Durante la reciente y brevísima campaña electoral, Nicolás Maduro prometió o anunció la creación de una suerte de servicio secreto para solventar el problema de la corrupción.   Significa el inevitable reconocimiento del problema y del correlativo fracaso de los organismos policiales, que – paradójicamente – lo convierten en un iluminado, como si fuese extraño a un gobierno que lleva catorce años continuos.

La sola victoria del llamado chavismo en 1998, dijo liquidar un fenómeno que se creyó exclusivo de los elencos políticos derrotados.  Y, frente a otros problemas urgentes, la corrupción ha perdido hoy el calibre político que un día ostentó para zanjar nuestras diferencias, trastocada en nefasta cultura de sus inadvertidas perfecciones.

Los organismos especializados, no logran averiguar suficientemente los hechos y perseguir a sus beneficiarios, como ya no evitan – nada más y nada menos - el alto índice de homicidios.  Varias veces reorganizados, levantan las naturales sospechas de una insólita complicidad, que se une a varias circunstancias: entre otras, es el Estado el que dispuso de más de un billón de dólares acumulados por estos años, monopolizados los ingresos petroleros;  es el gobierno el que no permite una comisión parlamentaria de contraloría, en manos de la oposición; es el partido oficialista el que celebra y aprueba complaciente, las infaltables solicitudes de créditos adicionales de más difícil control, bloqueando todas las investigaciones, por más evidentes que se hagan las toneladas putrefactas de alimentos.

¿Maduro creará el organismo correspondiente, o asignará las tareas confidenciales que un día, por ejemplo, si mal no recordamos, ocupó a Eliezer Otaiza? ¿Qué impidió la continuidad de las indagaciones reservadas que también adelantan los servicios públicos (SIC)? ¿La pretensión es la de emplear un recurso extraordinario que, permisiva e inconstitucionalmente,  invada la privacidad de las personas y falte al debido proceso y al derecho a la defensa en toda circunstancia y lugar? ¿Por qué no incurre en la audacia de entregar la Contraloría General de la República y la misma Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a los sectores democráticos de la oposición? ¿Por qué empeñarse en rebajar al máximo o esconder el costo político de un fenómeno que no ha generado la mayoría del pueblo venezolano, pues, sencillamente no goza de un empleo estable en la alta o mediana burocracia? ¿Acaso la multiplicación de los fondos y bancos que no entran en el circuito presupuestario estudiado y sancionado por el parlamento, poco o nada abonan al problemario? ¿Qué sectores de la sociedad rentista, colmados de vanidad, tienden a blasonar un alto nivel de vida, caracterizados por el lujo de sus residencias, medios de transportes y hasta la sonoridad de una tos persistente que los más exclusivos médicos foráneos y del patio no logran aliviar?

Después de concentrar el poder como pocas veces ha ocurrido en nuestro historial republicano, y quizá por ello, la corrupción sigue tan campante y – es válida la sospecha – apenas exhibe la punta de un iceberg que mantiene distante a la prensa.  Un servicio secreto, sin control parlamentario alguno, dependiente de la inicial preocupación y segura e interesada descomposición de los fines ideados por la jefatura ejecutiva, servirá para la prioritaria persecución política y hasta la invención de delitos donde no los hay, formalizando la sociedad de delatores y aproximándonos al rol que jugaron en la Europa del Este, por decir lo menos.

Presumimos que todo gobierno emprende tareas confidenciales que le ayudan a ensayar los más urgentes correctivos, pero – sistematizándolas y consagrándolas – nos familiarizan demasiado con aquellas dictaduras que, como la de Juan Vicente Gómez, a guisa de ilustración, las emplearon para arrodillar a sus oponentes y, lo que es peor, chantajearlos. Y, todo, bajo la amable y distendida escenografía de sus más sobrios actos de Estado.


@luisbarraganj