Los resultados de la gira del presidente Uribe son significativos de lo que está por venir en las relaciones exteriores de Colombia en Suramérica. El respeto de las justificaciones para albergar la más poderosa máquina de guerra del planeta, portadora de objetivos globales muy específicos, implica para Colombia y Estados Unidos que queden limitados políticamente en sus acciones, porque cualquier rompimiento o extralimitación de las promesas dadas por el presidente Uribe serán motivo de tensiones a niveles más altos que la sola preocupación actual. En las naciones donde el presidente Uribe no logró convencer con sus justificaciones, se habrá iniciado una carrera armamentista y una lenta, pero segura, guerra fría de la que no podrá escaparse ningún país del suelo suramericano.

Como es costumbre del presidente Uribe, primero decide y después se preocupa de las consecuencias, como lo ha hecho en esta gira personal en la que Estados Unidos, el actor central de la preocupación, no lo ha autorizado para que hable de las estrategias, las tácticas, los planes o los objetivos de la reactivación de la IV Flota del Sur del Atlántico, a la que se hayan suscritas las bases estadounidenses en territorio colombiano. Esta autorización  es muy importante, tanto para la autoridad y credibilidad misma del presidente como para la real tranquilidad de las naciones suramericanas.

El presidente Uribe no tiene en su cabeza más que a las Farc, pero el resto de mandatarios suramericanos, aunque lo respeten, tienen una perspectiva mucho más amplia de las tensiones político-militares que se avecinan.

Todas las bases logradas por Estados Unidos en Europa fueron creadas aprovechando principalmente la segunda guerra mundial. Sacar una sola de estas bases es prácticamente imposible. Estados Unidos se reserva el derecho de establecer bases militares donde quiera y con los acuerdos que le convengan, y esa es la razón de que existan las bases militares estadounidenses de Guantánamo en Cuba,  Chaparé en Bolivia y Alcántara en Brasil. Lo logrado por el presidente Correa ha sido, hasta ahora, algo excepcional en el mundo. Únicamente derrotas, o la inminencia de derrotas políticas o militares, hacen que Estados Unidos abandone militarmente a un país.

Al contrario de Europa, todas las bases construidas en Latinoamérica han sido levantadas en tiempo de paz y motivadas por estrategias políticas, económicas y militares de Estados Unidos en la región. El comando para Latinoamérica se halla en Miami y las bases en Paraguay; la de Tolhuin en Tierra del Fuego y la de la Antártida controlan el cono sur; la de Iquitos, Nanay y Santa Lucía, en Perú; la base Alcántara, en Brasil y la de Chaparé, en Bolivia controlan el centro suramericano.

Las de Tres Esquinas, por su parte, (base aérea estadounidense en el Caquetá), Larandía (base del Ejército estadounidense en el Caquetá) y Puerto Leguízamo (base naval estadounidense en el Putumayo), en Colombia, controlan el norte suramericano, y las de Panamá, Honduras, Costa Rica, Belice, las Islas Caimán, Urabá y Curazao controlan Mesoamérica.

El centro de control al sur del Río Grande es obviamente Colombia, que ahora agrega las bases de Malambo (Atlántico), Apiay (Villavicencio), Palanquero (Cundinamarca), las pistas aéreas y bases navales de Bahía Málaga (Valle) y Cartagena (Bolívar), el centro militar de Tolemaida (Cundinamarca), las bases que con frecuencia han albergado tropas estadounidenses en San José del Guaviare y Tumanco y virtualmente cualquier base militar colombiana, de acuerdo con las afirmaciones del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla: "El uso de las bases depende de las necesidades y requerimientos geográficos y técnicos que tenga el personal estadounidense".

El problema de las bases estadounidenses no es un caso de Venezuela y Ecuador, que no las tienen, ni de Colombia, que tiene demasiadas, sino de toda Latinoamérica. El Plan Colombia no es el único que les preocupa a los países latinoamericanos, sino también el Plan Puebla-Panamá, el Plan Triple Frontera y el Plan Amazonia.

El volver al control territorial y económico de Latinoamérica se volvió una prioridad de Estados Unidos desde que la crisis financiera mundial convirtió los alimentos, el agua dulce y los recursos energéticos en nuevos valores estratégicos. Por eso, los contratos económicos bilaterales son hoy una necesidad para Estados Unidos. La comparación de la importancia de los TLC con la compra de Louisiana y Alaska, en testimonio del el ex vicepresidente Al Gore al Congreso de Estados Unidos, no podría ser más clara y convincente.

Desde el punto de vista económico, cualquier obstáculo a la diversidad económica de Chile y Brasil, por ejemplo, que mantienen una actividad comercial global y que cuentan entre sus clientes a China, Irán y la India; la presencia de la IV Flota es una amenaza a su propia economía, que tantos esfuerzos y éxitos ha tenido para independizarse de una monoeconomía con Estados Unidos. Ellos saben que esta Flota está en capacidad de bloquear, si es necesario por razones políticas o de terrorismo, el comercio de la China, Irán y la India con Suramérica.

Dentro de este contexto regional, Venezuela y Ecuador solo tienen que liderar una oposición a las bases estadounidenses en Colombia para ganar el apoyo de la región, no por ningún socialismo del siglo XXI, sino por la seguridad nacional, económica y política de la mayoría de los países latinoamericanos.

El argumento de las Farc poco importa, porque a diferencia de Al-Qaeda y Hezbollah, las FARC no son ninguna amenaza internacional, ya que sus operaciones se concentran exclusivamente en Colombia, por ahora. Pero una desestabilización de Venezuela y/o Ecuador les daría a las Farc el rango internacional del que hoy adolecen y añoran.