Qué difícil ha sido para el régimen político actual, entender y atender la democracia.

Pero no la democracia que resuena a través de la formalidad del discurso. Tampoco, mediante elecciones que finalmente se convierten en actos de precaria repercusión pues la coacción inducida desde posiciones de poder político merman sus posibles efectos. 

Esa praxis no interpreta los sentimientos que alientan la democracia en toda su dimensión. Sencillamente, debe admitirse y reconocerse que quienes ejercen cargos de responsabilidad político–gubernamental (Véase el caso Venezuela), han tergiversado el concepto de democracia. Han pretendido demostrar que la democracia tiene otra connotación. Naturalmente, sus realidades deben responder a los intereses particulares del proyecto ideológico de gobierno. Por supuesto, sin que medie otra consideración distinta de la que determina la intención de determinar todo según la voluntad de una única persona, De una sola apreciación que busca imponerse a toda condición por encima de cualquier circunstancia.

Es lo que la teoría política denomina “autoritarismo”. Es decir, una fuerza convertida en poder político que busca dirigir sus energías a arroyar toda acción que pueda contrarrestar la autoridad legítima. 

El caso Venezuela es un indigno ejemplo de “autoritarismo”. Tan repugnante realidad, divulgada nacional e internacionalmente mediante imágenes que promocionan hechos de presunta democracia, ponen en claro lo que oculta la gestión política. Sobre todo, cuando es harto conocido que cada evento publicitado mediante propuestas de mercadeo político–gubernamental, son meros remedos de lo que el discurso del régimen falsamente exalta.

Las decisiones de gobierno, giradas alrededor de los abusos que, en nombre de la “revolución” equivocadamente inspirada en la semblanza y obra de Simón Bolívar, se han cometido, son demostraciones patéticas del engorro que viven quienes presumen de gobernantes.

Su falta de responsabilidad, sumada a la ausencia de consistencia alineada con la necesidad de allanar los vacíos que con el insistente desorden se han acumulado en casi veinticinco años, ha coadyuvado a profundizar la crisis política y social que Venezuela ya vivía en 1998. 

Pero actuaciones relacionadas con el agravio de condiciones que tocan con amenazas y agresividad a los medios de comunicación privados, a los sectores terciarios y secundarios de la economía nacional, a los derechos fundamentales que exhortan la vida, a aquellos ámbitos sobre los cuales descansa la salud y la alimentación, y a la educación superior afianzada por la autonomía universitaria, incitan un rechazo a todo lo que pueda estar contaminado de prurito gubernamental.

Mientras los actuales gobernantes sigan haciendo de las suyas sin reconocer al otro, sin comprender que no son únicos. Sin entender que el país es de todos y que todos tienen cabida en él, la descomposición seguirá oscureciendo el horizonte nacional. 

Será entonces factura a cobrarse por parte del régimen. Y lo hace con saña y alevosía a fin de ocupar el espacio donde residen los derechos y libertades de los venezolanos. Ello, en franco perjuicio de la salud social y afectiva de todos. De todos aquellos que fijan sus esperanzas en una democracia real, muy alejada de lo que con angustia y tristeza se vive ahora. O sea, una ¿democracia pateada?