Andrés Manuel López Obrador (AMLO) primero como líder de la oposición y luego en su campaña presidencial de 2018, denunció el creciente uso de las fuerzas armadas

para la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Política de larga data, pero que se intensificó bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La promesa electoral de retornar a los militares a los cuarteles le permitió lograr el apoyo amplio sectores de la sociedad mexicana, pues ello implicaba la rectificación de una política fallida como lo había sido el de militarizar la seguridad ciudadana. Militarización que no se tradujo en un debilitamiento de los cárteles del narcotráfico, pero si a un incremento de la violencia criminal y de sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de los militares.

Lamentablemente, AMLO poco después de asumir el cargo como presidente de la República olvidó su promesa de desmilitarizar el país y retornar a los uniformados a los cuarteles. Sus primeros pasos en su nefasta política de militarización del país fueron ratificar la salvaguarda de la seguridad y el orden ciudadano en manos de las fuerzas armadas (política cuestionada previamente), así como impulsar una reforma constitucional (2019) que implicó la creación de una nueva fuerza militarizada, la Guardia Nacional y su transferencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la secretaria de la Defensa Nacional que aglutina al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Bajo el mandato de AMLO, el país ha sufrido una militarización progresiva, las fuerzas armadas mexicanas han asumido roles políticos y económicos sin precedentes, y se han vuelto omnipresentes. Hoy, el Ejército, la Fuerza Área y la Armada de México construyen aeropuertos y ferrocarriles, administran los puertos del país, controlan las aduanas, resguardan sistemas de transporte público, distribuyen ayuda financiera a los pobres, implementan programas sociales, combaten al narcotráfico y detienen a inmigrantes. El Índice Nacional de Militarización elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas ha indicado que 246 actividades que antes estaban en manos de civiles ahora son responsabilidad del mundo militar, incluyendo la seguridad ciudadana.

Aparentemente, AMLO no aprendió la lección del fracaso de la militarización como estrategia en la guerra contra las drogas en América Latina, particularmente en Perú y Colombia. Al igual que las experiencias anteriores, el uso de las fuerzas armadas para el combate del narcotráfico en México ha sido una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos. El uso de las Fuerzas Armadas no se ha traducido en reducir los niveles de violencia y lograr la pacificación del país, pero sí ha costado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Desgraciadamente, AMLO y su partido MORENA no están dispuestos a limitar el accionar de las Fuerzas Armadas porque está gobernando con ellas. AMLO ha recurrido a la unión cívico-militar de impronta chavista para consolidar su autoritarismo y afianzar la criminalización del disenso. En su visión autoritaria considera que la bota militar es una pieza fundamental para garantizar la continuidad de su batiburrillo populista bautizado como la “Cuarta Transformación”.

La realidad es que las organizaciones criminales se han expandido por todo el país y una espiral de violencia sacude a México. La militarización de la seguridad convive con el control de territorios y poblaciones y con la intensificación de la violencia que ejercen los diversos grupos del crimen organizado. Los recientes sucesos Culiacán a raíz de la detención Ovidio Guzmán demuestran como el crimen organizado han socavado el poder del Estado mexicano.

La militarización de la lucha contra las drogas de AMLO no está funcionando. El control territorial y la violencia propiciada por los carteles del narcotráfico es cada vez mayor ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad y la paz.