Por lo menos desde el encarcelamiento del comisario Simonovis y los policías detenidos a raíz de las manifestaciones del 11 de abril de 2002

que llevaran a la renuncia de Hugo Chávez, devuelto al poder a las pocas horas gracias a la inolvidable traición de algunos de sus secretos compañeros felones, a nadie debió caberle la menor duda de que la institución de la justicia había sufrido una grave merma en Venezuela. Se había convertido, como viene sucediendo desde el establecimiento de las dictaduras,  en un instrumento de persecución, retaliación y venganza en manos del ejecutivo, el dictador,  a ser utilizado indiscriminadamente contra las fuerzas opositoras, que hicieran lo que consideraran respaldado por el sano juicio de la Constitución Nacional y los códigos penales, debían pagar con prisiones injustificadas, juicios amañados y condenas espurias su rechazo y negativa a dejarse someter por el poder, ya ilegitimado por el solo hecho de tal aberración.

No teniendo otra motivación a sus acciones que el restablecimiento pleno de la ley y la recuperación del Estado de Derecho, ambos consignados como imperativos a ser cumplidos por los ciudadanos según esa misma constitución, el hecho real es que era la primera vez, desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, que en Venezuela se daba el caso de la institucionalización de los presos políticos. Pues una cosa es atentar contra la majestad del Estado de Derecho, violada mediante acciones armadas, atentados asesinos, actos conspirativos o secuestros y asaltos cometidos por militantes políticos con finalidades desestabilizadoras, como todos los cometidos durante la vigencia de la democracia liberal fundada tras el Pacto de Punto Fijo, y otra muy distinta participar en manifestaciones de protesta contra los abusos antidemocráticos y anticonstitucionales cometidos por el gobierno para quebrantar el estado de derecho y erigir un régimen dictatorial y totalitario. Fue Ángela Zago, militante revolucionaria durante los años de la guerra de guerrillas quien formuló dicha diferencia sin lugar a dudas: atentar contra el estado de derecho, como atentaran quienes encarcelados pasaron a constituirse en “presos políticos”, incluido el padre de Jorge y Delcy Rodríguez o quienes pasaran algunos años en el Cuartel San Carlos, y otra muy distinta es ser detenido y encarcelado por manifestar tras el restablecimiento de ese mismo Estado de Derecho. 

El ejercicio pleno y libre de toda carga política sesgada que le reste su imperativo de objetividad, es definitorio de una auténtica institución de justicia. Su alteración da lugar a la existencia de la dictadura. Bien dice la sabiduría popular que en democracia no existen presos políticos. Basta comprobar su existencia para deducir que se está en medio de una dictadura. La piedra de toque entre la dictadura y la democracia reside en la majestad o perversión de la justicia.

Si no es al ejercicio y cumplimiento de la justicia, ¿a qué sirven los llamados “presos políticos”? Lo hemos señalado desde hace por lo menos quince años, cuando los hechos de la insurgencia popular del 11 de abril dieran paso a la acción puramente retaliativa y correccional de la justicia en contra de quienes ni siquiera tuvieran otra participación en las masivas protestas ciudadanas que resguardarlas contra eventuales enfrentamientos fratricidas. A pesar de lo cual, y como motivo de rechazo y defensa, la acción de pistoleros y francotiradores al servicio del ejecutivo y por órdenes de Hugo Chávez se saldara con la muerte de diecisiete venezolanos. Ninguno de cuyos asesinos fuera puesto a disposición de los tribunales. Algunos hasta fueron condecorados por el horrendo asesinato.

Ya entonces, entregados de pies y manos a la tutoría del castro comunismo cubano y a punto de convertirse Venezuela en una satrapía bajo la posesión plena de Fide Castro y la tiranía cubana, resultó claro y evidente que la justicia tenía, en Venezuela, mientras abandonaba sus verdaderas funciones en defensa de la ciudadanía y persecución y castigo al malandraje y al hamponato criminal, una doble función: castigar de manera emblemática a quien osara enfrentarse a los desmanes y violaciones políticas cometidas por el régimen, de una parte, al mismo tiempo que detentar un reservorio estratégico de rehenes mantenidos en resguardo de las autoridades carcelarias como simples objetos de amenaza, real o ficticia, y de intercambio para situaciones extremas. En otra palabras: los presos políticos se convirtieron en rehenes de un poder espurio, autocrático, dictatorial y tiránico.

No quisiera, por razones políticas obvias, resaltar el papel jugado por todas las instituciones del establecimiento, particularmente de aquellas que conforman el Poder Moral – Ministerio Público, Contraloría General y Defensoría del Pueblo – en la mantención y sostenimiento de esta reserva estratégica de rehenes. Algunos, juzgados  violentando todos sus derechos legales, como fuera el caso de Leopoldo López, cuyo traslado a su casa tras más de tres años de confinamiento, chicanas, abusos y violaciones, demuestra precisamente lo írrito, arbitrario y veleidoso de su cárcel y condena;  otros mantenidos en prisión carcelaria o domiciliaria sin el cumplimiento de las más elementales normas procesales, como es el caso del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.  A quien se le han negado los más elementales derechos procesales, como los que corresponden a la majestad de su cargo, hoy asumidos a la carrera y resueltos en minutos por el TSJ cuando se trata de defender a quienes sirven al régimen. 

El acogotamiento en que se encuentra la dictadura por la acción decidida e irrenunciable de las masas y sus vanguardias en pie de guerra, que no se detendrán hasta no lograr su desalojo; el acorralamiento en que la tiene la reacción internacional política y mediática ante sus flagrantes crímenes y delitos; y la inminencia del incumplimiento de sus obligaciones de pago ante los poderes financieros de los que se encuentra endeudado, han comenzado a incidir en el hecho de que suelte y afloje las cuerdas con que atenaza a sus rehenes. Es la causa inmediata del trueque de casa por cárcel a Leopoldo López. Pero que nadie se engañe: el depósito de presos, encarcelados y encausados da todavía para muchos negociados. Hay cientos de presos políticos, miles de procesados, y decenas de miles en las listas negras de la policía política del régimen. 

Una golondrina no hace verano. Nuestra exigencia debe ampliarse y fortalecerse: debemos imponer la apertura de las cárceles y el cierre de los juicios políticos amañados. Todos los presos políticos deben ser liberados, sin excepciones de categorías ni grados. Las puertas de las cárceles deben cerrarse detrás de los criminales que nos desgobiernan. Son ellos quienes deben pasar de sus casas a la cárcel. La revolución recién comienza. Hay que llevarla a buen fin. Es nuestro imperativo categórico.