La participación  ha sido una consigna tan reiterada e internalizada en más de una década de desinhibida e incontrolada campaña propagandística y publicitaria del Estado, que nos creemos firme y fervorosamente partícipes de todos los procesos políticos así las realidades lo desmientan. Y – por si fuese poco – protagónicos, acercándonos más a lo que concibió Aníbal Nazoa como el “alma de la fiesta”, en una vieja obra humorística, que a la aceptación y reconocimiento de nuestros roles cívicos.

Huérfanos de todo control – por lo menos – parlamentario sobre el contenido y gasto de una larga e intensa campaña, la que ha dicho dotarnos de sentido, fundando una legitimidad, alcanzamos y solemos compartir una cierta patología social de la que todavía no conocemos sus límites. Mientras que no sea la propia, respecto al entorno familiar, aprendimos y asimilamos como normal la muerte violenta en las calles, partiendo de la “sensación de inseguridad” que diagnosticara y legara Chávez Frías para la tardía e inevitable explicación que dio en torno a un problema tan esencial, con descarado acento doctrinario.

Se dice de unos tales “poder popular”, “contraloría social” o “parlamentarismo de calle” que, debidamente controlados y financiados por la cúpula del poder central, y, por añadidura, sabiéndolos técnicamente delimitados,  constituyen una estafa política. Al desinstitucionalizar la participación (y la representación), la experiencia está destinada exclusivamente a los afectos o partidarios, pretendiendo la legitimación por una vasta clientela política a la que le facilita la supuesta supervisión de una industria tan compleja y exigente como la petrolera, o el espectáculo presencial en la Asamblea nacional que la ha declarado “pueblo legislador”, así sea ajeno a las propuestas que los convoca.

Puede decirse de una participación curiosamente desintegradora que observa en el más modesto disenso, una agresión y, en lugar de explicársela como una consecuencia de la lucha de clases, si fuere el caso del peculiar socialismo que vivimos, por una parte, apela a los desadaptados o disociados que merecen todo el odio, el rencor y el revanchismo de los que se han hecho acreedores; y, por otra, intuyéndonos en una economía y sociedad rentista,  peligrosamente araña y toca el etnocentrismo. Éste les concede la morbidez necesaria para evitar una explicación básica sobre el reemplazo suscitado en las clases dominantes, emergidas de esta otra etapa de la Venezuela Saudita, aunque – a la postre – no sepan de alguna sobre el fenómeno inmigratorio chino, incluyendo la sospecha que recae sobre un masivo negociado originado en las dependencias públicas, que pueda competir con la discursiva afrodescendiente y aborigen.

Precisamente, poco importan las explicaciones en torno al socialismo que ha de garantizarles el poder milenario, constante y sonante, sustituidas por una sobredosis de tensiones, hendiduras, resentimientos o resquemores, realmente participados. Un ensayo extraordinario, “El populismo quiliástico en Venezuela”, recogido en una compilación de Alfredo Ramos Jiménez sobre la transición venezolana (Mérida-Caracas, 2002), en el que Luis Madueño exploró la mentalidad orgiástica, sensualista o placentera que, al ubicarnos en un terreno francamente emotivo, donde sólo vale la creencia a ciegas en el régimen y sus portavoces, condenándonos a la prepolítica, nos permite concluir que la aludida campaña ha sido todo un programa de guerra psicológica que amerita de los especialistas  capaces de ayudarnos a una transición que va más allá del hecho político.

El caso del diputado Richard Mardo constituye un vivo ejemplo del ensañamiento que, alevoso y premeditado, nos dice concursar colectivamente sobre el sadismo que explica a los beneficiarios reales y minoritaritarios del socialismo que ha de durar demasiado, como para que en esta vida no deban responder por sus actos.  Poco importa la razón, las comprobadas falsificaciones de los hechos que aquél ha alegado, pues, la supervivencia los obliga o dice obligarlos al allanamiento y a prometerle una cárcel para delincuentes comunes, al igual que lo ofertan para otros líderes de la oposición.

Y tampoco importa acusar y denigrar de los demás, tildándolos de vende-patria, entreguistas y lacayistas, a pesar que – recientemente – Rafael Elino Martínez nos haya entregado un valioso testimonio sobre el intervencionismo castrista de los sesenta (Caracas, 2013), o – más atrás – Héctor Pérez Marcano y Antonio Sánchez hicieran lo propio con la llamada invasión por Machurucutu (Caracas, 2013).  Mientras tanto, el oficialismo calla al respecto, intentando reescribir sobre un pasado donde otros fueron los que enfermizamente los reprimieron.

El irresponsable despellejamiento moral del adversario, convertido en un prolongado espectáculo, se ha convertido en una necesidad para el régimen, deseándonos a todos partícipes del circo que, a falta de pan, sirve de una planificada diversión, entretenimiento o juerga que también mete miedo sobre nuestro personal destino, por humilde o módica que fuese la discrepancia. Las estadísticas lo dirán, la playita y el licor no pueden faltar para completar la faena, porque es el gobierno el que “rumbea” encima de los temores generalizados, forzándonos a sonreír – siempre – sobre la suerte ajena.

@luisbarraganj