En otro sitio he expresado que no solo la política, la economía, la tecnología y la cultura se han globalizado; también la corrupción gubernamental y el crimen organizado han trascendido

las fronteras nacionales para convertirse en un problema que atañe a todos los países y sus gobiernos. 

Las dimensiones de estos fenómenos globales y disfuncionales son enormes. Sus repercusiones políticas, sociales y económicas no pueden ser desestimadas. 

Si bien son dos tipos delictivos que tienen sus motivaciones y especificidades particulares, los estrechos vínculos entre el delito trasnacional organizado y la corrupción gubernamental, son innegables, ambos se complementan, uno no tendría lugar sin el otro. De hecho, la corrupción se ha convertido también en un crimen globalizado, cuando vemos casos muy sonados en los últimos tiempos, especialmente, en nuestro hemisferio.  

De allí que grupos de países y organismos internacionales públicos y privados hayan tenido que abordar el tema, estudiarlo y proponer medidas, acciones y recomendaciones conjuntas, que apunten a su solución, o al menos, a un control y/o reducción del problema, mediante políticas públicas e instrumentos jurídicos concertados que establezcan compromisos y obligaciones para los Estados, los individuos y las empresas.     

En tal sentido se ha venido imponiendo la necesidad de una estrecha cooperación entre los gobiernos del mundo para combatir esos graves delitos.  

No hay duda de que son moralmente reprobables y condenables, y en términos legales, prohibidos y sancionables. 

Desde el punto de vista económico, son también lesivos para los países. El dinero de procedencia ilícita que se va por los caminos de la delincuencia transnacional y la corrupción hacia bolsillos particulares, es, principalmente, un recurso que se sustrae de las colectividades y que podría ser utilizado para satisfacer muchas de las más sentidas necesidades de las mayorías, en especial, en los países emergentes o con problemas de pobreza.    

Se ha señalado, con razón, que en el caso de la corrupción de funcionarios públicos y/o de directivos o empleados de empresas privadas en general, se trata, igualmente, de una conducta desleal con sus respectivas organizaciones, que debe ser sancionada. 

Hasta hace pocas décadas estos asuntos eran abordados desde los espacios estrictamente nacionales. Su tratamiento era una tarea que correspondía a las autoridades estatales. A sus distintas manifestaciones, había que aplicar, fundamentalmente, las leyes internas. Para su persecución, represión y sanción bastaban los cuerpos contralores y policiales establecidos, así como los códigos, leyes y tribunales nacionales.  De hecho, si existe una disciplina jurídica fundamentalmente conectada con un territorio estatal, esa es el Derecho Penal. 

La realidad presente es otra. La actividad criminal ha desbordado los límites político-territoriales de los Estados. La interdependencia global también potencia al mundo del crimen. Los medios y herramientas que ofrece la globalización para las iniciativas humanas lícitas, son aprovechados, igualmente, por el crimen organizado tanto en el sector público como en algunas empresas privadas que operan en el ámbito internacional.

La incidencia política y económica del mundo de lo ilícito ha ido cobrando mayor impacto, alcance y envergadura en un planeta en que las fronteras se han hecho cada vez más porosas.

Es por todo ello que se ha impuesto la imperiosa exigencia de suscribir acuerdos, convenios y tratados que establezcan mecanismos de acciones conjuntas, intercambio de información, cooperación policial y judicial, y obligaciones jurídicas, entre otros aspectos, que garanticen resultados eficaces en esa lucha contra el crimen organizado, cuya letalidad está más que demostrada por la experiencia.  

El caso del tráfico de influencia transnacional de la empresa brasileña Odebrecht en nuestro hemisferio, que ha salpicado a varios países; los negociados entre el gobierno chavista y los gobiernos argentinos de los Kirchner, el brasileño de Lula y el del Ortega en Nicaragua; la mil millonaria corrupción de la empresa petrolera PDVSA y su lavado de dinero; las poco transparentes importaciones de alimentos y la exportación ilegal de metales preciosos desde Venezuela, entre otros, son ejemplos claros de delitos transnacionales cometidos por grupos organizados con evidentes vínculos políticos, ideológicos y económicos.