La valiente iniciativa del alcalde Antonio Ledezma de declararse en huelga de hambre como mecanismo de presión para reivindicar los derechos laborales de los empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, es un instrumento legítimo y idóneo de lucha política frente al régimen de Chávez o la neo-dictadura bolivarista.

Si el gobierno de Venezuela fuera elementalmente democrático y existiera, por tanto, separación de poderes, serían los tribunales de justicia las instancias naturales para denunciar las tropelías de las autoridades públicas, y hacer valer los reclamos de la ciudadanía. En ese caso, el segundo funcionario electo de mayor jerarquía gubernativa del país, el Alcalde Mayor de la capital, no tendría que recurrir al extremo de una huelga radical para defender su derecho a gobernar.

Pero lo que se le viene imponiendo a la nación venezolana es una dictadura disfrazada que manipula las formas de la democracia para tratar de disimular su verdadera faz. Por ello, debe afirmarse que la neo-dictadura es una adaptación "viral" de la dictadura convencional al sistema inmunológico democrático. Y también por ello se hace necesario acertar en su identificación a fin de calibrar debidamente las estrategias indispensables para superarla.

El alcalde Ledezma ha dado muchas demostraciones de entender la naturaleza neo-dictatorial del proyecto de dominación que lidera el presidente Chávez. Tanto de palabra como de acción. Entre otras razones, por que la alcaldía a su cargo ha sido objeto de un verdadero despojo seudo-institucional, en el que han intervenido distintos "poderes públicos" o, más bien, las agencias parlamentarias y judiciales de Miraflores.

A una neo-dictadura no se la puede enfrentar sólo con las tareas propias del escenario electoral. Y más todavía cuando ni siquiera se conoce a ciencia cierta la fecha de las próximas elecciones. La preparación y participación en los comicios es una vía fundamental que debe recorrerse con entusiasmo, en especial por los partidos políticos, pero limitarse a ello sería tan erróneo como calificar de democrático al Gobierno nacional.

Se justifican, por tanto, otros recursos cívicos y políticos como los hechos de presión, la movilización de la opinión pública, la denuncia internacional, y la articulación de la protesta social con las aspiraciones de cambio político. La Constitución de 1999, por lo demás, reconoce, consagra y hasta exige el derecho a la rebeldía democrática.

En ese sentido, el alcalde Ledezma acaba de dar un ejemplo personal de indiscutible eficacia, ya que no sólo logró el cometido inmediato de orden laboral, sino que contribuyó a amalgamar en una misma causa a esa vasta base social que no se siente representada por el oficialismo rojo. Un paso importante en el camino de unidad para que Venezuela se defienda de la neo-dictadura.