Las grandes marchas de la sociedad civil de nuevo elevan la emoción y la fe de los venezolanos. Sin miedo, las calles del país se llenan de la presencia decidida de un pueblo amante de la libertad y de las instituciones democráticas. Las protestas sociales y reivindicativas se acentúan y la gente no luce dispuesta a dejarse arrebatar sus más legítimos derechos y conquistas cívicas. Se equivoca el régimen si cree que la persecución y las intimidaciones policiales puedan afectar en lo más mínimo la capacidad combativa de los ciudadanos.

La organización y la combinación de todas las formas de luchas pacíficas y populares son necesarias para enfrentar la agresividad del Gobierno, en un momento en que sus fuerzas disminuyen y puede tornarse más provocador y temerario.

El progreso sostenido de los sectores democráticos frente a la presión autoritaria debe, entonces, potenciarse, haciendo del entendimiento unitario el mecanismo ideal para reforzar las luchas electorales que se aproximan.

Ya sabemos del inmenso daño que las ambiciones, intrigas y desencuentros han ocasionado en el campo opositor - no nos cansaremos de reafirmar esto- y no se podría entender, en esta hora decisiva, otra conducta que no sea la del desprendimiento y la grandeza en aras de los altos intereses de la nación.

Dos eventos comiciales, de profunda significación, aparecen en el horizonte del debate de los próximos meses: los municipales y el relativo al Poder Legislativo nacional. El primero, de alta relevancia por la importancia de los temas locales y la descentralización, amenazada por las tendencias recentralizadoras del gobierno. Y el segundo, epicentro de la grave crisis institucional del Estado por su ausencia de representatividad, en relación con la actual realidad política.

En el Parlamento se efectuará una interesante discusión que buscará señalarle al país el rumbo del cual ha carecido hasta el momento. Se va a plantear, sin lugar a dudas, la reestructuración y los lineamientos de los principales órganos del Estado, monopolizados por una sola fuerza partidista, debido al vacío dejado allí por la representación de la disidencia. Por tales motivos, la responsabilidad del liderazgo democrático es determinante, y reposa sobre él un duro compromiso que lo llama a actuar con el más fino olfato en el ejercicio de sus exigentes obligaciones.

La situación del país está planteando grandes modificaciones y cambios, desafíos que no pueden seguir siendo ignorados o pospuestos. Se requiere, entonces, una plataforma política alternativa que genere confianza y abra amplias posibilidades de aglutinar un poderoso frente destinado a renovar las estructuras del Estado y buscar las salidas que el momento reclama para sus delicados problemas de todo tipo.

Esta es la retadora tarea que los partidos democráticos y la sociedad civil deben asumir sin dilación, inspirados en los claros postulados que la Carta Magna del 99 contiene para enfrentar las urgencias políticas e institucionales.

El combate por la democracia está sustancialmente documentado en la Constitución actual, y ésta debe ondear con fuerza en la calle, mantenida por un pueblo que desea vivir en libertad, conquistando un sistema de justicia social vigoroso, como corresponde a las expectativas de nuestra época. Los estados y municipios deben despertar al llamado del mandato constitucional que les otorga un puesto fundamental en la lucha por recomponer y revitalizar los mecanismos del Estado, aireándolo y tonificándolo para el cumplimiento de sus cometidos esenciales. Ellos son, pues, actores principalísimos en el renacimiento de una nueva y necesaria estructuración estatal. La descentralización constitucional, sancionada con mucha fuerza en nuestro presente sistema jurídico y político, debe dejar de ser una sombra para convertirse en un elemento dinámico del mismo. Esta labor corresponde al liderazgo local y Estadal, desentendido muchas veces de tales mandatos cruciales. Esta apuesta política debe convertirse en un obligante testimonio ante las urgencias de la República.



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