Nos preocupa cómo los partidarios de Capriles, al igual que ocurrió en su momento con los de López, sostienen que nada impedirá que él sea presidente de Venezuela

1.- La ambición política

Los políticos profesionales aspiran a ejercer el poder o al menos alcanzar cargos próximos a quienes sí lo ejerzan. No se trata de gente altruista, que no conoce el egoísmo y se sacrifica por el abstracto bien común. Tampoco hay políticos profesionales ingenuos; por algo ingresan a una carrera que depende del voto popular y el presupuesto público, y la prolongan.

Puede haber políticos profesionales paranoicos y bipolares, pero ingenuos y altruistas no. Siempre están compitiendo por recursos escasos: votos, aliados y presupuesto. Si bien buscan el poder, no todos los políticos profesionales proyectan su ambición de la misma manera. En ese sentido, Joseph Schlesinger, en “Political parties and the winning of office” (1991), distingue tres tipos de ambición en los políticos profesionales, a saber:

a) la discreta, una vez que se gana determinado cargo y se ejerce cierto tiempo, el político se retira;

b) la estática, cuando el político aspira a permanecer en un mismo cargo el mayor tiempo posible, lo cual se facilita cuando hay más de una reelección; y

c) la progresiva, cuando el político proyecta su carrera en el largo plazo, concibiendo a varios cargos como escalones hasta el objetivo final, como una Gobernación o la Presidencia de la República.

2.- La ambición regresiva

En términos generales, el enfoque de ambición política de Schlesinger nos sirve para explicar la mayoría de perfiles de políticos profesionales. Sin embargo, la realidad venezolana muestra dos excepciones notorias a su enfoque, algo que podría denominarse ambición regresiva, es decir, el político, tras rozar la cima de su carrera, podría aspirar de nuevo a cargos inferiores, tal vez esperando nuevas oportunidades. Estas dos excepciones son Manuel Rosales y Henrique Capriles, justo los dos abanderados presidenciales de lo que ahora se conoce como Unidad Democrática, ambos fundaron sus propios partidos tras ser electos a cuerpos deliberantes por Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), respectivamente.

Concejal (1979-1982), diputado regional (1983-1994) y alcalde de Maracaibo (1995-2000) por AD, Rosales dejó la tolda blanca tras perder los comicios a gobernador ante Francisco Arias Cárdenas en 1998. Entre 1999 y 2000, Rosales fundó Un Nuevo Tiempo (UNT) y aprovechó la coyuntura de “relegitimación de poderes” por la recién promulgada Constitución para convertirse en gobernador del Zulia, cargo donde fue reelecto en 2004 y ejerció hasta 2008.

Tras ser derrotado por Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006 y como la Constitución de 1999 sólo admitía una reelección inmediata (previo a la enmienda de 2009), Rosales optó por otra candidatura a la Alcaldía de Maracaibo. Electo para el período 2008-2012, Rosales fue acusado de enriquecimiento ilícito por petición expresa de Chávez, con medida privativa de libertad por parte del Ministerio Público en 2009. Rosales pidió asilo político en el Perú, hasta que optó por regresar y entregarse en 2015, hasta su excarcelación el pasado 31 de diciembre; ahora no oculta su intención de regresar a la Gobernación del Zulia.

Por su parte, Capriles, postulado por COPEI, fue electo diputado por el Zulia en 1998 y con 26 años se convirtió en el vicepresidente más joven del extinto Congreso. Disuelto éste, Capriles fue uno de los fundadores de Primero Justicia  (PJ) y se convirtió en alcalde de Baruta en 2000, siendo reelecto en 2004, con un paréntesis de cuatro meses de prisión tras los sucesos de abril de 2002, de lo cual fue absuelto en 2006. Durante los comicios regionales de 2008, Capriles ganó la Gobernación de Miranda, donde fue ratificado en 2012, tras perder como candidato unitario en las elecciones presidenciales ante Chávez y desplazar al alcalde Carlos Ocariz, ganador de las primarias.

En abril de 2013, por segunda ocasión en un semestre, Capriles optó a la Presidencia y perdió, aunque por estrecho margen, ante Maduro. Capriles denunció fraude y desmovilizó a la gente, alternando el discurso de confrontación en los comicios municipales de 2013 con el repliegue mirandino, sobreviviendo con menos presupuesto tras la imposición de CORPOMIRANDA y “el protector” Elías Jaua.

3.- ¿”Coletazo del autogolpe” o inhabilitación y repunte?

La diputada María Corina Machado (2014), el alcalde mayor Antonio Ledezma (2015), los alcaldes Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira, 2014), Vicencio Scarano (San Diego, Carabobo, 2014), Lumay Barreto (Páez, Apure, 2015), Delson Guarate (Mario Briceño Iragorry, 2016) y Warner Jiménez (Maturín, Monagas, 2016), así como el diputado Gilber Caro (2017) son algunos de los casos de destitución, desafuero, reclusión e inhabilitación irregulares protagonizados por el régimen de Maduro. Ni hablar de la prisión por 13 años contra Leopoldo López o la “desproclamación” de los diputados de Amazonas y la Región Indígena Sur (2016), acto que dejó sin representantes legislativos a todo un estado.

Se trata de una cadena de procedimientos irregulares cuyo último eslabón ha sido la inconstitucional inhabilitación de Capriles por la Contraloría General. No es un “coletazo del autogolpe” como lo califica, en rol de víctima estelar, Capriles, quien ante atropellos previos fue poco más que un testigo pasivo, al igual que la plana mayor de la Unidad Democrática.

Cabe hacer un paréntesis sobre otros profesionales: los politólogos, quienes por (de)formación estamos llamados a actuar como analistas políticos o analistas de políticas. No estamos para divagar sobre tal o cual gobierno sería el más perfecto o generaría “mayor suma de felicidad”. Por el contrario, si somos serios, estamos llamados a formular preguntas incómodas, no a “filosofar sobre las bondades republicanas” o “el altruismo de los patriotas del siglo XXI”. Habrá quienes nos califiquen de “analistas desubicados” por preguntarnos quiénes podrían beneficiarse de la inhabilitación de Capriles y si el gobierno busca crear una “oposición a la carta”, encarnada por Rosales o el gobernador de Lara, Henri Falcón, potenciales aspirantes presidenciales por la Unidad Democrática. Pero si no lo hacemos, actuaríamos como si ciertos políticos profesionales fuesen ingenuos y no aspirasen a cargos de mayor importancia.

Suponiendo que Avanzada Progresista y UNT no fuesen los únicos partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral tras las jornadas de validación de registro (las acusaciones contra PJ y Voluntad Popular de incendiar instalaciones oficiales indicarían lo opuesto), y considerando una eventual convocatoria a comicios regionales a petición expresa de Maduro, cabría preguntarnos, por el contrario, si Capriles no es otra ficha de la oposición que el régimen confecciona  a su medida. Veamos por qué.

Pese a que la inhabilitación por 15 años parece un acto definitivo en la lógica autoritaria del régimen, podría servir como elemento de personalización de la crisis y distracción de la disolución práctica del parlamento, elevando la popularidad de Capriles, afectada por el frustrado referendo revocatorio presidencial que promovió. En ese sentido, no podemos pasar por alto conductas reprochables: tal como a mediados de 2016 Maduro recomendó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, meterse la Carta Democrática donde mejor le cupiese, ahora Capriles dedicó expresiones similares a Maduro y su documento de inhabilitación.

Lejos de refutar la injusta medida con argumentos jurídicos (como se espera de un abogado) y con un verbo decente (como se espera de un gobernador que ha sido candidato presidencial y promete cambiar este desastre), Capriles mutó en el peor Chávez –poniendo en entredicho la formación impartida por su Alma Mater- y anunció su particular adelanto de campaña, ofreciendo recorrer pueblo por pueblo porque a él no le inhabilitan para salvar a Venezuela –“Yo, el Mesías”- y de paso insistió sobre el supuesto temor de Maduro a que él llegue a ser el nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional… Por cierto, el otro adelanto de campaña presidencial es la publicidad televisiva de Falcón y sus giras durante las jornadas de registro.

Inhabilitado sí, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta que Capriles despegue en las encuestas y haga olvidar que la Asamblea Nacional sólo existe en el papel? ¿Hasta que una mayor presión internacional fuerce un supuesto viraje hacia la democracia? Entonces lo más conveniente para el régimen sería habilitar al candidato más conocido, para disolver las aspiraciones de otros que se hayan preparado a conciencia y dejar claro al aspirante opositor que, a sabiendas de la quiebra del país, lo menos riesgoso para su sobrevivencia política sería permanecer en la Gobernación de Miranda. Advirtamos que quizá el mayor error de Capriles sea creerse al mismo tiempo gobernador de Miranda (lo único que es), vocero de la Unidad Democrática y candidato vitalicio a la Presidencia y la citada Gobernación (como premio de consolación).

Nos preocupa cómo los partidarios de Capriles, al igual que ocurrió en su momento con los de López, sostienen que nada impedirá que él sea presidente de Venezuela; de hecho, casi lo profetizan, mientras el régimen avanza en la represión y el control de los pocos alimentos y medicinas disponibles. Una interrogante incómoda de cierre: ¿Acaso hay un plan de gobierno unitario que permita afrontar una eventual coyuntura sin este régimen y sin rentismo? El problema no está en defender las aspiraciones presidenciales de una persona, sino en restablecer la institucionalidad democrática y garantizar la estabilidad de un gobierno de transición. Eso no se logrará con un verbo altisonante, una gorra tricolor o mensajes reducidos a etiquetas descalificadoras; sólo será posible con propuestas claras y un equipo de gente comprometida, competente y responsable. La valentía ciudadana se refuerza con esperanza programática, no con frases vacías ni buenas intenciones.