Nuestro común origen como nación; con idéntica lengua, multiétnico, enraizadas costumbres, respeto a la diversidad confesional, valores patrióticos, sensibilidades

frente a los acaecimientos del prójimo, estructuración de sólidas instituciones; en fin, ese amalgamiento nos ha permitido engendrarnos socialmente y emparentarnos en afectos colectivos.

Ha sido, desde siempre, una hermosa configuración en un único pueblo, en permanente proceso de mejoramiento y sostenida superación de atascos y embates.

Hoy nos encontramos ante una disyuntiva inescurrible, que no podemos dejar a un costado de las cotidianas reflexiones, o hacernos los desentendidos. Tal vez, comparable a la gesta independentista librada por nuestros libertadores. Estamos en presencia, en esta ocasión, de una lucha jurídica-diplomática, por la defensa del suelo patrio.

La controversia que hemos sosteniendo desde hace más de un siglo nos coloca en el desafío histórico de trenzarnos en plenas solidaridades; porque la contención que llevamos adelante requiere del esfuerzo profesional e intelectual de nuestros mejores hombres y mujeres; y porque, además, la contraparte, en su condición de demandante va con todo en la “interposición de acciones” contra la República Bolivariana de Venezuela.

Exactamente así lo suscribe el gobierno guyanés en el documento fechado el 29 de marzo de este año, contentivo de la solicitud de procedimientos institucionales incoado contra nuestro país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No tienen atenuación en el discurso.

Guyana solicita al Alto Tribunal de la Haya, en el citado escrito, que confirme “la validez legal y efecto vinculante” del Laudo Arbitral de París de 1899. A ese adefesio jurídico Venezuela siempre le ha dado la calificación de nulo e írrito; tal señalamiento responde a los suficientes e irrebatibles asideros jurídicos que poseemos.

Y por si fuera poco, la Parte guyanesa instituyó también por la CIJ que la cuestionada tratativa fue una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todos los asuntos pertinentes a la determinación cartográfica entre Venezuela y la excolonia británica.

Cabe aquí una inmensa pregunta; por cierto, nunca respondida hasta ahora, por ningún gobierno británico ni guyanés: ¿Por qué, entonces, suscriben y admiten en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que se deben buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido ( litigio heredado por Guyana) surgida como consecuencia de la justificada  contención nuestra de que  el citado laudo fue una ardid tramposo;  y por lo tanto no posee, eo-ipso, la eficacia legal?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) considera que es necesario que ese Tribunal esté informado de todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las partes se basan en lo ateniente a su competencia y jurisdicción en este específico caso.

Entonces la CIJ, en su Orden del 19 de junio, ha fijado los lapsos para que las Partes conflictuadas presenten sus respectivos escritos. Guyana lo haría antes del 19 de noviembre de 2018.

Nos corresponde elaborar y consignar antes del 18 de abril de 2019 el Memorial de Contestación de la demanda.

Sin embargo, en la misma resolución de la CIJ quedan asentadas, explícitamente, algunas interesantes consideraciones; como la que describimos de seguidas: Venezuela preserva las posibilidades de hacer valer sus derechos procesales. Obviamente que así se hará con la contundencia de que   primero debe resolverse la cuestión de la jurisdicción de la Corte; lo cual es obligante que   se determine por separado antes de cualquier decisión de fondo.

En la cabal e inmarcesible defensa de nuestra Guayana Esequiba mal podrían el sector gubernamental u organismos de la Sociedad Civil venezolana fracturar la necesaria unidad de criterios en esta lucha. El bastión debe estar compacto, pétreo, siempre fortificado.

Sugerimos la conformación de una Comisión Patriótica por la Guayana Esequiba, cuyas características esenciales se asienten en el respeto a las opiniones y conjeturas; la responsabilidad en las participaciones públicas, la densidad de los estudios sobre este asunto para que obtengamos aportes significativos y la pluralidad de los sectores integrantes para que alcancemos la más amplia representación del país. 

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