Hace unos días conversaba con una alumna acerca de las experiencias de participación de la comunidad en su propio desarrollo, tal cómo se mencionaba en la literatura especializada en los años sesenta. Me trajo a la memoria, los esfuerzos realizados a lo largo del siglo pasado, dirigidos a estimular la participación de la población a fin de hacerse sentir en la conducción de la vida nacional. La protesta en una sociedad democrática es un derecho, el cual se ejerce a fin de expresar el malestar colectivo ante los problemas presentes en las comunidades.

Cinco décadas más tarde, observamos mayor organización de la población, y si se quiere una participación consciente, relacionada con el planteamiento de los problemas que hoy confronta el ciudadano común. La inflación que deteriora cada día el salario real, la falta de empleo digno, la violencia e inseguridad y la debilidad de las instituciones traducida en la baja calidad de la gestión en la educación, salud e infraestructura social básica, entre otros. Al ver lo señalado por la prensa escrita, radio y televisión, vemos la amplia cobertura que merecen las protestas, acompañados lamentablemente, con la cada vez más frecuente respuesta violenta de las autoridades, lo cual, en algunos casos, ha impedido el diálogo, limitando la participación de los interesados en la búsqueda de las respuestas a las quejas y reclamos planteados.

De allí la reacción de los afectados: huelgas de hambre, acciones callejeras y llamados angustiosos de las familias. Cabe destacar el caso de los afectados por la concentración de la gestión de la industria petrolera en manos del Estado. Al perder su trabajo, la acción no sólo destruyó el empleo, sino eliminó el ingreso familiar y acceso a las ventajas derivadas de la contratación colectiva, destacando el beneficio en salud y educación, tan necesarios dado el deterioro creciente de los sistemas públicos.

En pocos años el avance de las expropiaciones y tomas de los centros de producción privados, ha incidido en el crecimiento del número de empleados bajo responsabilidad directa del sector público, incrementado los recursos destinados a la atención de las obligaciones laborales marcadas por la contratación colectiva. Esto lleva a restringir el uso de los recursos destinados en el presupuesto nacional al financiamiento de programas y proyectos vinculados a los verdaderos problemas del ciudadano común, fuente de las quejas y reclamos, que con todo derecho expresan mediante la protesta pública.

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Fuente: El Nacional