Décadas atrás, los estudios de opinión consagraban la corrupción administrativa como una de los problemas fundamentales del país. Hábilmente orquestada, produjo una prolongada, múltiple, poderosa y encarnizada campaña de opinión que, asociada a la llamada antipolítica, se convirtió en una inédita y descomunal apuesta en la  que no todos sus promotores – voluntariamente o no – ganaron.

El elector de 1998 creyó ciegamente que el sólo cambio de gobierno, emergiendo un relevo francamente desconocido, bastaría para la automática liquidación del flagelo. Y, obrando el milagro, los anuncios de un rápido, decidido y no menos arrogante saneamiento de la justicia, nos llevaría al reino de la prosperidad económica y de la equidad social, pues, simplemente, ya no habría los ladrones capaces de quitarnos la porción de la renta petrolera que nos correspondía legítimamente.

Sumemos otra paradoja política, como la actual pretensión de los reducidos y reales grupos de poder que se miran consagrados en los altares de una radical honestidad, mientras sospechan y persiguen a otros que ni siquiera administran los fondos públicos.  Nunca antes, en nuestro historial republicano, hubo un intento de abstraer de tal manera la propia definición del problema para inculpar a los demás de una corrupción generalizada, alcanzando a la propia oposición que – por definición – no goza del poder, distrayéndonos con los muy específicos casos que excepcionalmente se ventilan para zanjar las diferencias entre las camarillas que pugnan por las llaves de Miraflores.

El más modesto gesto arqueológico, nos lleva a verificar en la ya vieja prensa, la que podría perderse con los años para fragilizar y quebrar definitivamente nuestra memoria colectiva,  la apresurada reforma que  hizo el novísimo gobierno de la Ley de Licitaciones que, se suponía, frenaba las apetencias del propio …gobierno. O el retroceso que implicó la reforma y definitivo reemplazo de la meritoria Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, fruto de un largo proceso histórico y doctrinario, lentamente reivindicada – incluso – por los que ahora descubren el agua tibia al lanzar ideas como las de una mejor tipificación o creación de una jurisdicción especial.

Anterior a esta era que parió un corazón,  según la promesa de Silvio Rodríguez, por ejemplo, antes hubo funcionarios que no se atrevieron a emplear las instalaciones o dependencias oficiales para los actos proselitistas y demasiado cuidado en no confundir – además – sus mismas funciones con otras de carácter político-partidistas. La severidad de las leyes y, no olvidemos, la posibilidad efectiva de un juez que las hiciera cumplir, desalentaba – por lo menos – la publicidad de esos saraos, asumiendo como un riesgo la asistencia.

El denominado peculado de uso, con el tiempo, constituyó una seria amenaza porque también la oposición parlamentaria, edilicia y hasta vecinal, rápidamente apelaría a los medios institucionales disponibles para la denuncia y castigo consiguiente, acarreando un contundente e inevitable costo político inmediato. Ahora, el gobierno que se cree el más honrado de toda la historia venezolana y truena ensoberbecido contra sus adversarios, emplea desinhibida y retadoramente los mejores teatros, las más amplias y confortables edificaciones,   con todos los servicios correspondientes, para celebrar las más variadas reuniones de un insolente carácter partidista, habitando la viga que la suponen paja en el ojo ajeno.

Que sepamos, jamás fue utilizado el teatro “Teresa Carreño” para que sesionase el partido de gobierno impunemente, bajo ningún pretexto, como ha ocurrido y ocurre por todos estos años. Las protestas más sentidas y facturadoras políticamente, las hubiese sintetizado la comunidad cultural organizada prontamente socorrida por la prensa, el Congreso o el Concejo Municipal.

Hubo obras sufragadas por el Estado, como el monumental y admirado Poliedro o los espacios tan funcionales de la Sala Plenaria de Parque Central, que sirvieron para la realización de los más variados eventos partidistas y electorales, ciertamente. Empero, por más que sus dirigentes y relacionados los administrasen con un sectario celo, no eran monopolizados por el partido de gobierno, sino que debían ofrecerse como escenarios seguros para las numerosas organizaciones políticas y gremiales de la oposición que pudieran también pagarlas, pues, una módica exoneración comportaba el peligro de la denuncia trastocada en una inapelable sentencia condenatoria.

A modo de ilustración, observamos que el entonces candidato presidencial del Partido Comunista, Héctor Mujica, quien no sólo expuso una limpia y muy sabida trayectoria política y personal, sino una convicción y – valga el reforzamiento – una convincente formación ideológica, reconocida por más diferencias que tengamos, podía celebrar sus actos en cualesquiera de las instalaciones de Parque Central (Tribuna Popular, Caracas, 13 al 21/09/1978). Quizá, no lo desmentimos, tuvo problemas para la negociación y la concesión de esos espacios, al igual que pudo pasar y pasó – por si fuese poco – con la otra expresión del estereotipado bipartidismo imperante, pero la sola negación de sus administradores, generaba efectos (in) deseables gracias a la muy bien cuidada sensibilidad electoral con la que también contábamos, por mucho que los resultados electorales condujeran a la consabida polarización.

Por consiguiente, el gobierno actual carece de toda autoridad moral para predicar en torno a un fenómeno que prometió aniquilar desde un primer instante con su sola, beatífica e imponderable existencia.  Y, aunque pausada, estamos recuperando esa sensibilidad política y electoral necesaria que inexorablemente se traduce y traducirá en el reconocimiento del costo que propinaron y propinan al país los que tiene por natural domicilio esa viga.

@luisbarraganj