¿Qué ha pasado con las denuncias interpuestas por ante la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción administrativa, contra emblemáticos dirigentes oficialistas; tales como: Diosdado Cabello, Juan Barreto o Johnny Yánez Rangel...?

Podemos decir que la sociedad es un conjunto de seres humanos muy diversos en sus maneras de pensar y de actuar. Desde su nacimiento, este ser humano paulatinamente tiene que ir adaptándose al grupo social que forma su entorno y para mantener una interrelación social adecuada, es que ha sido necesaria la utilización de medios que imperen el orden para “…la preservación del bien común y los valores que sustentan la vida del hombre…”.

De esta forma surgen las Leyes o normas de conducta a las que todos los integrantes de la sociedad, en seguro mutuo, deben sujetarse; que deben cumplir y no deben violar, so pena de exponerse a sufrir las sanciones ya previamente establecidas en aquellos “medios que imperan el orden”. Estas sanciones cuando proceden, deben ser aplicadas en igualdad de condiciones en estricta observación de la justicia y la equidad por igual a todas aquellas personas normales responsables de sus actos, ya que existen seres humanos en los cuales está presente algún trastorno mental, que no le permite una adecuada visión y racionalización de sus actos, pues algunos de estos individuos enfermos violan las normas o leyes establecidas, no comprendiendo del todo o en parte, sus disposiciones o los modelos de conducta que ellas comportan y regulan.

Es precisamente en esos momentos cuando la administración de justicia a través de sus instituciones, busca la ayuda de la Psiquiatría Forense o Legal, para precisar el estado mental de esa persona que rompió con las normas sociales estatuidas. Igual sucede cuando una persona en minusvalía o indefensa debido a sus trastornos mentales, debe protegerse ya sea civil o penalmente, pues existen situaciones en las cuales un acto contra la sociedad y sus normas, no constituye una acción sancionable y un ejemplo de ello lo encontramos en la llamada legítima defensa, en la obediencia legítima (llamadas en lenguaje penal, causas de justificación), por que en el estado de necesidad, el error y los trastornos mentales resultan causas de inculpabilidad, debido a que en el campo del Derecho el concepto de enfermedad mental es diferente y más restringido que el concepto médico de patología mental.

Estos presupuestos jurídicos nos instruyen sobre el derecho que tiene toda persona, sin distingo de raza, color o credo, ante una instancia de justicia que se pretenda justa. Pero en Venezuela, desde el 24 de marzo de 1573, cuando en el caserío que para entonces era la ciudad de Caracas, y se edificó la primera cárcel de la cual se tiene conocimiento, los venezolanos fuimos divididos en la administración de justicia, y esto es fácil deducirlo si partimos de la base de que a nuestras cárceles han ido a dar con sus huesos para purgar sus delitos, sólo los pobres o los descendientes de éstos.

Y si algún lector difiere de este criterio, muy respetuosamente le invitamos a que visite alguna de las cárceles que existen en nuestro país y le garantizamos que tras las rejas de estos recintos de reclusión encontrará hombres y mujeres económicamente pobres, a quienes se les aplicó todo el peso de la justicia que en muchos casos resultó injusta. Pero le será muy difícil tropezar con un rico acomodado o un descendiente de éste. Y si nos vamos al medio político, contamos con varios botones ¿En cuál penal se encuentra detenido el nieto de un ex presidente de la República quien fuera señalado de encargar la muerte de su abuela y demás familiares, cuyo drama concluyó en un homicidio? ¿Qué ha pasado con las denuncias interpuestas por ante la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción administrativa, contra emblemáticos dirigentes oficialistas; tales como: Diosdado Cabello, Juan Barreto o Johnny Yánez Rangel...? Por ahí seguimos..!


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Fuente: El Norte