El final de una crisis
Escrito por Adolfo R. Taylhardat   
Jueves, 05 de Noviembre de 2009 03:18

altCon la firma del “Acuerdo Tegucigalpa/San José” se llegó felizmente al final de la crisis que comenzó el 26 de junio cuando la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó a Manuel Zelaya restituir en su cargo al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien había destituido por negarse a trasladar las urnas y el material electoral para la realización de la consulta popular promovida por el mandatario hondureño para reformar la Constitución e implantar la reelección presidencial.  La crisis se agravó a partir del 28 de junio cuando el Congreso hondureño, respaldado por la Corte Suprema de Justicia, por  unanimidad, destituyo a Zelaya porque había violado el Artículo 239 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial. En su remplazo designó al sucesor constitucional, Roberto Micheletti, Presidente del Parlamento.
Durante los tres  meses que  duró la crisis quedó patentizado a los ojos de la comunidad internacional el injerencismo descarado el teniente coronel presidente venezolano, inspirador, instigador y asesor personal de Zelaya en su pretensión reeleccionista, como lo demuestra  el hecho de que el material electoral que se proponía utilizar Zelaya provenía de Venezuela  y había sido transportado en un avión de la fuerza aérea venezolana. Ese injerencismo estuvo presente durante toda la crisis bajo diferentes formas: amenazas de intervención armada en Honduras para restituir a Zelaya en el poder, incitaciones a la insubordinación de la fuerza armada hondureña, apoyo financiero y  logístico a Zelaya a quien le proporcionó aeronaves de matrícula venezolana para su movilización internacional y para su intento frustrado de regresar al país durante el cual pudimos ver que el conductor de las Casa Amarilla había vuelto a su oficio anterior sirviéndole de chofer al mandatario  hondureño depuesto. La conducta del mandante de Miraflores durante  esta crisis fue tan desvergonzada que el presidente Micheletti se vio obligado a denunciarla públicamente.
Son muchos los temas importantes que abarca el Acuerdo, que entró en vigor desde el momento de su firma por los representantes de ambas parte, el pasado viernes 30. Sin embargo, por lo limitado del espacio de que dispongo destacaré sólo algunos que considero fundamentales.  El Acuerdo persigue “restablecer la convivencia ciudadana y asegurar un clima apropiado para la gobernabilidad democrática”. En él las partes se comprometieron a conformar “un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar”.  El cronograma que es parte integrante del Acuerdo establece que ese gobierno deberá quedar conformado a más tardar el 5 de noviembre, o sea mañana.
En el Acuerdo Zelaya y sus seguidores se comprometieron a abstenerse de “hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto”,  y renunciaron a “promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables” de la Constitución.
Esta disposición, que debe ser leída  en combinación con el párrafo del Acuerdo en el cual se solicita “vehementemente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras”, y “observe plenamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados” constituye una respuesta y una advertencia directa y fulminante a la pretensión del gerifalte de implantar en Honduras - como lo hizo en Bolivia, Ecuador y Nicaragua - su “franquicia” dictatorial  del comunismo del siglo XXI.
El Acuerdo pide la presencia de misiones internacionales de observación electoral “desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes al nuevo presidente el 27 de enero de 2010”, dispone que las Fuerzas Armadas quedan a la disposición del Tribunal Supremo Electoral con anticipación a las elecciones generales y reafirma el “carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de la institución armada.
En lo que tiene  que ver con la cuestión crucial del retorno de Manuel Zelaya al poder, se acordó que el Congreso Nacional, “en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema”… “resuelva en respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. Es decir que el Congreso y la Corte Suprema deberán decidir si Zelaya reasume su función de presidente de Honduras. Esta es una manera muy sutil y hábil de desatar el “nudo gordiano” que había impedido llegar al Acuerdo. Como se recordará Zelaya insistía que esa cuestión era de naturaleza política y debía ser decidida por el Congreso. Micheletti, en cambio sostenía que la cuestión es legal porque Zelaya está imputado de una serie de delitos por lo que la  decisión compete a la Corte Suprema.
El cronograma de ejecución del Acuerdo no impone al Congreso plazo para resolver esta cuestión. En definitiva la solución final resulta irrelevante ya que, como se vio, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional deberá ser conformado a más tardar el 5 de noviembre, lo que significa que si se decidiera reinstalar a Zelaya en el poder, su papel sería simplemente simbólico hasta que se juramente el nuevo mandatario que resulte electo el 29 de noviembre. Por otra parte, luce improbable que el Congreso revierta la decisión que tomó por unanimidad con el apoyo de la Corte Suprema.
En todo caso, como dicen, es bueno todo lo que termina  bien y este Acuerdo es un  buen final. Me imagino que el inquilino de Miraflores debe estar reventándose de la rabia al ver que su esfuerzo por ponerle la mano a Honduras se vino abajo gracias a la madurez y la dignidad del pueblo hondureño y la firmeza del presidente Micheletti. Para beneficio de nosotros los venezolanos, la crisis  hondureña sirvió para exhibir ante el mundo al inquilino de Miraflores tal como es: un gobernante conspirador internacional, ambicioso e  inescrupuloso que en su empeño narcisista no mide las consecuencias de su abusiva avidez injerencista. 


www.adolfotaylhardat.net

(*): Consignado por el autor, publicado en El Universal.


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