El último intento del gobierno por atajar el caos económico que ellos mismos generaron se denomina Ley de Costos y Precios Justos. Se trata de una iniciativa que deja al descubierto dos grandes verdades: la economía venezolana está muy mal y quienes nos gobiernan no tienen ni idea de cómo solucionarlo.

Los altos funcionarios de turno padecen de dos males que, por separado son capaces de destruir la economía más próspera; pero si los juntamos, es como comprarse todos los números para la rifa del fracaso: querer imponer el mal llamado socialismo y gobernar con criterios militaristas.

Para comenzar, la actual administración se apega con terquedad a preceptos ya superados de la antigua izquierda del siglo XX. Era una ambición de aquellos líderes someter los movimientos de las economías de sus respectivas naciones a sus arbitrios y caprichos.

Con dolor, miseria y ruina, el mundo ha ido aprendiendo que eso es imposible. Que los procesos económicos tienen ciertas leyes inquebrantables y que pretender pasar por encima de ellas es generar hambre y fracaso. Pero aún hay gobernantes que siguen empeñados en esperar que, a una orden suya, el Sol salga por el oeste.

Después está el militarismo extrapolado al Poder Ejecutivo: todo se resuelve con una orden. La verticalidad de la institución militar es necesaria para su funcionamiento; pero fuera de la misma es contraproducente. La inflación no baja con una orden y se ha demostrado hasta la saciedad en miles de experimentos similares a la ley que hoy nos ocupa, a lo largo y ancho del planeta. Pretender controlar los precios como un ejercicio de voluntad es la mejor manera de que suban.

El Gobierno que se autodefine como una democracia participativa y protagónica, vuelve a dejar de lado una vez más a los grupos interesados e involucrados en el delicado tema inflacionario. Se ordena desde el poder, sin consultar a los sectores productivos, sin establecer un diálogo, sin buscar un consenso. Se desconoce y se irrespeta su realidad, la cual no es otra que la dificultad cada vez mayor de producir en el país y un esquema cambiario que no es sincero, que se empeña en mantener una tasa ficticia que lave un poco la cara a la pésima administración que tenemos y que distorsione aún más una realidad que está confiscando la calidad de vida de los venezolanos.

Las consecuencias las saben quienes han hecho seguimiento a iniciativas anteriores: si se le dice a un empresario que tiene que vender su mercancía por debajo del costo de producción, se le está condenando a la quiebra. No puede vender en 5 bolívares algo que le ha costado 7 bolívares producir.

Aunado todo esto a la ola de invasiones, confiscaciones y expropiaciones, podemos temer con absoluta certeza el advenimiento de un panorama sombrío para Venezuela en los próximos meses. No es solamente que se detenga la maquinaria productiva que nos aporta bienes y servicios: es el hecho de que, una vez detenida, cuesta mucho volver a hacer que funcione.

La ignorancia y la terquedad nos siguen costando muy caras. Ese es el verdadero alto costo que pagamos todos. Siguen provocando la ausencia de alimentos en los estantes de supermercados y abastos, siguen disparando a las nubes los que se consiguen. Y siguen atentando contra la presencia a futuro de los que hoy tenemos. El llamado a la rectificación es necesario y urgente, aunque creemos que no será atendido.

Presidente del Concejo Municipal de Baruta
@DavidUzcategui