Una de las Borbón y Grecia ha sido imputada por la presunta comisión del delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales,  propinándole un duro golpe al prestigio del régimen.  Además, constituye un indeseable aporte a la crisis que experimentan los ibéricos, corroyéndolos moralmente, capaz de acelerar la sucesión.

Crisis que, por cierto, jamás se parecerá a la de este lado del mundo. Incluso, las protestas se elevan en un firmamento social evidentemente superior al nuestro, mostrándonos las pedradas de los obreros que son tales, en una vialidad de impecable mantenimiento y rayado: contrastante y hasta anecdótica estampa que poco abona al creciente lumpemproletariado atemorizado que, aturdido por el miedo, reclama en nombre del mismísimo chavismo sus derechos, frente a las dependencias oficiales que les prometen “gas del bueno” o un novísimo como paciente registro de sus peticiones,  esperanzándolos con  alguna prebenda que únicamente alcanzarán los más avispados.

La Infanta Cristina contribuye así a despedazar el inmenso e histórico rol que jugó Juan Carlos a favor de la dificilísima transición de las décadas que tienden injustamente a olvidarse, con la gallarda participación del consorte de credenciales biológicas y antecedentes políticos que fueron suficientemente investigados,  posiblemente relevado de cualquier test ético.  La incursión en el mundo de los negocios o la cacería de elefantes, resultan impensables en el contexto de una crisis que, además, hirviendo Catalunya,  puede acarrear consecuencias impredecibles. Sin embargo, inexpertos en la España de los días que corren, sólo deseamos consignar dos notas adicionales.

En efecto, luce imposible que un caso parecido ocurra en Venezuela, porque – de un lado - acá simplemente no existen la libertad de información y la independencia del poder judicial,  como allá.  Opera contundente la (auto) censura y ni siquiera el más encumbrado magistrado podrá acometer tamaña empresa de investigación que, apenas anunciada, lo comprometería gravemente junto a toda su familia.

Además, consideremos – por otra – las numerosas denuncias que envejecen en torno a actos peores que los principescos, perfeccionados los mecanismos de (auto) protección de los grandes burócratas y negociantes, por si fuese poco, a veces hasta divertidamente confesos. El más tímido planteamiento y ventilación de algún desafuero, salvo que convenientemente  revele la dura pugna al interior del oficialismo,  generador de facturas, no tomaría curso alguno en nombre de la sacrosanta conservación del régimen.

Los apuros de la princesa pueden conocerse y airearse, fustigando la dinastía.  Nuestros nobles de hecho, ni siquiera aceptan – soliviantados – la natural sospechosa que pesa sobre ellos, dispuestos por siempre a la revancha.


@Luisbarragaj