Definitiva e indudablemente el problema de la pobreza que ha generado el actual régimen debe ser prioridad. 

En ese sentido, su abordaje efectivo y eficiente constituye un tema de Estado.

Recientemente la oposición venezolana ha asomado la posibilidad de diseñar e instrumentalizar una política social de renta básica para asistir a venezolanos que se encuentran en niveles extremos de pobreza. Si bien algunos especialistas han manifestado su posición respecto al tema redistributivo, poco o nada se ha dicho respecto a las ventajas que dicho enfoque fiscal de redistribución posee frente al enfoque de control de precios distorsionante de los mercados que hasta la fecha ha sido utilizado por la actual gestión pública en Venezuela con razones redistributivas. 

Asomar un decoupling entre objetivos de eficiencia y equidad, en términos generales y como principio resulta bastante consistente. Lo anterior en el caso venezolano constituye una “innovación” si consideramos la tradición regulatoria, económica y de políticas públicas durante los últimos 20 años. 

Específicamente y en una primera instancia plantear una política social específicamente diseñada para tutelar la equidad, la redistribución y la asistencia socio-económica, independiente de las políticas de controles de precios, constituye una novedad en la Venezuela de hoy.

En este sentido, evitar continuar cometiendo el error de buscar acceso a los bienes vía controles de precios distorsionantes que por un lado no garantizan que la población target termine accediendo a los bienes y por el otro lado creando incentivos a la corrupción y la discrecionalidad, así como al clientelismo, cuenta con evidencia a favor. Adicionalmente, los controles de precios por su naturaleza crean distorsiones entre la oferta y la demanda, dificultando contar con referentes de valoración social sobre la utilización de los recursos, creando artificialmente brechas entre la demanda y la oferta –ceteris paribus-.

Por otro lado, una propuesta como la recientemente señalada por la oposición de rentas básicas, no sólo reconoce todo lo descrito anteriormente, sino que parte de la premisa de respetar y valorar la soberanía del consumidor en la toma de decisiones –evitando adicionalmente sobre-demanda producto del efecto sustitución al distorsionarse los precios relativos vía controles de precios- y evita la manipulación final de políticas asistencialistas/clientelares que mantienen a la oferta de bienes y servicios, así como su acceso en manos públicas (este último caso referido a los CLAPs). En este mismo sentido, ante asimetrías de información y ante costos informacionales respecto a conocer las preferencias de los individuos y siendo que dependiendo de estas no puede afirmarse que en todos los casos una política de asistencia social de transferencia de rentas resulta preferible a la de transferencia de bienes; la primera alternativa cuando menos, una vez realizada una definición de la renta básica, se deja que cada individuo consuma según sus gustos y preferencias.

No menos importante, la propuesta realizada por la oposición en contraposición a la política de control de precios posee subyacente otro principio de política pública importante como lo es la corresponsabilidad de los usuarios o de los consumidores ante la producción, provisión y/u oferta de bienes y servicios. En este sentido, como se comentara anteriormente, no se utilizaría a los controles de precios como política de equidad y garantía al acceso a ciertos bienes y servicios por medio de controles de precios que terminan distorsionando los precios relativos en la economía.

Otra ventaja que posee dicha propuesta de ser financiada estrictamente por la vía fiscal, es que no tendría por qué generar presión inflacionaria como sí lo hace el gasto público de gobierno orientado al consumo financiado monetaria e inorgánicamente. 

El punto álgido de la propuesta lo constituye la fuente de financiamiento y su eventual consecuencia (susceptible de ser corroborada empíricamente) o efecto neto en términos de expandir el bienestar social, más allá del objetivo de equidad.

Dado que en términos netos la carga fiscal terminará recayendo indefectiblemente sobre los más ricos efectivamente resultará progresiva la política y siendo que un impuesto del tipo lump-sum fee no sólo resulta teórico sino inviable sobre los más pobres; el contrafactual de la política lo constituiría una sociedad sin renta básica (versus una sociedad con dicha política. En la medida que dicho objetivo constituya un objetivo preestablecido de la sociedad las comparaciones se realizarían entre las alternativas de redistribución. Aún así, una política fiscal y redistributiva debe valorar la incidencia total de todos y cada uno de los instrumentos de política fiscal sobre cada grupo socio-económico).

Si bien este tipo de política conocida como renta básica universal[1] partiría de la premisa de otorgarla a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, obviamente su carga financiera recaerá en términos netos sobre un grupo específico (en caso de ser financiado vía tributos salvo que se financie de rentas sectoriales como sectores extractivos, que siendo de propiedad pública el costo de oportunidad de la política podría representarlo su incidencia sobre la provisión de bienes públicos). En el margen, podrían encontrarse individuos cuya iniciativa a desplegar esfuerzos por rentas sería disuadida. En la actualidad este tipo de mecanismos suelen asomarse ante el riesgo de desempleo producto de la 4ta revolución industrial en países desarrollados, por lo que previamente habría que valorar complementariamente en países como el nuestro el nivel de capacidad ociosa y de desempleo de origen muy distinto al asomado anteriormente. Aun así, se cree que este tipo de rentas libera a las personas pobres de utilizar recursos –por ejemplo, tiempo- para encarar la subsistencia, permitiéndoles salir de la trampa de la pobreza. Por todo lo comentado, este tipo de políticas no puede aplicarse aisladamente y debe ser complementada por medio de políticas públicas que faciliten las herramientas sostenibles que permitan a los individuos salir de la trampa de la pobreza, aquellas distintas a una simple renta básica.

Todo lo anterior dependerá de la definición del nivel de la renta básica –como proxy a nivel mínimo de calidad de vida o ayuda- y a la heterogeneidad y/o distribución socio-económica de la sociedad en cuestión.

Otro de los efectos de este tipo de medidas lo constituye elevar el costo de oportunidad de los trabajos de más baja remuneración que requieren baja cualificación, dándole eventual poder de negociación a los trabajadores por más atomizados que estos se encuentren en detrimento de los contratantes.

Este tipo de iniciativa suelen partir de un pacto y objetivo social de proveer a cada miembro de la sociedad con un ingreso mínimo que garantice la posibilidad de acceso a cierto nivel de bienes y servicios que impliquen una vida mínimamente digna. Este resultado puede ser producto de realizar el ejercicio del “velo de la ignorancia” sobre su posicionamiento socio-económico en la sociedad, siendo que cada individuo estimaría una sociedad y un pacto social que garantice un nivel mínimo de calidad de vida a sus miembros. La adopción voluntaria de este tipo de política y pacto social suele facilitarse producto de una caracterizadión idiosincraticámente de la sociedad más allá del paradigma de maximización del bienestar social y del individuo maximizador y el resguardo de sus derechos y libertades individuales.