A Manuel Zelaya lo desalojaron de la presidencia de Honduras porque violó la Constitución en repetidas oportunidades y, si el país se lo hubiese permitido, la habría seguido violando muchas veces más.

El referendo que había convocado -desconociendo el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral- le habría servido de excusa para modificar la Carta Magna, y con el soporte financiero de Hugo Chávez,  habría tratado de eternizarse en el poder, tal como lo está haciendo su mecenas y protector venezolano. En esa oportunidad, a pesar de las advertencias y de los llamados a la recapacitación por parte de las instituciones domésticas, organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, se mantuvieron callados. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y los cancilleres de Brasil y España, hoy tan activos en la condena al gobierno de Roberto Micheletti, hicieron mutis por el foro. No ejercieron ninguna medida de presión que impidiera que Honduras se convirtiera en un escenario de combates.  A esa altura ya se sabía que Zelaya no se saldría con la suya, y que el castigo tendría consecuencias muy graves para el pequeño país centroamericano.

Es cierto que los militares se excedieron al sacar al folclórico MEL de su casa y, para más cuento, en pijama. Las normas de cortesía imponían permitirle que se vistiese con la etiqueta que corresponde a un ex presidente. Sin embargo, este exceso no justifica la saña que se ha desatado contra la modesta y digna Honduras. El tirano Pinochet recibió un trato más amable de la OEA: nunca fue expulsado. Con Manuel Zelaya no fue posible negociar mientras estuvo en la Presidencia. No escuchó ninguno de los argumentos de los representantes de las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la Constitución. Ni siquiera quiso oír las voces de los miembros de su propia organización, el Partido Liberal, que incluso rompió con él porque se mantuvo inflexible en su determinación de realizar el referendo inconstitucional contra viento y marea.

¿Qué podían hacer las otras instituciones  frente a un Presidente que   -porque navegaba en la corriente de petrodólares que sale de PDVSA hacia los gobiernos que se alinean con Chávez- había decidido infringir  la Carta Fundamental y, por esta vía, dar un golpe de Estado? Respeto a quienes piensan que había que apresarlo y juzgarlo en Honduras de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional. Vana ilusión. Chávez, el ALBA y la OEA habrían salido a denunciar el golpe de Estado y la ruptura del hilo constitucional, se habrían solidarizado con el “pobre” MEL y habrían exigido su restitución inmediata en el cargo. Lo mismo que hacen ahora, pero con el agravante de que Honduras se habría convertido en un caos. Los grupos  tumultuarios tarifados, los mismos que hoy protestan, se habrían multiplicado y muy probablemente Zelaya habría sido repuesto en la presidencia, la conjura contra la Constitución se habría consumado,  mientras MEL, Chávez y los vividores del ALBA celebraban su victoria.

El camino escogido por los hondureños para enfrentar el caudillismo y la autocracia ha sido duro y doloroso, pero creo que no tenían otra opción: o sacaban al gamonal del MEL del poder, o este se atornillaba indefinidamente en la casa de Gobierno. La forma como lo hicieron se podrá criticar, pero no su contenido. Además, si de formas vamos a hablar, hay que tomar en cuenta que el gobierno de Micheletti  ha sabido cuidarlas. El Congreso ha seguido funcionando. A los parlamentarios de todas las tendencias se les ha respetado su inmunidad. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Electoral continúan operando sin ningún tipo de interrupción y cohesionadas en torno al Gobierno provisional. El 29 de noviembre se mantiene como fecha para la realización de los comicios en los cuales se elegirá a un nuevo Presidente de la República y se renovará el Congreso. Se ha respetado la libertad de expresión. No se ha cerrado ningún medio de comunicación, algo que, por ejemplo, no puede decir Hugo Chávez, pues mientras el gobierno de Micheletti ha respetado la libertad de información y comunicación, el del comandante ha clausurado 32 emisoras radiales y dos televisoras locales. La presión sobre Globovisión continúa y a RCTV internacional la mantienen acosada. Entonces, ¿cuál de los dos es el gobierno dictatorial?

A Insulza y a los presidentes del continente les preocupan los derechos políticos de Zelaya, pero no les interesa para nada los derechos políticos de los hondureños y la vía que escogieron  para resolver el conflicto institucional que el propio MEL había desatado. Ya la OEA y algunos gobernantes, entre ellos el teniente coronel Chávez Frías, habían señalado que no reconocerían al Presidente que saliese electo en las elecciones de noviembre. ¿Cómo entender esta descalificaión si Chávez fue uno de los primeros mandatarios en reconocer el nuevo mandato de Ahmadinejad, a pesar de las bien fundamentadas denuncias de fraude en su contra?

El furtivo regreso de Zelaya a Honduras, lamentablementea apoyado pro Lula, indica cuán dramático resulta en esta parte del mundo no alinearse con Chávez y su chequera petrolera. Sin embargo, los hondureños están dando un ejemplo de lo que significa defender la democracia frente a los autócratas y a los caciques. Salvo los esporádicos  piquetes de exaltados que vociferan  algunas consignas a favor de MEL frente a la embajada de Brasil, la sociedad hondureña está demostrando que la soberanía reside en el pueblo, y no en un pintoresco personaje que quiso arrogarse un poder que nadie le había ni quería concederle. Zelaya parece que tendrá que tragarse su grito de guerra: patria, restitución o muerte.