Acerca de la Reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones |
Escrito por Leandro Rodríguez Linárez | X: @leandrotango |
Jueves, 17 de Marzo de 2016 07:01 |
Acerca de la Reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
Hemos señalado en otras ocasiones que nuestra democracia está herida gravemente, pues constitucionalmente el equilibrio entre los poderes públicos es una falacia, el Ejecutivo Nacional es un súper poder, somos una democracia en extremo presidencialista y ello en lo más mínimo resulta positivo. Sí analizamos las naciones que hoy presentan alta calidad de vida nos encontramos con una realidad transversal entre ellas, un correcto y compensado equilibrio de las funciones vertebrales del Estado entre sus poderes públicos.
En consecuencia, el estamento jurídico en Venezuela no escapa de esta rezagada forma de Estado, leyes como la que rige las telecomunicaciones en el país es una oda al personalismo, al centralismo, al presidencialismo, lo cual es profundamente dañino al correcto desenvolvimiento de las telecomunicaciones, del flujo informativo, a la salud democrática.
En la actualidad esta Ley establece un “Órgano Rector” de las telecomunicaciones, siendo de adscripción al Ejecutivo Nacional. Así mismo, plantea la “Tutela Administrativa” de la Presidencia de la República hacia la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es decir, CONATEL es de hecho un apéndice del Ejecutivo Nacional, mal pudiéramos entonces hablar de idoneidad e imparcialidad en el tratamiento a la vital función de las telecomunicaciones, sobre todo de la información, exhibiendo hoy un imprudente sesgo y control gubernamental.
Por sí fuera poco, el Director General y el Consejo Directivo de CONATEL son de libre nombramiento por parte del Presidente de la Nación, lo que consolida el influjo presidencial en todas las actuaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Toda reforma que se realice a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para que sea provechosa y funcional, debe, entre otras, corregir estas malformaciones orgánicas, debe: En primer lugar, asegurar que CONATEL sea un instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, financiera, organizativa, administrativa y de funcionamiento, que rinda cuenta de su gestión y administración ante la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.
En segundo lugar, sería en extremo beneficioso eliminar la figura del Director General, plasmar en la reforma decisiones y actuaciones colegiadas ¡Eso sí! por un Consejo Directivo constituido democráticamente, por ejemplo un representante por cada uno de los siguientes actores: Televisión de señal abierta, por suscripción, radiodifusores, cinematógrafos, medios alternativos y comunitarios, telefónicas, organizaciones de usuarios, medios electrónicos, así como un representante del Ejecutivo y otro por la Asamblea Nacional.
En tercer lugar, es necesario colocar un piso mínimo al tiempo de las concesiones, de por lo menos 5 años, así evitar presiones políticas a cambio de concesiones “momentáneas”. Todo ello obsequiaría a nuestra democracia un ente imparcial y una actividad de telecomunicaciones acorde con los fines del Estado. @leandrotango
Hemos señalado en otras ocasiones que nuestra democracia está herida gravemente, pues constitucionalmente el equilibrio entre los poderes públicos es una falacia, el Ejecutivo Nacional es un súper poder, somos una democracia en extremo presidencialista y ello en lo más mínimo resulta positivo. Sí analizamos las naciones que hoy presentan alta calidad de vida nos encontramos con una realidad transversal entre ellas, un correcto y compensado equilibrio de las funciones vertebrales del Estado entre sus poderes públicos. En consecuencia, el estamento jurídico en Venezuela no escapa de esta rezagada forma de Estado, leyes como la que rige las telecomunicaciones en el país es una oda al personalismo, al centralismo, al presidencialismo, lo cual es profundamente dañino al correcto desenvolvimiento de las telecomunicaciones, del flujo informativo, a la salud democrática. En la actualidad esta Ley establece un “Órgano Rector” de las telecomunicaciones, siendo de adscripción al Ejecutivo Nacional. Así mismo, plantea la “Tutela Administrativa” de la Presidencia de la República hacia la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es decir, CONATEL es de hecho un apéndice del Ejecutivo Nacional, mal pudiéramos entonces hablar de idoneidad e imparcialidad en el tratamiento a la vital función de las telecomunicaciones, sobre todo de la información, exhibiendo hoy un imprudente sesgo y control gubernamental. Por sí fuera poco, el Director General y el Consejo Directivo de CONATEL son de libre nombramiento por parte del Presidente de la Nación, lo que consolida el influjo presidencial en todas las actuaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Toda reforma que se realice a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para que sea provechosa y funcional, debe, entre otras, corregir estas malformaciones orgánicas, debe: En primer lugar, asegurar que CONATEL sea un instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, financiera, organizativa, administrativa y de funcionamiento, que rinda cuenta de su gestión y administración ante la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. En segundo lugar, sería en extremo beneficioso eliminar la figura del Director General, plasmar en la reforma decisiones y actuaciones colegiadas ¡Eso sí! por un Consejo Directivo constituido democráticamente, por ejemplo un representante por cada uno de los siguientes actores: Televisión de señal abierta, por suscripción, radiodifusores, cinematógrafos, medios alternativos y comunitarios, telefónicas, organizaciones de usuarios, medios electrónicos, así como un representante del Ejecutivo y otro por la Asamblea Nacional. En tercer lugar, es necesario colocar un piso mínimo al tiempo de las concesiones, de por lo menos 5 años, así evitar presiones políticas a cambio de concesiones “momentáneas”. Todo ello obsequiaría a nuestra democracia un ente imparcial y una actividad de telecomunicaciones acorde con los fines del Estado.
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