Pocas veces reparamos en las otras urgencias, quedando la consulta del psicólogo o el psiquiatra como una necesidad – por definición – aplazable. Quizá el confesionario católico, como antes, todavía contribuya al consejo íntimo y oportuno, el que tiene menos de teología y más de la sensatez de una voz amiga, o la creciente demanda de los brujos urbanos de la “nueva era”, los que actualizan la tabaqueada y echadura de las cartas españolas de la casi derrotada estirpe rural, compense o diga compensar los encarecidos servicios de aquéllos especialistas.

En un país de estadísticas tan revueltas, susceptibles de la versión interesada del gobierno, cuando se las conoce, priva la sospecha de los deficitarios y abrumados servicios públicos que tampoco logran sustituir los privados,  elevados cada vez más los costos de prestación, por lo que tiende a consolidarse la presunción de nuestra inmunidad a toda suerte de crisis, tensiones y desórdenes mentales. Sospechando de algún extravío o enfermedad, impotentes, preferimos postergar el diagnóstico y tratamiento, acaso, amparados por la no menos presunta normalidad de los numerosos mendigos que deambulan por la calle, padeciendo algo más que de alcoholismo, o convencidos de la prioritaria tarea de sobrevivir literalmente a la delincuencia o al desempleo, creyendo administrar solitariamente sus  silenciosas y peligrosas secuelas.

Acudir a la consulta de un especialista, por lo menos, para inventariar distracciones, complejos y fobias, parece un acto audaz.  Empero, revelando la otra faceta del problema, el más acusado temor es el de la revelación del secreto profesional, pues, aunque penalmente protegido, nunca estimamos suficientes las garantías para resguardarlo.

Por más que se sepa de nosotros en las redes sociales, no confiamos en el fichaje artesanal o electrónico que nos perfile con una precisión a la que aún no llega el delincuente digital. Involuntariamente, puede deslizarse la data al circuito público, e – incluso – quedar las calles regadas por los formularios cuando los hurgadores nocturnos destrocen las bolsas de basura, en el caso de un descuidado proceso de cierre o de mudanza del consultorio.

La especulación resulta válida, admitidos nuestros recelos personales, pero definitivamente angustiosa al sabernos en el contexto de un autoritarismo compulsivo. No existe confidencialidad alguna en los regímenes de vocación totalitaria en cuya defensa,  exceptuando a sus directos custodios y beneficiarios, predica y apela a la más absoluta legitimidad de las  pesquisas, persecuciones y estigmatizaciones.

Seguramente diligenciado, sentimos que a  los servicios de inteligencia del Estado únicamente les falta escudriñar la intimidad psicológica o psiquiátrica (forense) de los opositores, aspirando a un  macabro perfeccionamiento que solamente los años de experiencia y el inmovilismo de las instituciones pueden proveer, como ha ocurrido y ocurre en otras partes del mundo. Recordemos, la disidencia política se hizo un problema mental en la república soviética y casos, como el de Andréi Sájarov, tienen por inmensa ventaja el olvido.

De modo que la búsqueda y administración de la información de naturaleza personalísima, constituiría o constituye un propósito que ha de guardar correspondencia con graves denuncias, como la de una recurrente tentativa de magnicidio.  E, imaginándola, la resistencia de un dirigente político a la consulta con cualquier especialista, no tendría nada de demencial, porque no tratamos – precisamente -  del afán coleccionista de un burócrata del registro civil como lo retratara José Saramago,  en “Todos los nombres”, ni del severísimo divertimento de las películas de Woody Allen.

Ojalá distante, dibujamos una cierta etapa sajaroviana, por llamarla de alguna manera, faltante. Probablemente, para afrontarla, el mejor consejo sea el de un personaje de “La cabeza de la hidra” de Carlos Fuentes: el secreto mejor guardado es el que se hace público.


@luisbarraganj