Al caldeado ambiente regional generado por el anuncio del uso de bases militares colombianas por Estados Unidos se sumó el fin de semana pasado una alarmante revelación de la revista británica Jane's, especializada en temas de inteligencia.

El propio presidente Álvaro Uribe ratificó en una declaración que las Farc habrían adquirido lanzacohetes provenientes del mercado internacional de armas y pidió al mundo detener su venta a la guerrilla.

El Primer Mandatario se refiere específicamente al hallazgo por el Ejército colombiano de este tipo de armamento en poder de los subversivos. La cuestión se agrava al comprobarse que los lanzacohetes AT-4, de fabricación sueca, fueron comprados por el gobierno de Venezuela a Suecia hace unos 20 años. En el peor de los casos, esta denuncia comprobaría la existencia de vínculos entre la organización guerrillera y autoridades del vecino país con acceso a este sofisticado arsenal. O, como mínimo, develaría una red de corrupción y tráfico de armas.

La reacción de Caracas ante el pedido de aclaración de Colombia ha sido hasta ahora decepcionante. Mientras el ministro del Interior venezolano, Tarek Al Aissami, calificó las denuncias como "película barata del gobierno norteamericano y los pitiyanquis", su compañero de gabinete, el canciller Nicolás Maduro, habló de un "show mediático" del gobierno colombiano para justificar el acuerdo de cooperación militar con Washington sobre las bases.
Ayer, el régimen vecino pasó de desestimar las denuncias a congelar otra vez relaciones binacionales y retirar al embajador en Bogotá.

Sin embargo, le va a quedar difícil a Venezuela desdeñar los reclamos oficiales de Suecia. El gobierno de Estocolmo no solo suspendió la venta de armamento a Caracas, sino también exigió una "explicación responsable" de por qué el material bélico vendido terminó en manos de las Farc. A esto se añade que la guerrilla colombiana es considerada por la Unión Europea -y, por ende, por el gobierno sueco- una organización terrorista. Arroparse con el manto nacionalista y populista no puede eximir a Caracas de proveer las aclaraciones que Colombia y Suecia están demandando con razón.

La estrategia diplomática del Gobierno para enfrentar este incidente es acertada y contrasta con el torpe manejo del debate avisado sobre las bases militares. El uso de los canales regulares y el llamado a la comunidad internacional fortalecen la posición colombiana y ponen a Bogotá a la ofensiva dentro de las recientes polémicas con Venezuela y Ecuador. La actitud del gobierno chavista de desatender las denuncias en vez de anunciar investigaciones internas es elocuente -especialmente en el ámbito internacional-.

El tráfico de armas del exterior hacia las Farc es un fenómeno de larga data. Tampoco son nuevas las acusaciones sobre nexos de los guerrilleros colombianos en el vecindario. Basta recordar la condena que recibió Vladimiro Montesinos, asesor del presidente peruano Alberto Fujimori, por vender armamento jordano a la guerrilla en 1999. Este es sólo un ejemplo de cómo altos funcionarios, traficantes internacionales y militares quedan involucrados en el lucrativo negocio de alimentar la máquina de guerra de las Farc. Y de cómo con la colaboración trasnacional se pueden descubrir estas redes delictivas. Colaboración que el gobierno venezolano debería estar ofreciendo para identificar a los culpables de la venta ilegal de este material bélico.

La responsabilidad de aclarar el suceso sigue recayendo sobre los hombros del presidente Hugo Chávez, a pesar del retiro diplomático de ayer. Aunque no hay que hacerse ilusiones con llegar al fondo de esta denuncia, el gobierno colombiano ha sabido hasta ahora manejar esta polémica regional en un entorno marcado por la crispación: ganó iniciativa, obtuvo el respaldo de los suecos y tiene a los venezolanos sin mayor salida que un comentario que pretendió ser chistoso y un apresurado retiro de su embajador.

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