La Constitución de la República de Honduras establece: Art. 4: La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria.

Art. 374: No podrá reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieran a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la república, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidente de la república por el período subsiguiente.

Durante su campaña presidencial, Barack Obama enfatizó sus críticas a líderes que son electos democráticamente, pero que después no gobiernan democráticamente. Es por eso contradictorio que, menos de 24 horas después de la expulsión de Manuel Zelaya, Obama describiera la acción en Honduras como ''ilegal'' y declarara que Zelaya es ``el presidente legítimo''.

Pero Obama, asumo que con asesoría de Hillary Clinton y otros cerebros privilegiados de la administración, no parece haber analizado detenidamente los eventos que llevaron al desenlace de un presidente viajando en piyama. Veamos: los militares no capturaron a Zelaya por decisión propia, sino siguiendo órdenes de la Corte Suprema. El poder fue transferido, de inmediato, al presidente del Congreso, un hombre del mismo partido político que Zelaya. La Legislatura y todas las otras autoridades legales permanecen intactas.

La acción fue ordenada por la Corte Suprema y aprobada por el Congreso como resultado del intento de Zelaya de celebrar un referendo como primer paso para enmendar la constitución y así perpetuarse en el poder, como lo ha hecho su mentor venezolano y sus colegas en Ecuador y Bolivia.

Menciono todo esto, ya ampliamente difundido, porque ha sido pasado por alto por gran parte del mundo occidental, incluyendo al presidente de Estados Unidos, quien ha denunciado a Honduras en una forma que nunca ha adoptado con Irán. Obama se ha unido a Fidel Castro, Hugo Chávez y, como decía Borges, ''...y gente aún peor'' en demandar que a Zelaya se le permita no solamente volver a Honduras, sino que se le restaure como presidente.

¿Podría alguien explicar por qué esta transferencia de poderes, al legislador civil en la línea constitucional, en una nación soberana, atrae la atención y la crítica extrema de la ONU, la OEA, Hugo Chávez, los hermanos Castro o Barack Obama? ¿Qué por ciento de las 200 naciones miembros de la ONU, ese tanque séptico de antiamericanismo, son democracias? ¿Cuántos de sus líderes llegaron al poder por elecciones libres y honestas?

El presidente Obama ha calificado la acción de los líderes hondureños como ''ilegal'' y declaró que Zelaya es ''el presidente legítimo''. Obama unió su opinión a la de Chávez y Castro, calificando la acción hondureña como un ''golpe de estado'', un ``precedente terrible''.

Peor aún, Obama y su Departamento de Estado contemplan sanciones contra este pequeño país de 7 millones de habitantes a los que amenazan con cancelar $200 millones en ayuda, acuerdos de inmigración y un tratado de libre comercio si no restauran a Zelaya al poder.

La Casa Blanca quiere apaciguar a la OEA, la cual, al eliminar las restricciones para el reingreso de Cuba, no califica como una ''organización de democracias'' y ahora pretende dictar cómo otros países deben gobernarse.

La Casa Blanca está diciendo que la democracia comienza y termina con elecciones. Está diciendo que el imperio de la ley es irrelevante y que los líderes tienen derechos, pero no tienen responsabilidades. Lo que la Casa Blanca no dice es que si los líderes no pueden ser llamados a contar, deben ser removidos, como acaba de suceder en Honduras.

Si la Casa Blanca penaliza a Honduras, se ganará la antipatía del pueblo hondureño por muchos años. Le hará daño a la autoridad moral de Estados Unidos y nos costará influencia en la región. ¿Es eso lo que quiere Estados Unidos? Ya es hora de una definición más amplia de democracia --una definición que incluya el imperio de la ley y la voluntad de los pueblos.