Para el 1ero de Septiembre anuncia el Presidente su tercer aumento de salario mínimo en el año 2016 y en sus 3 años de gobierno es el décimo tercer aumento

decretado en su administración. En enero del 2016 el salario mínimo estaba en Bs. 9649 y la cesta ticket para los trabajadores en Bs. 6750. La cesta ticket es un derecho con el que no cuenta los pensionados y jubilados, derecho que el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (¿In?) le han negado, a pesar de ser aprobado por la actual Asamblea Nacional. Si llevamos el salario mínimo de enero ajustando el poder de compra por inflación esperada este no debería ser menor a Bs 67.543 y la cesta ticket correspondiente no debería ser menor a Bs 127.089, con lo cual el salario integral mínimo no debería ser menor a Bs. 194.632.

En cuanto el aumento en sí del salario mínimo, es una potestad que tiene el sector público de establecer para los sectores socialmente débiles que, en las economías normales representan menos del 10% de la población, pero en el caso de Venezuela hoy reciben más del 40% de la población del país. Lo cual manifiesta una política perversa de ingresos a la cual han sometidos a todos los trabajadores del país. Aclaremos la afirmación anterior. En el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, en uno de sus apartados señalaba: “Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, de sus estructuras jerárquicas y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riquezas subordinadas a la reproducción del capital”. En este enunciado se formula un divorcio total entre la productividad y la remuneración.

El generalizar el salario mínimo tiene como objetivo para el gobierno (entre otros), de aplanar la escala de ingresos con el fin de reducir el coeficiente de Gini, que es un indicador de desigualdad utilizado mundialmente, el reducir el crecimiento de los salarios de los profesionales y aumentar consistentemente el salario mínimo, convirtiéndolo en la regla general de ingresos, cuando debe ser la excepción. El gobierno lo usa con fines propagandista ya que pretende mostrar, el en escenario internacional, que Venezuela es un país igualitario (pero hacia abajo).

En las ciencias sociales existen dos postulados que se vinculan con la perversión en la distorsión de la información haciendo que ciertos indicadores no provean la información requerida por su manipulación. Estos son la Ley de Goodhart y la Ley de Campbell:

•             La ley de Goodhart: Cuando un indicador socioeconómico u otra medida sustituta se convierte en el objetivo de políticas socioeconómicas, pierde el contenido informativo que podía cualificarla para jugar ese papel.

•             Ley de Campbell: Cuanto más utilizado sea un determinado indicador social cuantitativo para la toma de decisiones, mayor será la presión a la que estará sujeto y más probable será que corrompa y distorsione los procesos sociales que, se supone, debería monitorear.

El hecho es que la distribución factorial en Venezuela ha sido muy regresiva y eso no se ve por el índice de Gini, sino por el pago factorial de ingresos, en los últimos 16 años la remuneración al capital ha crecido por encima de la remuneración al trabajo y se incrementó a raíz de la estatización de los sectores productivos de la economía. En los años 90 el pago factorial al trabajo era superior al pago del capital y hoy el pago factorial al capital es dos veces mayor que el pago factorial al trabajo. En otras palabras, el principal capitalista del país es el gobierno mismo y ha utilizado todos los mecanismos del poder para favorecer su remuneración en contra de los trabajadores y del sector empresarial privado.

El uso sistemático de los aumentos del salario mínimo, sin correspondencia con la productividad y en un escenario inflacionario creciente con una caída en el crecimiento, es una pequeña curita que no resuelve el cáncer económico de la inflación y la escasez.  Su resultado es una distorsión de los precios claves de la economía y una regresiva distribución del ingreso.

El aumento además de ser insuficiente es desigual en el sector público por cuanto sólo las FANB reciben un aumento general y lineal en toda sus escalas salariales de un 50% pero el resto del sector público no. ¿A qué se debe dicha diferenciación? Pues simple, el presidente les tira un bozal de arepa para que no lo saquen del poder. Lamentable sombra de una FANB que ha devenido en el sostén de un gobierno incapaz, triste papel de quien se dice heredo de un ejército de libertadores.

Los trece ajustes salariales es sólo un reconocimiento implícito del fracaso del  modelo económico y político que se ha querido implantar en el país, ese modelo que quiere imponer el trabajo esclavista con el decreto 9855 del 22 de julio del 2016 en la Gaceta Oficial 40950.  Ese modelo que hasta la misma Cuba está huyendo y va camino a ser socio de los Estados Unidos, porque ya los servicios financieros del gobierno del PSUV no les alcanzan y los Castro (quienes son chulos pero no tontos), saben que el gobierno actual tiene sus días contados.

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(*): Jefe de Cátedra de Macroeconomía. Profesor Agregado, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida.