Junto a los ingresos extraordinarios, el endeudamiento masivo, los proyectos disparatados y la improvisación dilapidadora, no se entiende toda hazaña saudí en la Venezuela contemporánea, sin una habilitación legislativa. Fórmula recurrente, abierta o encubiertamente adoptada en la última década y media, curiosamente no suscita mayor interés de los juristas que la saben inscrita en la democracia participativa formal que nos ha caracterizado.

A pesar de la amplitud de competencias, atribuciones y facultades que le conceden la Constitución y las leyes, Nicolás Maduro insiste en hacer de la excepción una regla. Sobre todo, en una materia en la que el gobierno es el moroso por excelencia y escándalo, aunque intuimos o sabemos – por lo menos – de tres facetas sísmicas que explican la descomunal propuesta.

Suelen referirse – por una parte - a las delegaciones más remotas, concedidas bajo la Constitución de 1961, aunque éstas – se dice -  suman seis  efectivas para una generación de aproximadamente 172 leyes entre 1961 y 1998, circunscritas exclusivamente al ámbito económico y financiero, mientras que sólo Chávez Frías contó con cuatro entre 1999 y 2010, bajo la Constitución de 1999, con un mínimo de 224 leyes, en torno a las más variadas materias, indebidamente añadidas sendas leyes orgánicas como la del Trabajo y de la Fuerza Armada Nacional.  Por consiguiente, no hay comparación si acentuamos una dramática circunstancia: antes, hubo un convincente respeto por el parlamento y la opinión pública que, ahora, simplemente no existe.

La actual demanda gubernamental – por otra – de una habilitación, tiene por pretexto el combate contra la corrupción, pero interesadamente la abstrae para darle alcance a quienes no administran recursos públicos, relevando al poder establecido de sus propias e intransferibles responsabilidades, a la vez que prepara cuidadosamente los instrumentos que le permitan una vasta manipulación financiera, porque ya hay escuela y doctrina so pretexto de la emergencia de las lluvias para aventurarse a legislar en los más caprichosos ámbitos, agregada hasta la creación de una condecoración, en 2010.  El dato más relevante, corrompida la noción o idea misma del flagelo, en una operación que es de guerra psicológica para la neutralización y persecución de opositores, adversarios y disidentes, omiten los obstáculos interpuestos para investigar casos muy sonados, disfrazando el miedo ante cualquier debate público, la extendida provisionalidad de la Contralora General de la República o el deliberado engavetamiento del Proyecto de Ley de Anticorrupción, en una claro irrespeto a la juridicidad que, recordando una vieja acotación de Domingo Bacalao Octavio (“Fortalecimiento del Ejecutivo y la delegación legislativa”, Valencia, 1979),  desnaturaliza el Estado de Derecho, banalizando la Constitución y los principios generales del Derecho, a favor de la simplicidad legal.

Procurando – por último – sembrar la convicción de una oposición parlamentaria subastable, ha surgido el emblemático “Diputado 99” capaz del más deleznable acto mercenario que ha de interrogarnos sobre la misma naturaleza y manifiesta intención de los compradores, dándonos un indicio del descomunal esfuerzo ético que deberá caracterizar a una futura transición democrática. Y, así haya pasado el receso parlamentario, ocasión propicia para la celada de una sesión extraordinaria a convocar, buscando sorprendernos con un espectáculo que se convierte en el otro dato relevante, no constituye temeridad alguna pasearse por el escenario de un intento abnegado de reclutar a un traidor entre los parlamentarios suplentes de la oposición, asomadas dos o tres condiciones: la anónima representación de una entidad lejana, y la dificultad económica de viajar a la ciudad capital más  la arrogancia del diputado principal que no le dio ocasión para vincularse afectiva y políticamente con sus colegas y medios de comunicación social.

Pasaje inédito en nuestro historial republicano, la potestad legiferante ha dado oportunidad a un nuevo desenmascaramiento de las intenciones y pretensiones de un gobierno carente de autoridad moral que incurre, por lo demás, en la fantasía de unas propuestas como la del juez sin rostro o la policía secreta, que – sin dudas – agravarán el fenómeno. Sin embargo, destacando por la ausencia de un mínimo de habilidades hasta verbales, el más difícil bulto que pueden escurrir es el del costo político, pues, la torpeza no tiene límites.

@luisbarraganj