TEGUCIGALPA, jul 11 . - Lejos de considerar al presidente Hugo Chávez como una amenaza, el Gobierno interino de Honduras ve en el mandatario venezolano un gran aliado para explicar al mundo por qué se dio un golpe de Estado en el empobrecido país centroamericano.
El derrocamiento de Manuel Zelaya el 28 de junio generó una amplia condena internacional, y pese a que ambas partes han aceptado iniciar un diálogo con la mediación del presidente costarricense, Oscar Arias, una solución rápida a la peor crisis política centroamericana en dos décadas parece lejana.

"Cada vez que Chávez habla para nosotros es ganancia, que siga hablando Chávez es lo que más queremos", dijo el jueves la vicecanciller interina, Martha Alvarado, en una entrevista con Reuters, en la que reiteró con vehemencia que pese a las conversaciones Zelaya no regresará bajo ninguna circunstancia. La Corte Suprema de Justicia, partidos políticos, gremios empresariales y los militares aseguran que su salida era la única opción para salvar al país del inesperado giro a la izquierda que dio a mitad de su mandato, cuando empezó a forjar una cercana alianza con el socialista Chávez.

El presidente venezolano aseguró el día del golpe que derrocarían a cualquier Gobierno que sustituyera a Zelaya, amenazó con acciones armadas contra el país y el viernes criticó duramente a Arias y a Estados Unidos por impulsar una mesa de diálogo con un "usurpador".

El mandatario fue depuesto el día que iba a realizar una consulta popular sobre una eventual reforma a la carta magna, pese a que había sido prohibida por un juez, y con la que muchos creen que buscaba abrir el camino hacia su reelección en uno de los países más conservadores de América Central.

Alvarado admitió que el hecho de que militares armados secuestraran y expulsaran del país al presidente en pijama es complicado de explicar, pero confió en poder convencer a la comunidad internacional de los fundamentos legales que esgrimen las autoridades provisionales.

"No había alternativa: o Chávez se tomaba Honduras a través de sus tentáculos o los hondureños hacíamos lo que teníamos que hacer dentro de la ley. Siempre supimos que había que pagar, ese costo se discutió y lo volveríamos a hacer las veces que fuera necesario", aseguró la funcionaria interina.

Sin embargo, muchos creen que aunque el depuesto líder hondureño se hubiera extralimitado en sus atribuciones como sostiene el Gobierno interino, deberían haberlo entregado a un juez y respetado su derecho al debido proceso.

El costo ha sido el aislamiento internacional del país y crecientes sanciones económicas que podrían poner en jaque la pequeña economía de la nación exportadora de café y textiles, que depende en gran medida de las remesas y los préstamos de organismos multilaterales.

"La comunidad internacional nos castiga hoy, pero la comunidad internacional no nos hubiera venido a liberar de Chávez. Estamos pagando el precio que tenemos que pagar por cinco meses y no 10 años como llevan los venezolanos", sentenció en una sala del Palacio Presidencial.