de su fuerza de trabajo. Este Programa de Ajuste reposa, además, sobre un recorte dramático de los valores de la factura global de importaciones de Venezuela. El trabajador está siendo conducido, de manera planificada, a la pérdida creciente del poder adquisitivo real de sus salarios y, en consecuencia, hacia un empobrecimiento en ascenso. Sorprende que tal tipo de política sea ejecutada por un gobierno militar-cívico que pregona y proclama su apego ideológico y político hacia esa forma de organización social que ellos denominan socialismo.

Aparte de estas características, básicamente socio-económicas, hay otras que van más hacia lo social y que complementan aquellos aspectos que acabamos de mencionar; tales como:

c) Aumento de actividades informales tales como el bachaqueo; desde allí está surgiendo un nuevo estamento social, de economía informal a lo largo y a lo ancho del país. d) Ha surgido una nueva clase de plutócratas; en este caso operan como una burguesía parasitaria y absolutamente dependiente del estado que, en el lenguaje popular, se califica como la Boliburguesía. Esta se ha venido formando a partir de un complejo entramado de relaciones con el Gobierno. Se utilizas formulas tales como influencias sobre la estructura del Gobierno a partir de relaciones personales, familiares o de intereses comunes en negocios y actividades económicas; Desde allí se dirigen hacia la utilización de partidas presupuestarias, obtención de contratos públicos de toda naturaleza, adquisiciones de bienes y servicios, expropiaciones de propiedades productivas, control del comercio exterior, control de la gestión de empresas estatales en los diferentes sectores productivos etc. e.) Aumento rápido del costo de la canasta familiar f.) Crecimiento del sector informal. Se estima en alrededor del 45% de la Población Activa g.) Deterioro progresivo de la prestación por el estado de servicios sociales en los campos de salud, educación, transporte, seguridad e infraestructura h.) Elevada inseguridad personal, elevada tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, extensión incontrolada del hampa, de organizaciones hamponiles, del pranato y, en general, aguda descomposición social i.) Aumento de la conflictividad social en diferentes formas: Paros, huelgas, protestas, saqueos etc. j.) Dificultades crecientes, -tales como colas, escasez, desaparición de líneas enteras de productos-, para la obtención de alimentos, bebidas, medicamentos, productos higiénicos etc. que demandan para su estabilidad y funcionamiento las unidades familiares venezolanas.

Esta dantesca crisis, que agrede hoy a la nación, amerita inmediata respuesta. Por supuesto que existe, se debe precisar mejor, un orden de prioridades en la oportunidad y en la forma en que debe detenerse el proceso de deterioro de la sociedad venezolana. Las preguntas son obvias: ¿Por dónde comenzar, en qué sector se debe actuar en primera instancia? A esta angustiosa cuestión se responde, generalmente que, lo primero que se debe hacer, es detener el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías de ciudadanos que hoy ven que cada día que pasa sus ingreso pierden poder adquisitivo, que no consiguen los bienes y servicios que requieren, que hay colas, escasez, pobreza y miseria crecientes, desabastecimiento y hambruna.

Es decir, se requiere un Programa de Urgencia Económica que corte a fondo esta situación en muy corto plazo. Pero esto, de por sí, no es suficiente; ese Programa ha de estar inscrito en otro superior, en uno de Estabilización de la Economía que restablezca los equilibrios económicos destruidos por el Régimen y erija las condiciones para que la economía comience su espiral de ascenso hacia el aumento de la producción, el empleo y la productividad. Pero, aun así, tampoco esto es suficiente: Estos dos programas han de inscribirse, a su vez, en uno superior, de Relanzamiento Activo de la Economía que deberá estar dirigido a recuperar y colocar en expansión creciente a las fuerzas productivas para que, en el mediano plazo, podamos contar con una economía diversificada, no rentista, equitativa, próspera, con elevados niveles de productividad y expectativas de avanzar en la senda del desarrollo auto sostenido, equitativo e integral que la nación aspira desde hace décadas.

Por supuesto que, paralelamente con la profunda reforma estructural de lo económico y de lo socio-económico, hay que actuar sobre la reinstitucionalización del sistema político. Trabajar hacia una democracia integral y respetuosa del estado de derecho ha de ser la meta. Una democracia de participación, con un potente tejido de instituciones intermedios entre el ciudadano y el estado. Una democracia que equilibre la distribución de poderes entre el Estado y las regiones; que fortaleza la división de poderes haciendo vigente las tareas que cada uno de ellos debe desempeñar de acuerdo a la Constitución. Una democracia Integral que garantice la realización de la vocación personal de cada uno y la construcción de las condiciones que permitan alcanzar el Bien Común de la nación. Una democracia que rescate el valor del trabajo como elemento fundamental del progreso de los pueblos y como eje central alrededor del cual se deberán reconstruir las relaciones productivas de la sociedad.

Pero, para avanzar en esta dirección, ha de abrirse la puerta que conduce a ese camino. La llave de esa puerta está constituida, en nuestra opinión, por un imprescindible relevo en el gobierno de la República; y la razón elemental para esta explicita declaración es que, a partir de los actuales compromisos políticos e ideológicos del Régimen, no es posible soñar, ni tan siquiera, desarrollar un orden democrático, equitativo y participativo ni tampoco modificar parar avanzar la estructura productiva y hacer marchar a la economía hacia otra etapa superior. Así, que los profundos cambios económicos, políticos y sociales que aspiramos han de ser posibilitados y permitidos por un cambio inmediato en el Gobierno de la nación. La vía constitucional, pacífica y democrática, el RR, está disponible luego de grandes luchas y sacrificios parar abrir el futuro de la nación.

(*) Economista (UCV). Doctor en Ciencias Políticas (UCM). Parlamentario jubilado, ex-embajador, ex-ministro y ex-gobernador de Caracas.