Bajo el nuevo modelo político de Ortega, en el que una minoría política gobierna como mayoría en virtud de un pacto prebendario con el PLC de Arnoldo Alemán, no hay cabida para una oposición beligerante. El derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, hace 30 años, quedará registrado para siempre como el momento de mayor consenso nacional que alguna vez se haya alcanzado en la historia de Nicaragua.

No existe otro proceso de unidad nacional comparable con lo que ocurrió en los últimos meses antes de la caída de Somoza. La guerrilla del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), la oposición cívica, la clase empresarial, las iglesias, los profesionales, y sobre todo la juventud, que se entregó con generosidad a la lucha, formaron esta gran alianza nacional que, a su vez, generó una inmensa ola de solidaridad internacional y se convirtió en símbolo y esperanza de cambio en todo el continente.

El consenso se perdió rápidamente después de la caída de Somoza, al definirse el nuevo rumbo del país; no fue solamente por las contradicciones intrínsecas que conlleva todo proceso de cambio revolucionario, sino, además, porque el concepto de poder que albergaba el liderazgo del FSLN era intrínsecamente divisivo.

Mientras el FSLN se distanciaba de la ortodoxia de la izquierda mundial y ofrecía, de forma innovadora, una plataforma revolucionaria basada en el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento, en la práctica recurría a un esquema de poder totalizante para ejecutar ese programa.

Un esquema de hegemonía revolucionaria, semejante al de una sociedad de partido único, en el cual la fusión estado-partido-ejército-organizaciones de masas-aparatos ideológicos respondía a una sola voluntad política.

Mucho se ha debatido sobre las causas de la derrota de la revolución y el efecto de la guerra en la militarización de la sociedad y el descalabro de la economía. Fue una guerra de agresión externa y, al mismo tiempo, una guerra civil; sin duda, en el balance de la década de los 80, hay responsabilidades compartidas.

Pero la viabilidad de la revolución como proyecto democrático, aún si hubiera logrado sobrevivir la guerra y las elecciones de 1990, dependía, en última instancia, de hacer un cambio radical en ese modelo de poder con tendencias autoritarias. Pero esa posibilidad nunca se planteó en el FSLN antes de la derrota electoral.

Irónicamente, el cambio se produjo a contrapelo de la voluntad de la revolución, cuando la última revuelta armada del siglo XX entregó el poder por la vía de los votos al aceptar la derrota electoral.

El debate sobre la autocrítica del FSLN postderrota electoral, que terminó dividiendo al sandinismo en dos o más corrientes, se vuelve particularmente relevante ahora que Daniel Ortega y la vertiente oficial del FSLN, el orteguismo, regresó al poder hace dos años y medio.

De la derrota electoral del FSLN, en 1990, emergió el Consejo Supremo Electoral como la institución más confiable de la nueva institucionalidad democrática, y hoy, casi dos décadas después, simboliza el más grave retroceso.

El fraude electoral perpetrado por Ortega el año pasado en las elecciones municipales -el mejor documentado en la historia de América Latina- representa la negación del legado democrático de la revolución.

Bajo el nuevo modelo político de Ortega, en el que una minoría política gobierna como mayoría en virtud de un pacto prebendario con el PLC de Arnoldo Alemán, no hay cabida para una oposición beligerante.

Y cada vez que esta intenta desafiar al orteguismo, la respuesta oficial ha sido la represión a través de las fuerzas de choque y la anulación de la función policial como garante de los derechos constitucionales.

La otra cara del “cambio de modelo” proclamado por Ortega ha sido la privatización de la multimillonaria ayuda venezolana –US$457 millones en el 2008- para hacer política clientelista fuera del presupuesto y, sobre todo, para hacer negocios y engrosar los nuevos capitales privados vinculados con la familia gobernante.

De esa manera, el otrora partido revolucionario FSLN se parece más al viejo PRI mexicano, con la diferencia de que su maquinaria electoral está sometida al control y al poder de una sola persona y su familia.

El último capítulo de esta tragicomedia lo anunció Ortega el pasado 19 de julio, al proclamar su intención de reformar la constitución para imponer la reelección consecutiva. El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de la oposición para presionar y lograr la restitución de la confianza perdida del sistema electoral.

A final de cuentas, la solución al problema de Nicaragua no radica en el presidencialismo, el parlamentarismo o la reelección, sino en que exista un organismo independiente y transparente para contar los votos y restituir la democracia.

(*): Periodista nicaragüense. Director del semanario Confidencial y del programa televisivo Esta Semana.