Biden al llegar al gobierno en el 2021, una de sus primeras acciones fue dar licencias de comercio a Venezuela.

Desde el año 2021 hasta el 2024, la administración de Biden ha emitido varias licencias comerciales para permitir operaciones limitadas en Venezuela, especialmente en el sector petrolero. Aquí hay algunos ejemplos (https://shre.ink/gcjS ):

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias que permiten a empresas petroleras estadounidenses como Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International realizar operaciones específicas en Venezuela. En noviembre de 2024, la administración Biden renovó licencias para estas empresas, permitiéndoles continuar sus operaciones hasta mayo de 2025.

CHEVRON ha recibido licencias para operar en Venezuela, permitiéndole realizar transacciones necesarias para el mantenimiento de operaciones esenciales. Es conocida la relación que ha tenido la empresa con la cúpula política del partido demócrata. En el ciclo electoral de 2020, CHEVRON aumentó sus donaciones a candidatos demócratas, destinando aproximadamente el 28% de sus fondos (https://shre.ink/gcKu). Además, CHEVRON ha sido un importante cliente de lobby en Washington, gastando millones de dólares en actividades de cabildeo para influir en la legislación y las políticas que afectan a la industria energética (https://shre.ink/gcK3 ).

Estas licencias reflejan un enfoque cauteloso para equilibrar las sanciones con intereses económicos de los USA para contener los precios del petróleo, especialmente en una contienda electoral contra Trump, y mejorar las condiciones económicas internas en Venezuela.

Aunque la administración de Biden, ha levantado algunas sanciones a Venezuela, especialmente en el sector petrolero, también ha impuesto nuevas sanciones a individuos y funcionarios del gobierno de Maduro debido a preocupaciones sobre derechos humanos y procesos electorales. Por ejemplo, en noviembre de 2024, la administración Biden impuso sanciones a 21 funcionarios venezolanos por su papel en la represión de protestas y fraude electoral.

El gobierno de Maduro hizo varias promesas al gobierno de Biden a cambio de las licencias comerciales. Entre las más destacadas se encuentran:

Elecciones Libres: Maduro se comprometió a permitir la celebración de elecciones libres, competitivas y con observadores internacionales, ninguna de estos compromisos los cumplió Maduro (https://shre.ink/gcuf).

Mejoras en Derechos Humanos: Se acordó trabajar en la mejora de las condiciones de derechos humanos en el país. Es un hecho público lo que paso después del 28J, donde más de 2000 personas fueron detenidos por el delito de actuar como testigos en las mesas electorales y recabar las actas, entre ellos se encuentra unos 50 menores de edad, siendo sometidos a instancias militares violando los acuerdos (https://shre.ink/gcuf ).

Compromiso con el Acuerdo de Barbados: Este acuerdo trazaba los mínimos para unas elecciones libres y con garantías, aunque hubo incumplimientos en algunas condiciones al impedir que la candidata elegida no pudiera participar, hecho conocido por todos.

Adicionalmente el gobierno americano les entrego dos personas condenadas por la justicia de USA, como fue al caso de los sobrinos Flores y Alex Saab. en octubre de 2022. El presidente Joe Biden liberó a los sobrinos de Nicolás Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, a cambio de la liberación de siete estadounidenses encarcelados en Venezuela (https://shre.ink/gcu9). En diciembre de 2023, Alex Saab, un aliado cercano de Maduro, también fue liberado por Estados Unidos a cambio de 36 presos en Venezuela, incluidos 12 ciudadanos estadounidenses (https://shre.ink/gcKY)

Estas promesas fueron parte de los acuerdos para flexibilizar las sanciones y permitir operaciones limitadas de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela.

Las sanciones dirigidas a individuos por violaciones de derechos humanos y corrupción pueden tener efectos indirectos en el acceso al mercado financiero para los ciudadanos que no han cometido delitos. Las sanciones individuales que han estado enfocadas en personas específicas, han tenido repercusiones en la estabilidad económica y en las instituciones financieras ya pueden tener un efecto dominó que impacta a la población en general. Sobre todo, si ocurre una patrimonialización de las instituciones publicas como le describe Octavio Paz en el Ogro filantrópico[1].

En teoría, las sanciones están diseñadas para afectar a individuos específicos responsables de violaciones de derechos humanos o corrupción. Sin embargo, en la práctica, los efectos pueden extenderse a la economía y, por ende, a los ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en esos delitos.

Por otro lado, Maduro ha respondido a las sanciones individuales con reconocimientos públicos y promociones a los funcionarios que han salido en las listas de los sancionados, siendo esto una señal negativa en el resto del mundo. Después del 28 de julio de 2024, el gobierno de Maduro tomó varias acciones significativas. Maduro rompió relaciones con siete países de la región que rechazaron los resultados electorales, incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay (https://shre.ink/gcK8 ). Hubo protestas masivas en todo el país en respuesta a los resultados electorales, y el gobierno intensificó la represión contra los manifestantes (https://shre.ink/gcKI ). Maduro, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral, se autoproclamó presidente, a pesar de las acusaciones de fraude electoral (https://shre.ink/gcKs )

Los individuos sancionados, que ocupan cargos clave en el gobierno, pueden tomar decisiones que afecten a la economía y, por lo tanto, a toda la población. Por ejemplo, si un funcionario corrupto que violó los derechos humanos, es sancionado, este puede decidir el redirigir los recursos que administra para protegerse, esto puede impactar negativamente en la distribución de recursos para servicios públicos como educación, salud, pensiones, obras públicas, entre otros.

También las sanciones a individuos clave pueden afectar la confianza de los inversionistas y de los mercados financieros en la estabilidad económica del país. Esto puede llevar a una reducción de inversiones y un aumento en la dificultad para acceder a financiamiento.

Las sanciones a estos individuos pueden contribuir a un aislamiento económico que afecta las importaciones y exportaciones, haciendo que los bienes y servicios sean más caros y menos accesibles para la población en general.

El escenario planteado en Venezuela, es complejo si Maduro continua en el poder, ya que puede repercutir negativamente en el 2025. Tanto en términos de crecimiento que puede ser significativamente menor al del 2024 (incluso negativo), la inflación seguirá siendo alta y de dos dígitos. Si Maduro (y compañía) continúa en el poder en 2025, se espera que las relaciones comerciales de Venezuela sigan siendo limitadas. Las sanciones internacionales y la falta de confianza de los inversores pueden continuar afectando negativamente las oportunidades comerciales del país.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación del gobierno de Maduro podría enfrentar varios desafíos significativos. Trump ha sido conocido por su política de "máxima presión" hacia Venezuela, lo que podría significar un endurecimiento de las sanciones económicas y financieras. La relación entre Estados Unidos y Venezuela podría volverse más tensa, especialmente si Trump decide no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro. Es probable que Trump continúe apoyando a la oposición venezolana, lo que podría aumentar la presión interna sobre el gobierno de Maduro.

¿Si hay un cambio de gobierno aceptado legitimante qué se podría esperar?

Eso lo exploraremos en una próxima oportunidad.

Notas