Planteado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, el caso de Richard Mardo debe llamar poderosamente la atención, sobre todo porque – en nada desmentido por los indicios – es el primero

en la cola de las otras purgas que el oficialismo hará. De no ser por la intensa campaña que desarrolla en los medios convencionales y digitales, todos se harían la vista gorda, comenzando por sus propios colegas de bancada que, en lugar de jugar en equipo, ensayan constantemente aquello del sálvese quien pueda. De fácil constatación, rebotan los recursos de amparo interpuestos y, valga señalarlo, contrastante ha sido la actuación del Ministerio Público, plegado a los intereses partidistas del régimen, con la sola invocación de aquellos Fiscales como los fueron Escovar Salom,  Zerpa, Baduel, y Naranjo Ostty, entre  otros que cuidaron del justificado prestigio y la sobria trayectoria que los llevó a ocupar tan elevada posición. De modo que el el diputado aragüeño no es un dato secundario, por muy de acuerdo o no que estemos con su trabajo parlamentario.

El otro contraste es con los viejos allanamientos de la balbuciente democracia. Al leer los numerosos Diarios de Debate de la época, confrontándolos con la prensa opositora y gubernamental, llegamos a concluir que el asediado Betancourt tuvo una inmensa paciencia con los senadores y diputados comprometidos en la insurrección que, no sentimos complejo en calificarla, castro-comunista. Finalizando 1963, después del tristemente célebre atentado del tren de El Encanto, fue que decidió detener a los parlamentarios vinculados con la subversión. Pajareó bastante con el allanamiento a la inmunidad de Teodoro Petkoff por 1961, apresado finalmente al principiar 1962 por otro caso que lo comprometió. Pero es Carúpano el otro ejemplo del cual nos servimos, sobre todo porque hay un movimiento de investigación de la Asamblea Nacional, donde sus funcionarios hurgan en las hemerotecas de la ciudad capital ora para facilitar el discurso del PSUV a propósito de Mardo, ora para rendir un homenaje como suele estilar la enfebrecida nostalgia del diputado Fernando Soto.  Lo cierto es que agarraron con las manos en la masa, con el levantamiento de Carúpano en mayo de 1962, a Eloy Torres, nada más y nada menos que uniformado de grumete.  Al  diputado  del PCV lo hicieron preso por la evidentísima flagrancia, fue respetada su vida – por lo demás – conduciéndolo a una cárcel apropiada, la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados atendió pluralmente el caso y el debate se desplegó sin censura alguna para el efectivo levantamiento de la inmunidad.

Con toda seguridad, buscando la fuerza moral de la que carecen los señores parlamentarios del PSUV y del PCV, argüirán que los viejos allanamientos fueron tan radicalmente injustos, incumplieron con todos los requisitos formales y victimizaron de tal forma a los viejos camaradas, que el de Mardo ahora está sobradísimamente .justificado. Nada importa que Richard vaya a parar a una cárcel para los delincuentes comunes, como ya lo anunció el propio gobernador importado de Aragua; que lo juzguen con pruebas falsas, linchándolo moralmente; o que reboten olímpicamente los recursos de amparo que ha interpuesto. Como vemos, la salsa que es buena para el pavo, no lo es para la pava. Con todo, preocupa lo que podemos calificar como un ensayo sobre el pretendido allanamiento y una prueba para  la mismísima oposición.

En efecto,  el  artículo 200 de la Constitución de 1999 habla de la autorización previa de la Asamblea Nacional para levantar la inmunidad. No dice nada de una votación calificada y, como refieren los estudiosos, no cuenta con las precisiones del artículo equivalente de la Constitución de 1961. El artículo 25 del vigente Reglamento Interior y de Debates tampoco dice nada, por lo que solamente se  necesita de la mitad más uno de los parlamentarios presentes, verificado el quórum, para decidir. Se puede hablar del indebido proceso del cual fue objeto el araguaño o de la circunstancia evidente de que la Comisión Permanente de Contraloría no puede suplir a la Comisión Especial de la que hablan ambos artículos, pero no de una mayoría calificada si interpretamos literalmente el asunto. Pero cabe una interpretación hermenéutica, pues, una materia de tanta gravedad, no puede depender de la simplicidad de una mayoría, afectando la misión misma del cuerpo legislativo. Ahora bien, ¿cuál es el problema real? Digo que la oposición. Antes,  cuando pasaron el video de la ridícula acusación por agresión a una periodista por Mardo, éste (cuando le tocó hablar) sudó frío porque más de la mitad de la bancada de la MUD se había marchado dejándolo solo solito solo. Pudieron allanarle, violentando la normativa, pero supieron que aterrorizaron a medio mundo. Esta semana o cuando se les antojen, harán el doble ensayo: medir la  solidaridad efectiva de sus colegas de bancada y empinarse contra María Corina Machado y el que se atraviese para allanarlos antes que avancen las elecciones municipales. Así de simple.


Fotografía interior: Mora (El Nacional, Caracas, 19/06/62). La Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados solicita el expediente a los tribunales penales para considerar el allanamiento del diputado Eloy Torres.