El pasado noviembre de 2019 se cumplieron cinco años de la promulgación de la Ley Antimonopolio, supuesta y eventualmente vigente en el país.

Salvo por una nota recordatoria de dicho hecho publicada en el portal Web de la Superintendencia Antimonopolio, la política de competencia continúa siendo una de las grandes ausentes en Venezuela. Lo anterior no deja de llamar la atención, toda vez que ocurre en un país cuyo gobierno enarbola banderas en favor del consumidor final y de la sociedad en su conjunto.

Los tres grandes pilares de la política de competencia, en términos generales, implican, primero, la promoción y fomento de la competencia; segundo, la sanción de las conductas restrictivas de la competencia tanto el abuso de una posición de dominio como la colusión entre las empresas; y tercero, el análisis de las operaciones de concentración económica.

En países como el nuestro –muy especialmente ante la situación en la que nos encontramos económica y regulatoriamente- posiblemente la tarea de mayor impacto en favor del bienestar social es aquella correspondiente a fomentar y promover la competencia.

Dicha tarea no se circunscribe ni implica exclusivamente informar y divulgar la Ley, así como una cultura de la competencia, sino que abarca una ardua y fundamental labor de análisis, investigación e identificación de las distintas barreras a la competencia que lesionan la eficiencia de los mercados y el proceso competitivo.

Específicamente, una correcta y activa política de competencia llevada a cabo fundamentalmente por un ente administrativo en nuestro caso, debería identificar aquellas políticas públicas que se erigen como barreras legales a las actividades económicas, a la entrada en los mercados y finalmente como barreras a la competencia a lo largo y ancho de los distintos mercados donde dichas fallas de gobierno lesionan la eficiencia en los mercados donde se manifiestan.

Adicional y simultáneamente, debería desarrollarse una labor de identificación de actuaciones públicas y normativas que pudieran artificial e innecesariamente generar ventajas a ciertos actores económicos en detrimento de la competencia y en contra de potenciales competidores más eficientes que aquellos actores económicos que resultan protegidos o beneficiados por dichas políticas públicas o regulatorias.

Difícilmente por su naturaleza regulatoria, así como por el bien que suele tutelar la política y el derecho de defensa de la competencia, pueda existir otra política pública de mayor impacto positivo en favor de la sociedad y su bienestar.

Por ejemplo, basándonos en principios de economías de mercado, todas aquellas políticas de gasto gubernamental en Venezuela difícilmente pasarían una evaluación que proteja mercados competitivos o alternativamente justifiquen mecanismos de competencia por el mercado que garanticen a la sociedad el más eficiente uso de sus recursos con los menores efectos distorsionantes en consecuencia.

La política de competencia suele tener un enorme protagonismo en países desarrollados por el reconocimiento institucional de su importancia, impacto y su grado de especialización que con dificultad podría encontrar sustituto en otras alternativas de políticas públicas y/o regulatorias, aunado al hecho de que suele actuar complementariamente con otro tipo de políticas públicas como es el caso de la política de protección al consumidor.

Como parte de los esfuerzos que el país requiere, deberíamos contar y ver iniciativas que discutan la importancia de este tipo de políticas y cómo ésta formará parte de una nueva Venezuela y del Plan País.

Economista UCV.