Desde antes de diciembre de 2015, el Gobierno sabía que perdería las elecciones de la Asamblea Nacional.

Así se lo expresó Maduro a los expresidentes que nos visitaron a instancias de la MUD. A partir de esa derrota, el Gobierno decidió que no realizaría elecciones para perderlas. Esto fue claramente dicho por varios de sus dirigentes, y el argumento esencial era que la revolución no había llegado para irse como resultado de una elección, sino había llegado para quedarse. Se inhabilitó el revocatorio inconstitucional y atropellantemente; se difirieron las elecciones regionales y se diferirían las municipales. Como no hacer las presidenciales no sería tolerado internacionalmente, hubo que buscar otra salida.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue el camino tomado por la cúpula gubernamental, por lo que había que resolver cómo ganar las tres elecciones requeridas por el proceso constituyente. Pues con trampas, no hay otra manera. Deciden eliminar la primera de estas elecciones: el referéndum consultivo. Precisamente el referido a la convocatoria a Constituyente que señala el artículo 347 de la Constitución. El que demuestra que el pueblo está de acuerdo en convocar a una Asamblea Constituyente y además en aprobar las bases comiciales del proceso. Este referéndum consultivo, los partidarios de la democracia participativa y protagónica lo eliminan, y Maduro usurpa, sin vergüenza ninguna, la soberanía popular.

Pero tienen que elegir los diputados constituyentes y el Gobierno no gana ni una elección de condominio. Hay que hacer otra trampa: se elegirá la mitad de los diputados por voto directo, universal y secreto, y la otra mitad será electa por sectores sociales, “minoritarios, segregados, vulnerables”, a quienes hay que aplicar una discriminación positiva, es decir privilegiarlos, darles más derechos que al resto de los venezolanos. Las mujeres, los obreros, los indígenas, los pescadores, las comunas, los CLAP, supongo que los homosexuales y cualquier otro sector que se les ocurra, elegirán la mitad de los diputados, que los representarán no como venezolanos sino como segregados (¿?) de la sociedad. Está de anteojito que estas agrupaciones estarán controladas por el Gobierno, lo que significa que éste ya tendría la mitad de los diputados a la Constituyente.

Pero además, los integrantes de los sectores tramposamente privilegiados también votarán para elegir el otro 50%, el del perraje, el de quienes no estábamos hasta ahora en ningún grupo “discriminado”, ni “vulnerable”, es decir que podrán votar por lo menos dos veces. Y todo esto sin preguntarle al soberano si está de acuerdo; basta con que la cúpula lo esté. Deberían incorporar a las prostitutas, pues realizan un trabajo muy degradante, perseguido y en condiciones infamantes. Y también a los colectivos armados. Como si todo esto fuera poco, tampoco harán el referéndum donde el soberano debe aprobar la nueva Constitución. Resulta que modificaciones menores de la Carta Magna van a referéndum (las enmiendas: artículo 341; las reformas: artículo 344), pero una nueva Constitución no va a referéndum según estos tramposos del Gobierno. Y así dicen que van a lograr la paz. ¿Será acaso la paz de los sepulcros?