Ya lo advertíamos en artículos anteriores por medio de los cuales llamábamos la atención sobre el error que representaba que porque parte del mercado nacional

ha sido aprovisionado por medio de productos importados o porque de hecho muchas transacciones se perfeccionen por medio del uso de divisas; se creyera que se estaba produciendo una liberación y una corrección del modelo económico en Venezuela.

Se había desarrollado una matriz de opinión pública que Maduro presionado por las circunstancias habría optado por medidas liberales o mejor dicho del tipo “laissez faire, laissez passer” (Dejar hacer, dejar pasar), optando por medidas de corte liberal o capitalistas. Respecto a dicha matriz habíamos llamado la atención de que no se estaba produciendo viraje alguno en el modelo económico de Maduro, lo que habría ocurrido es que se impuso un mal público como lo es la falta de aceptabilidad del signo monetario de curso legal, y se habría perfeccionado ciertos mercados, ante la existencia, aun, de cierto nivel de demanda por cierto tipo de productos. Sin embargo, lo anterior no era producto de una política capitalistas ni cambio alguno del modelo económico.

Insistimos en su momento que nuestra debilidad institucional, el desprecio por los derechos de propiedad privada, así como el desprecio al imperio de la ley y al debido proceso; había terminado haciendo de los derechos y las libertades económicas una concesión graciosa del Estado. Una vez que hiciera falta vulnerar de nuevo y groseramente a dichos derechos e instituciones económico-jurídicas, como parece ocurrir una vez que el referente salarial del mínimo se ubica por debajo de 2 dólares mensuales, se echaría mano del populismo y la expoliación.

El hecho que en Venezuela no se haya podido solicitar y lograr la nulidad de la Ley de Precios Justos, constituye una evidencia de la debilidad institucional del país. De igual manera el hecho que no exista instancia administrativa o jurídica superior donde pueda recurrirse la lamentable doctrina administrativa desarrollada por medio de la SUNDDE constituye, igualmente evidencia de la vulneración de principios y derechos económicos consagrados Constitucionalmente en Venezuela.

¿Qué impacto positivo puede tener recrudecer la aplicación de la Ley de Precios Justos en un país que supera los cinco años ininterrumpidos de contracción económica?

Podríamos entender una discusión referida a la falta de mercados en el país, pero su solución no pasa por terminar de abolirlos, sino por el contrario multiplicarlos y completarlos. Los derechos de propiedad robustamente entendidos y protegidos constituyen la base de todo intercambio del tipo suma positivo, y a partir de allí de los incentivos virtuosos en favor de actividades económicas e intercambios generadores de riqueza y bienestar.

La falta de instancias públicas y privadas que permitan analizar y advertir a la sociedad respecto a lo pernicioso de continuar con políticas de controles que adolecen de severísimas fallas de diseño y que terminan perfeccionando fallas de Gobierno, parece ser notable.

Más allá de que se crea que la solución del país pasa exclusivamente por la resolución de un pulso de poder o de un problema de secuestro del poder. Existen “experimentos naturales” recientes en América Latina donde parece existir una “persistencia” del público votante o la adicción por promesas de Gobiernos fuertes que desempeñen un papel de “Gran Hermano”.

Las instituciones formales deben encontrarse en sintonía con las creencias e instituciones informales que los ciudadanos poseen. Lo contrario expone a conflicto la eficiencia y la credibilidad de cualquier plan por modernizar el país y robustecer aquellas instituciones económico-jurídicas alineadas con progreso como los derechos de propiedad bien definidos y resguardados. Este constituye un reto enorme que debe ir en paralelo a la solución del problema de la usurpación.