La crisis venezolana evoluciona rápidamente hacia un violento conflicto político y social. En nuestro país existe una dictadura ejercida por un partido del Estado con clara vocación totalitaria, apoyado en la cúpula de la fuerza armada, y tutelada por el gobierno comunista de Cuba. Igualmente un tinglado de corrupción y narco- delincuencia apuntala al proyecto socialista del siglo XXI. El poder petrolero ha sido la herramienta para legitimar internacionalmente al actual régimen. Para ello se construyó un gigantesco mito, que hoy comienza a disiparse, según el cual la  redención popular llegó a nuestra nación, y desde aquí reeditando la gesta independentista del siglo XIX, se extendió al resto del continente implantando gobiernos similares en naciones hermanas. La chequera revolucionaria se encargó de alimentar esta estafa. Y en una triste muestra de debilidad política, ética e ideológica algunos presidentes y líderes democráticos del continente le han otorgado  validez.

Luego de catorce años de nociva existencia, el régimen se encuentra ante su más terrible prueba. La desaparición de su líder debilitó las bases de un proyecto edificado en torno al caudillo único. Recuerden que siempre se dijo: con él todo, y sin él nada. Es así como, a pesar de la millonaria e intensa campaña, que convirtió los funerales presidenciales en necrofílico proselitismo, los votos de centenares de miles de antiguos seguidores del proceso se desplazaron a favor del abanderado de la oposición. Sólo la fraudulenta maraña tejida en el CNE pudo robarse su victoria. Para sentar un precedente necesario se solicitó la auditoría integral del proceso, se impugnó la elección ante el TSJ, y por primera vez en enérgico cambio de actitud, la oposición desenmascaró nacional e internacionalmente el fraudulento sistema electoral. Las ollas populares con su indignado repicar se encargaron de remarcar la ilegitimidad de quienes hoy despachan desde Miraflores.

El colapso de la economía con la inflación y la escasez como nefastas consecuencias; la represión contra las protestas; el cerco a las libertades públicas; la militarización del país; el golpe de estado parlamentario; el desastre de los servicios públicos; los negociados impunes; la terrible lucha interna de las facciones oficialistas, civiles y militares; los graves vicios de origen y desempeño de quienes se encuentran en el poder, unidos a la incapacidad para entender la dimensión de la crisis, son algunos de los múltiples factores que sepultan la gobernabilidad democrática en Venezuela. Los resultados de la elección presidencial así lo demuestran.

Conscientes del turbulento futuro que se aproxima, el gobierno se dispone a cerrar los escasos espacios de libertad que aun existen. De manera abierta y sin tapujos se llama a Miraflores a los dueños de las televisoras para imponer las normas que deben regir el contenido de sus programaciones. Se activan las medidas judiciales que permitan cerrar el cerco contra los parlamentarios, gobernadores, y sectores de oposición. Mientras tanto se aparenta el diálogo con los empresarios, tan sólo para detener la ira colectiva que pueda surgir ante la escasez y el alza de los precios. En fin, se termina de construir el molde en el que se pretende aprisionar de manera definitiva a la sociedad venezolana.

El cuadro político, económico y social al que nos referimos, llevó al liderazgo democrático a denunciar la ilegitimidad del régimen. Este paso al asumirse adquiere un carácter irreversible, pues se enfrenta a las instituciones fundamentales del Estado, en la convicción de que ellas perdieron su verdadera naturaleza y por tanto deben ser sustituidas. Cuando un sistema es rechazado por la conciencia colectiva de un país  no puede seguir existiendo. Cuando los gobernantes son espurios, no se puede negociar su permanencia en el poder, y mucho menos darle soporte a una estabilidad reñida con el origen y desempeño de la democracia. La Asamblea Constituyente es una alternativa prevista en la  Constitución Bolivariana para superar de manera pacífica y legal el más grave conflicto que la República haya vivido en los últimos años de su historia. En la oposición hay pueblo y liderazgo para transitar con éxito este camino. Para todos, gobierno y oposición, recordemos que el 347 de la Constitución establece que el pueblo es el poder constituyente originario, y  que en el 348 dice que el 15 por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral tienen, sin ningún otro requisito, la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente. Ese es el camino. El único camino.

(*) Diputado al Congreso de la República (1978-1993). Embajador de Venezuela en Chile y Guatemala (1992-1998).