Parece obvia toda flexibilización constitucional que ayude a sortear las dificultades de una coyuntura imprevista, pero luce extremadamente contraproducente violentar, incluso, principios y valores que aseguran una mínima convivencia social. El oficialismo suele apegarse a una literal, aislada y directa interpretación del articulado, torciendo a conveniencia los supuestos normativos.

Además, aventajado por la frecuente mudez del constituyente en lo que fue un desesperado proceso de simulación del debate hacia 1999, carece de todo pudor hermenéutico. Por ello, pretendidamente kelsenianos, los intérpretes gubernamentales muy bien están representados en una humorada reciente y reveladora: la Constitución no dice que para ser y ejercer la presidencia de la República,  hay que estar … vivo.

El problema que tan innecesariamente atravesamos, luego de los consabidos resultados electorales,  era de una solución de sorprendente sencillez: la encargaduría de Maduro. Empero, ha sido otro el camino  tomado, generando un cortocircuito institucional pretextado por la supuesta lealtad hacia Chávez Frías, convertida en una patología.

Faltando poco, surge un decreto que convierte inmoralmente en canciller a Jaua y, naturalmente cuestionado tamaño dislate al que ni Gómez se atrevió en el curso de su implacable dictadura, fuerza al gobierno nacional a emplear más a fondo su falaz maquinaria propagandística para intentar desconocer lo que es demasiado evidente, ridiculizándose. Y es que, con dos siglos de vida republicana,  parece mentira que llegásemos a una situación de la que es responsable el elector de 1998, quien dio el inicial empujón electoral a esta tragedia que repetimos incansablemente como una farsa.

Acotemos, por una parte, ocurrida la muerte indeseable (SIC) de Chávez Frías, como el oficialismo mismo la ha anunciado de una forma u otra, será tal la algarabía fúnebre y tan demoledor el prolongado impacto del ceremonial de Estado, que el futuro candidato presidencial de la oposición arrancará con una desventaja inconmensurable. Luego, garantizada la estrategia electoral del oficialismo por sus acostumbrados abusos, el horizonte parece promisorio, ya que – además – dispondrá de seis meses que pueden extenderse bajo cualquier justificación técnica, sin necesidad de imponer un Estado de Excepción.

Por otra, consecuente con el relato religioso nada subestimable, en el que ha insistido casi peregrinamente Oscar Schemel, tampoco debemos descartar la triunfal resurrección de Chávez Frías. Obviamente, el regreso de una persona físicamente intacta, sin huellas notables de la enfermedad que lo hizo un  mago de las suspicacias en la campaña presidencial,  nos pondría frente a un dramático, inédito y gigantesco caso de estafa política.

Finalmente,  tenemos la impresión personal que, al versar  sobre el nombramiento de Jaua, el ministro Villegas cumplió una  instrucción desconociendo los pormenores y el decreto mismo. Es decir, en las altas esferas gubernamentales,  solo un reducidísimo grupo de personas conoce lo que realmente ocurre, forzando al resto a una suerte de sorteo de la  información que le permita – por lo menos – intentar  sobrevivir a ese oleaje burocrático y político que, por alguna imprudencia, pueda hacerse tsunami.

El más desavisado ejercicio lógico apunta, en consecuencia, a una pregunta estelar: ¿a quién beneficia tanta temeridad? Por lo pronto, a los intereses convertidos en razón de Estado para Cuba, y a Maduro que lucha – obligado al florete – con Cabello, víctima de un golpe preventivo de Estado: una torpeza que pagamos justos y pecadores.


@luisbarraganj