Afortunadamente diversa y compleja, no se entiende a la oposición política sin el mínimo de institucionalidad que sea capaz de procesar, expresar y atarearse  de acuerdo a las demandas de las grandes mayorías que conforman la ya vasta oposición social, por cierto, comprobadamente desconocida y vapuleada por las perversiones del sistema electoral. Además,  generadora de un ordenado debate interior y exterior que,  siéndolo convincentemente,  ataje la confusas señales enviadas por los analistas y dirigentes de ocasión que toman con pinzas los estudios de opinión,  creyendo y apostándonos como minorías díscolas, políticamente inhábiles, como si el malestar, la irritación y – en última instancia – la protesta colectiva no fuesen una realidad insobornable y urgida de imaginación, convertida en un precedente frente a los regímenes leninistas que la criminalizan en el fallido intento de afrontar sus irreparables fracasos.

Cierto, la  censura y la persecución física y psicológica, sumados los riesgos y obstáculos interpuestos a los  parlamentarios y ediles que presuntamente cuentan con mejores y universales garantías para un cabal desempeño de sus responsabilidades, constituye una faceta importante que contribuye al déficit institucional de la oposición. Reunirse y comunicarse personal,  telegráfica, telefónica y digitalmente, un elemental derecho político, entra en la catalogación de los servicios de inteligencia del gobierno que, más de las veces, resultan sorprendidos por un intercambio  libre, sobrio, responsable, transparente y pacífico de intenciones que las desean a toda costa – justificándose –  como un insólito acto de terrorismo portátil.

Desde febrero del presente año, despertando la  insurgencia cívica de las juventudes venezolanas, reaparecieron las marchas, la concentración, los motivos propagandísticos, la trinchera,  los mítines relámpagos, el volanteo artesanal, los campamentos, la vigilia, entre las distintas modalidades que, adicionalmente, ponen el acento en una absurda distinción, apegada al interés oficial.  Digamos que los radicales son quienes invocan e implementan el derecho a la protesta, merecedores del rechazo inmediato, mientras que los moderados lo subliman, evaden y renuncian en pos del diálogo, aunque traicionado, digno de todo reconocimiento.

Atestiguamos una creciente organización de la nueva contestación política y social que se manifiesta a través de las aludidas modalidades y de las víctimas de la represión gubernamental, comprometiendo en principio  a los familiares y relacionados. El campamento impone una básica planificación y estructuración de voluntades, la trinchera una coordinación defensiva ante el ataque de lacrimógenas y disparos que sorprenden a las urbanizaciones, la subrepticia y dinámica inconformidad en los barrios sendas medidas frente al asedio de la delincuencia común y los grupos parapoliciales que se identifican con el gobierno, por no mencionar que las muertes, lesiones, reclusiones y procesamiento penal fuerza a una solidaridad para cubrir gastos, acompañarse en las citaciones judiciales o afrontar los sepelios, entre las diversas actividades orientadas a la configuración de espontáneos  movimientos políticos.

Agreguemos el decidido reimpulso de las redes sociales que, amén de compensar la crisis de los medios noticiosos convencionales, tienden a acreditar las fuentes más genuinas y confiables contra la guerra sucia que encuentra facilidades, por no mencionar el poder de convocatoria que también sintetiza y suscita. Otro elemento más que obliga a una ampliación y profundización de la Mesa de la Unidad, complementada por corrientes y fortalecida por expresiones realmente representativas, como las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las de una  inmediata asistencia judicial, el estudiantado, los trabajadores, etc. Vale decir, reinstitucionalizando a la oposición política para que sea algo más que un sindicato de jefes de partidos.

@Luisbarraganj