Venezuela 2017: La Carta Democrática Interamericana y la revisión del semáforo
Escrito por Guillermo Martín | @guimarcastel   
Domingo, 19 de Marzo de 2017 09:48

altEn nuestra entrega del pasado 7 de junio, se explicó que la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA),

aprobada por unanimidad el 1 de junio, no implicaba en absoluto respaldo definitivo al gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, ese documento establecía un compás de espera, previo a la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Desde este espacio se afirmó: “Aunque parezca poco, la resolución reconoce a otros órganos del Poder Público -léase Asamblea Nacional- y la sociedad civil organizada; es decir, abarca un ámbito de actores que trasciende al Ejecutivo y al contenido de la CDI, más en el talante del instrumento de creación de la OEA –en lugar de avalar sin condiciones al gobierno nacional.

Se trata de un "semáforo en amarillo", es decir, el reconocimiento por parte del régimen de Maduro de que hay una crisis, la cual debe ser superada mediante “un diálogo abierto e incluyente”, “con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela.”

Asimismo, respalda toda iniciativa de diálogo nacional apegada a la Constitución y los derechos humanos, que permita resolver oportuna, pronta y efectivamente las diferencias y consolidar la democracia representativa, referendo revocatorio presidencial incluido. En otras palabras, se está exigiendo a ambas partes y a la misión que respalda UNASUR que las conversaciones y soluciones respeten el orden democrático, sobre todo la democracia representativa -misma que no sería posible sin la Asamblea Nacional.

Un eventual recurso de amparo ante la Sala Constitucional, contra la presunta usurpación de funciones del presidente en materia de política exterior por parte de la junta directiva del parlamento, pondría a prueba la determinación de la Asamblea General de la OEA, tras lo que sería el evidente fracaso de la misión avalada por UNASUR…”

 

1.- Contexto cambiante

Por aquellos días, tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mediante la presentación de un extenso informe, como la Cancillería de Argentina promovieron la sesión especial del Consejo Permanente para debatir la crisis venezolana. Nueve meses después, el diálogo avalado por El Vaticano y la UNASUR, en calidad de “acompañantes” (que no árbitros ni mediadores), se tradujo en más presos políticos, menos libertad de expresión (incluyendo la salida de CNN en Español y TV Azteca de la oferta nacional de televisión por cable), el desconocimiento judicial de la Asamblea Nacional, la confiscación del derecho al voto –léase suspensión indefinida del referendo revocatorio presidencial y elecciones regionales-, y, en suma, el agravamiento de la crisis humanitaria (más desnutrición infantil y general, mayor mortalidad por falta de medicinas e incidencia delictiva creciente, aunado a la hiperinflación y regulaciones arbitrarias que arrasan lo queda de economía).

No es gratuito que la actualización del informe del secretario general denuncie que el diálogo sólo ha servido para atornillar al régimen, mientras que la población en general se vuelve cada día más miserable y, por tanto, exija el cumplimiento de ciertas condiciones al gobierno de Maduro, so pena de que éste sea suspendido de la OEA, lo cual ya ocurrió en el MERCOSUR.

Tales condiciones son: 1.- La convocatoria a elecciones generales en un plazo de 30 días, con presencia de observadores internacionales reconocidos por ambas partes; 2.- la promulgación de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional; 3.- la liberación inmediata de los presos políticos; y 4.- la renovación de los Poderes Judicial y Electoral con base en lo contemplado en la Constitución, es decir, reconociendo a los dos tercios opositores que controlan el parlamento.

Asimismo, cabe destacar la presencia activa del gobierno peruano, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, en defensa de la institucionalidad democrática venezolana. Nótese que el Perú –ahora azotado por fuertes lluvias e inundaciones- ha sido uno de los países que ha mostrado mayor solidaridad con nuestros inmigrantes. Otra notable voz crítica ha sido la del gobierno de Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff.

 

2.- Costa Rica o la opinión dividida

Llama mucho la atención el contraste de opiniones entre el actual presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y sus dos antecesores: Óscar Arias y Laura Chinchilla, ambos miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), foro internacional de exmandatarios.

Aunque crítico con su sucesora y Solís en materia de política interior, Arias y Chinchilla han coincidido respecto a la crisis venezolana, incluso cuestionando tanto el descarado ventajismo exhibido por el régimen en los últimos comicios parlamentarios y las trabas al mecanismo revocatorio, como el desconocimiento directo e indirecto de la mayoría calificada opositora en la Asamblea Nacional.

Durante una entrevista para Deutsche Welle, en noviembre pasado, Arias afirmó: “Lo que tiene Venezuela es un narcoestado; muchos de los altos funcionarios de ese gobierno han estado involucrados en narcotráfico y saben qué futuro les espera cuando abandonen el poder… Tienen que ser los venezolanos los que resuelvan este problema…Tendrán que recibir el apoyo internacional que no han recibido hasta el momento…” Asimismo, el 8 de enero expresó vía Twitter: “Nuevamente pido a la comunidad internacional que vuelque la atención sobre nuestros hermanos venezolanos. Que la comunidad internacional ejerza presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que libere a todos los presos políticos. No hay que ser de derecha o de izquierda para alarmarse ante la crisis humanitaria que actualmente atraviesa”.

A su vez, el 17 de los corrientes, en entrevista concedida a NTN24, Chinchilla exigió “medidas drásticas” contra el gobierno venezolano por parte de la OEA, tras conocerse el nuevo informe de Almagro. “Al diálogo se le ha dado una oportunidad de más de un año y lo único que ha sucedido es que hoy los venezolanos están sufriendo más… Ya no se valen medias tintas, los gobiernos deben tomar una posición con absoluta claridad… no hay otra salida (sino activar la CDI)”.

La dirigencia opositora no escapó a las críticas de la exmandataria, sobre todo por  “… no tener claridad intelectual, ni consistencia política (en el frustrado diálogo)”. “Con esta visión tan errática de no saber qué hacer frente a un régimen que cada vez agrava más la situación de los venezolanos, muy difícilmente una acción internacional por más sensata o convincente que sea, como la del señor Almagro, va a poder prosperar”.

Sin embargo, Solís, quizá adoleciendo de la debida asesoría diplomática y motivado por el distanciamiento con sus antecesores (o porque culmina su mandato el año próximo), sostuvo el 16 de marzo –al término de una conferencia en Diálogo Interamericano, Washington, DC, que: "No voy a endosar ninguna acción específica, creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral… Creemos que no debemos adelantar temas hasta tanto no tengamos los suficientes elementos como para resolver si una elección ha sido justamente desarrollada".

En otras palabras, según el actual presidente costarricense, tanto Arias (Premio Nobel de la Paz 1987) como Chinchilla, quienes han visitado Venezuela, junto a otros miembros de IDEA, en varias oportunidades, o el nuevo informe Almagro, carecerían de argumentos para invocar la activación de la CDI. Solís tampoco parece entender la diferencia entre aumentar la presión diplomática con miras a una salida electoral y suspender al Estado venezolano de la OEA.

Peor aún, este mandatario, al igual que sus ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, desconocería la crisis de migrantes varados en su propio territorio, la cual se agravaría por la presencia de decenas de venezolanos que, tras ingresar a la economía informal en Panamá –abusando de su condición de turistas- han viajado a Costa Rica por unos días, pensando solicitar luego la renovación semestral de la visa vecina. Adviértase que el gobierno de Panamá acaba de prohibir esta posibilidad; por ende, Costa Rica podría experimentar una crisis de desplazados proporcional a la que se vive en el nordeste brasileño. De cualquier modo, a Solís apenas le quedan 14 meses en el cargo; sus compatriotas –con visitantes inesperados- pueden seguir esperando por nuestro inexistente diálogo.

 

3.- De PETROCARIBE apenas queda el nombre

Hace un año la votación caribeña –ALBA y PETROCARIBE- impidió que la citada resolución fuese más categórica. Entonces algunos gobernantes habrían creído que PDVSA podía suministrarles indefinidamente petróleo a muy bajo costo. No obstante, Raúl Castro ya había negociado con Barack Obama, previendo la insostenibilidad del patrocinio venezolano. Quizá los demás mandatarios caribeños también recuerden aquello de: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”.

 

4.- Los nuevos balseros

Finalmente, con o sin PETROCARIBE, Aruba, Curazao y Bonaire, por ejemplo, han experimentado el arribo irregular de venezolanos en los últimos meses, quienes –al igual que otros han hecho en Cúcuta y Bucaramanga (Colombia) o Roraima (Brasil)- tratan de ingresar a la economía informal e incluso pernoctan en plazas y parques.

Sin petróleo a precios irrisorios ni dádivas de diversa índole, cuesta creer que el apoyo caribeño sea perpetuo, especialmente porque ya no resulta descabellado pensar que algunos de esos países podrían sufrir una oleada de inmigrantes venezolanos, agravando su problemática interna. Al fin y al cabo, es preferible que los venezolanos permanezcamos aquí y seamos alimentados con nuestra producción agropecuaria.

Dado esto, no es tan remoto el escenario de que ahora el semáforo pueda tornarse, de hecho y de derecho, inapelablemente rojo, es decir, que al menos 18 de los 34 países de la OEA declaren que hay graves anomalías en la institucionalidad democrática venezolana y ratifiquen las exigencias de Almagro. Esto no es la Cuba de la “Guerra Fría”, que se amparaba en la Unión Soviética; tampoco este régimen sería financiado por el de La Habana en caso de ser el segundo expulsado de la OEA. Nadie se inmolaría por Maduro –ni siquiera Evo Morales-; convertirse en “Estado forajido” tiene su precio (lo mismo dirán sus acreedores chinos y rusos).

De cualquier manera, los cuestionamientos de Chinchilla a la Mesa de la Unidad Democrática seguirían presentes. (Respecto a tanta ambigüedad, recuérdese nuestro artículo “El tigre y los luchadores”, publicado el 3 de marzo).

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