La libertad condicional otorgada a Alejandro Peña Esclusa y a Lázaro Forero, presos políticos gravemente enfermos por la saña del Estado represor, es un hecho positivo para ellos, sus familias y el conjunto de la sociedad venezolana.

Pero se trata de un primer paso en el marco general del drama inadmisible de los presos, perseguidos y exiliados venezolanos por motivos políticos.

Y es que el escándalo de los presos políticos enfermos supone la existencia de un escándalo previo y de mayor alcance: el que en esta Venezuela del siglo XXI hayan decenas de presos políticos, centenas de acosados políticos y una gran cantidad de desterrados por esas mismas causas.

Al respecto debe recordarse que cuando el señor Chávez empezó su primer gobierno, hace casi 13 años, en nuestro país no habían presos políticos, ni ciudadanos perseguidos por el Estado en razón de sus ideas o actuaciones políticas, ni tampoco compatriotas en el exilio por ese tipo de motivaciones.

De entonces para acá, y a pesar de los avances de la Constitución de 1999 en materia de ampliación y protección de los derechos humanos, la realidad se ha deteriorado de tal manera que hoy en día el Estado nacional tiene la ominosa reputación de ser uno de los más transgresores de las garantías políticas, en toda América Latina.

Y semejante regresión ha ocurrido por la transmutación del Estado democrático en un despotismo habilidoso que, en el nombre de la "ley", discrimina, encarcela, persigue y exilia a voluntad y discreción de sus intereses políticos.

La tragedia que vive, por ejemplo, la jueza Afiuni, o los comisarios Simonovis y Vivas, entre tantos otros, es absolutamente incompatible con el sistema jurídico que tiene vigencia formal en nuestro país.

Como también lo es el estado de indefensión a los que son sometidas las víctimas de la persecución selectiva de la llamada revolución bolivarista, entre quienes se encuentra un numeroso contingente de expatriados.

De allí que las medidas de beneficio judicial que se han adoptado, por "exhorto presidencial" no faltaba más, si bien contribuyen a aliviar el oneroso peso de la represión oficial, todavía distan mucho de subsanar el quebrantamiento masivo de derechos políticos que caracteriza el proceder del Estado "revolucionario".

La propuesta de una amplia amnistía, sin duda una aspiración justa, legítima y acorde con la tradición venezolana, no parece figurar en la agenda estatal, acaso más pendiente de aprovechar su poder para facilitar su continuismo, que de cualquier otra consideración por más constitucional que sea.

En suma, el tema humanitario y urgente de los presos políticos enfermos tiene que valorarse y denunciarse, sin perder de vista el contexto general de esa enfermedad que sigue golpeando duramente la precaria salud política de los venezolanos.

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