Ningún régimen político es perpetuo. Aún los que se consideraban férreamente blindados, con un andamiaje jurídico a su favor, han caído por el peso de sus errores. Los gobiernos son transitorios y mutables, y están expuestos al juicio popular, a los movimientos sociales que se fortalecen en la medida que crece el descontento, cuyas acciones son indetenibles.

Todas las personas que han sido despojadas de sus propiedades inmobiliarias, bien sea por invasiones y/o confiscaciones de hecho y de derecho, bajo un manto semijurídico que pretende justificarlas, podrán exigir la restitución de sus derechos una vez se instaure un nuevo gobierno. Es previsible entender que un nuevo gobierno tendrá ante si la inmensa responsabilidad de enderezar los entuertos que éste régimen ha creado. No se dejaran esperar las demandas que abrumarán al Estado por los excesos cometidos contra la empresa privada y la sociedad civil en general. La locura por imponer un sistema ampliamente rechazado puede degenerar en mayores injusticias y monstruosidades. No olvidemos que en la Alemania nazi hasta el genocidio fue legal.

El festín legislativo desatado en la Asamblea Nacional con el propósito de dar un viso de legalidad a la inconstitucionalidad, ha generado como era de esperar la airada repulsa de la sociedad venezolana lastimada en sus cimientos. Sin el menor asomo de vergüenza, de espaldas al colectivo, desde sus ilegítimos curules, los legisladores no han tenido empacho en destruir lo que quedaba del Estado de Derecho, que en los países civilizados significa “el imperio de la Ley”, para avanzar por el retorcido camino de la ilegalidad hacia un proceso que representa la destrucción del país, todo para mantener sus privilegios.

Con sólidos argumentos, diferentes sectores han rechazado el atropello a la Constitución, a los principios democráticos, y sobre todo a la decisión de las mayorías a vivir en libertad, expresada cada vez que se ha consultado su opinión. Es posible someter a un grupo de presión y derribar sus banderas. Pero avasallar a todo un pueblo amante de la democracia que ayer desalojó a los tiranos, cuyas generaciones recientes, que constituyen el grueso de la población, nacieron en libertad, es demasiado atrevimiento. La Constitución y las Leyes que garantizan su cumplimiento es ahora víctima de una persistente violación. Tenemos un país que navega en la ilegalidad, amenazado por sus cuatro costados, amedrentado; sin diálogo, sin participación ni pluralidad; sin libertad para educar a los hijos, sin derecho a reclamar por sus derechos y reivindicaciones, ni a expresarse libremente.

Tenemos un país carente de oportunidades al emprendimiento, que se debate entre la inflación, la inseguridad, y la discrecionalidad del gobierno; acosado el aparato productivo, la propiedad privada, y el sagrado centro de convivencia de la familia: la vivienda, hoy despojada del derecho a la libre disposición.

Pero también tenemos un país que no está dispuesto a rendirse, una Venezuela que obliga a pensar lo que han sido los procesos sociales a través de la historia, de cómo se recomponen las sociedades cuando son sojuzgadas, y construyen nuevos modelos de convivencia para liberarse.

Es propicio entonces activar los mecanismos para la organización de la sociedad y ejercer las acciones contempladas en la Constitución Nacional, incluidos los recursos ante la comunidad internacional, para poner freno a la destrucción del Estado de Derecho y a las esperanzas de un pueblo noble que se niega a claudicar.

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