Difícilmente hay quienes no manifiesten preocupación por el deterioro de la calidad, provisión y alcance en la prestación de los servicios públicos en Venezuela.

En este sentido, la opinión generalizada y percepción respecto a la prestación de dichos servicios es que los mismos requieren atención nacional prioritaria. En este orden de ideas, siendo que la totalidad de los nacionales se encuentran conscientes sobre la necesidad de rescatar la provisión de los servicios públicos en Venezuela, se tendría que abrir la discusión de las vías y canales para ello.

Sin embargo, muchas de las alternativas que podrían analizarse y eventualmente instrumentalizarse se enfrentan a la restricción derivada del hecho de que estos proveedores de servicios públicos en su mayoría se encuentran en manos del Estado, aunado a que el Gobierno actual ha mostrado sobrada incompetencia y prejuicio ideológico para adoptar algunas de las alternativas por más eficientes que estas resulten socialmente hablando.

Tomando como dado dicho escenario, lo que probablemente implica “descartar” alternativas como la privatización de algunos de dichos servicios, entre otras, dada la urgencia del tema, cabe pasar a revisar las alternativas pendientes.

Así aparece el crédito que la CAF podría otorgar al país para coadyuvar al sostenimiento, inversión y rescate de los servicios públicos en Venezuela, específicamente el eléctrico. Si bien existe la preocupación referida a que la evidencia muestra justamente la incapacidad del Gobierno e instancias públicas para administrar fondos y sostener la calidad y provisión de los servicios públicos –por razones deliberadas o por incompetencia y falta de recursos técnicos-, este no constituye un tema nuevo ni ajeno para aquellas instituciones multilaterales que trabajan con préstamos a países subdesarrollados. Por el contrario, las notas de prensa referidas al eventual préstamo asoman que la CAF no otorgaría directamente recursos a las autoridades públicas del sector eléctrico, y que existirían mecanismos de chequeo y control sobre los mismos con la intención de su uso directo y exclusivo para el propósito de ayudar a rescatar el sector eléctrico nacional.

Sin embargo, las notas de prensa no detallan los pormenores del préstamo, las eventuales condiciones del mismo, de los proyectos específicos, ni cómo eventualmente sería financiado el repago del mismo. Al respecto hay mucha tela que cortar, y el país pudiera y debería interesarse en dichos aspectos y detalles por tener implicaciones sociales de distinta naturaleza.

Por ejemplo, en el ámbito de la ejecución del crédito y realización de los proyectos, cuáles son los mecanismos de convocatoria y concurso, de existirlos. Alternativamente, ¿será el propio otorgante del crédito quien desplegará el papel de administración de la procura de las “inversiones”?

Adicionalmente, cuáles será las formas de repago de dicho crédito. ¿Se intentará que las fuentes de repago se originen dentro del mismo sector para evitar efectos distorsionantes de su financiamiento sobre otros sectores de la economía? ¿Lo anterior exigirá al prestador del servicio eléctrico sincerar las tarifas y buscar esquemas de tarificación que levanten los recursos necesarios para el repago de dicho crédito? ¿Existe capacidad por parte de los consumidores para que la vía de repago sea dentro del mismo sector o se requerirá impuestos distorsionantes? ¿Habrá efecto desplazamiento del gasto público sobre otros sectores de la economía y las políticas pública/sociales? ¿Se requerirá esquemas de discriminación de precios que faciliten el levantamiento de los fondos para el repago generando las mínimas distorsiones respecto a la eficiencia asignativa? ¿Regirá un criterio de decoupling y uso alternativo de subsidios directo no tarifario para garantizar el acceso a los servicios públicos, evitándose las distorsiones propias de políticas tarifarias que buscan objetivos de equidad y acceso a la par de objetivos de eficiencia? 

Estamos convencidos que los espacios e instancias de la sociedad civil, de los gremios empresariales, gremios profesionales y de la academia que entre sus propósitos se encuentra el análisis de las políticas públicas, los servicios públicos, las regulaciones económicas, el análisis económico del derecho y de la protección al consumidor atenderán estos temas y se encuentren trabajando y atentos.