Antecedentes recientes. En 1967 y 1970, para “enfrentar” los restos de la sedición nacional y la rebelión estudiantil

de la “renovación académica”, el Ejecutivo y el Legislativo aprobaron el reglamento Leoni y la Reforma de la Ley de Universidades de Caldera. Se pretendió el control gubernamental y partidista de las universidades, pese a la existencia legal de la autonomía universitaria. Estos instrumentos subvirtieron la jerarquía académica en una institución basada en el conocimiento. Eliminaron el requisito del doctorado para ser autoridad académica y para ser profesor asociado y titular. Esto evidencia que las acciones de quienes tomaron el poder en 1999 no eran nuevas ni exclusivas de la pseudorrevolución; adecos y copeyanos también hostigaban a la universidad autónoma en sus momentos. El enfrentamiento entre el saber y el poder siempre estará presente en la relación universidades y gobiernos, sean estos del tipo que sea.

Cambios del modelo. En 1970, se inicia un cambio del modelo educativo universitario, para ajustarlo a las necesidades creadas por la extensión de la política de sustitución de importaciones a bienes intermedios y de capital. Se impulsa el carácter tecnocrático de la educación universitaria, basado en las habilidades y destrezas, lo que significó la puesta en marcha de los estudios superiores cortos y la formación de profesionales para la actividad operativa, sin profundizar en su formación teórica general. Se crearon las universidades experimentales, los institutos y colegios universitarios y se impulsó al sector privado. Se relega a las universidades autónomas, se las hostiga, se les reduce el financiamiento, pues se las consideraba adversas al sistema político en marcha, algo muy similar a lo que hoy ocurre.

El viernes negro. La fractura económica de 1983 influye negativamente los planes estatales, al dificultar la instrumentación del modelo tecnocrático educativo y reducir las finanzas universitarias. La inflación, la devaluación y el control de cambio, derrumbaron los presupuestos y hundieron los sueldos. Se deterioraron aulas, laboratorios, bibliotecas y planta física y arrancó la conflictividad laboral. Entre 1970-1988, la partidización y el clientelismo se desarrollan, mucho más en las universidades experimentales, en las que los comisarios políticos de los partidos de gobierno son nombrados autoridades y sus militantes se convierten en sus docentes, sin estudios ni preparación. Las semejanzas con lo sucedido este siglo no pueden ser más grandes. 

Llega la LOE. Tras tres lustros de vaivenes universitarios y pese al mandato constitucional, se promulga la Ley Orgánica de Educación con una década de retardo, y lo hace no para corregir ninguna de las causas de las perversiones y limitaciones existentes, sino sólo en la búsqueda del control aún no logrado del gobierno sobre las universidades autónomas. Torpemente se ignora que la universidad es una institución basada en el conocimiento, al igual que lo son la institución militar, las iglesias y los hospitales, entre muchos otros, por lo que sus jerarquías no se determinan democráticamente. No son pequeñas repúblicas y sus autoridades no son el equivalente del Presidente y de los gobernadores. El voto igual para todos, sean o no miembros de la comunidad universitaria, no sólo es inconstitucional sino ridículo y, además, no los hará ganar las elecciones de autoridades, pues el gobierno es franca minoría entre los profesores, los estudiantes, los trabajadores y los egresados.