El autogolpe de Estado promovido por los bribones de la Sala Constitucional del TSJ, el deterioro de la situación económica (escasez, carestía, especulación),

y la negativa del régimen a realizar elecciones han motivado las inmensas protestas populares en la gran Caracas y ciudades del interior. El régimen ha mostrado una vez más su talante represivo-dictatorial. Las hordas de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y los grupos paramilitares (parachavecos) han sido los encargados de reprimir salvajemente a los venezolanos que han salido legítimamente a protestar. El régimen ha mostrado una vez más su talante represivo-dictatorial. Las hordas de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, así como los grupos paramilitares (parachavecos) han sido los encargados de reprimir salvajemente a los venezolanos que han salido legítimamente a protestar. 

La disidencia política ha ganado una vez más la calle. El iletrado de Maduro, carente de apoyo popular y con un liderazgo cuestionado dentro sus propias filas ha recurrido nuevamente a la violencia simbólica y a la represión masiva e indiscriminada en su intento por no afrontar y corregir sus errores. Sus bandas fanatizadas volvieron a poner en práctica las tácticas violentas nazi-fascistas del siglo pasado de arremeter contra todo vestigio disidente.

El discurso apologético a la violencia política por parte del régimen ha cobrado una nueva víctima. Jairo Ortiz, estudiante que protestaba pacíficamente junto a otros vecinos en los Altos Mirandinos fue asesinado por uno de los gatilleros uniformados al servicio del régimen. La sistemática denigración del disidente político por parte de los voceros del régimen ha conllevado a crear una identidad social despreciable que justifica su aniquilación física. La construcción de identidades sociales dicotómicas irreconciliables por parte de la barbarie milico-bolivariana (buenos-malos, patriotas-antipatriotas) hacen que la violencia, la cultura del odio, y la eliminación del oponente ideológico constituyan sus referencias paradigmáticas. Basta con haber escuchado los discursos de Cabello, Istúriz y Bernal en un reciente acto político en el cual la violencia y el odio tuvieron roles estelares. Aunque la violencia simbólica del régimen no deja huellas físicas, tiene profundos efectos emocionales sobre el lumpanato-bolivariano lo cual propicia la conversión de la misma en violencia física. Perversidades todas ellas muy propias del nazi-fascismo del siglo pasado.

Es evidente que con el asalto al poder de la logia fachochavista se produjo i) un retroceso significativo de los espacios democráticos existentes en el país, ii) la imposición de la doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana, sustentada en la lógica del enfrentamiento contra el enemigo interno, que lleva implícito su aniquilación y iii) se colocó en primer plano la utilización de la violencia como método para zanjar los conflictos sociales.

Aunque el fachochavismo asumió el poder proclamando la restauración del Estado de Derecho -violentado por los gobiernos previos-, lejos de ello, se ha dedicado a la institucionalización de la negación permanente de los derechos humanos (represión, criminalización de la protesta popular, tortura y muerte) y en lo económico a la imposición de un capitalismo de Estado salvaje que ha conculcado los derechos de los trabajadores. Los amedrentamientos, la tortura, la aplicación draconiana de legislaciones represivas por parte de tribunales genuflexos frente al régimen, el uso de la justicia militar para castigar a la disidencia política y el asesinato a manos de los grupos paramilitares (parachavecos) se han convertido en la política del Estado bolivariano. Maduro y su camarilla se han empeñado en imponer un modelo dictatorial tutelado por la pestilente bota militar con el marcado propósito de perpetuarse en el poder.

A través del miedo, la represión y el terror intentan imponer la subordinación y la pasividad frente a los atropellos del proyecto hegemónico bolivariano. Persiguen convertirnos en sujetos que atentan en contra de nuestros propios intereses: trabajadores defendiendo a un presidente antiobrero, despavoridas víctimas elogiando a sus represores, famélicos habitantes agradeciendo las limosnas de un Estado excluyente y opresor. Toda una política perversa destinada a transformar al ciudadano común en una verdadera escoria humana.

Maduro y su pandilla han institucionalizado la represión contra la disidencia política, la cual ha alcanzado niveles alarmantes que no tienen nada que envidiarles a los vividos durante los gobiernos adeco-copeyanos. Basta con ver las imágenes dantescas de la represión de las ultimas horas (bombas lacrimógenas contra centros de salud, palizas despiadadas contra manifestantes, el uso de helicópteros para lanzar bombas lacrimógenas, funcionarios del Estado disparando armas de fuego en contra de manifestantes).

Frente a estas graves violaciones de los derechos humanos ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? Este rufián además de haber expresado su firme apoyo al golpe de Estado propiciado por el TSJ, mantiene un silencio cómplice ante los graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por los esbirros del régimen.

La represión, la violencia y la muerte forman parte de la política que propicia el inquilino ruin de Miraflores.