Nicolás Maduro, bien se sabe, posee el control de todas las instituciones del Estado, en la práctica, instituciones del gobierno rojo, excepto

de la Asamblea Nacional. Pareciera que bastara una resolución de los amanuenses del Tribunal Supremos de Justicia para que al Parlamento le sean colocados unos candados; o, si se quiere mantener algunas fórmulas representativas, para que los diputados opositores sean inhabilitados y proscritos, y la AN sea ocupada únicamente por la bancada oficialista, tal como ocurrió el año pasado en la Nicaragua sometida a la voluntad de Daniel Ortega. No sería necesario rodear con tanques la sede del Poder Legislativo, expediente  utilizado por Alberto Fujimori en Perú en 1992. El Parlamento caería bajo las garras de Maduro sin posibilidades de que haya resistencia institucional interna.

¿Por qué si todo luce tan sencillo, y a pesar de las continuas amenazas de Maduro, Cabello y otros personajes del régimen, y de los temores de dirigentes opositores, no se ha producido un ortegazo o, más remoto, un fujimorazo? Esta compleja pregunta  no tiene una respuesta sencilla ni incuestionable. Sólo puede responderse con hipótesis.

Las tensiones de Maduro con la AN se producen en una fase de caída perpendicular de los ingresos petroleros, dentro de la crisis económica más pavorosa vivida por la nación y en medio de la caída más colosal que se recuerde de la popularidad de mandatario alguno; menos de 10% de los venezolanos aprueban la gestión del Presidente. En este cuadro, la intervención del Parlamento solamente llevaría a profundizar el colapso económico, aumentar la impopularidad del jefe de Estado, ya muy aislado,  y reducir la esfera del gobierno a la práctica de la represión pura y simple. Ortega y Fujimori llevaron a cabo sus respectivos golpes contra el Congreso cuando eran favorecidos por las encuestas debido a que las economías de Nicaragua y Perú crecían a tasas importantes, esos países habían estabilizado sus variables macroeconómicas, especialmente la inflación, los negocios florecían y, en Perú, la violencia demencial desatada por Sendero Luminoso y el grupo ultraizquierdista Túpac Amaru había sido derrotada. En ese ambiente tan favorable, ambos gobernantes autoritarios consideraron que había llegado el momento de entronizarse en el poder asestándole un mazazo al Poder Legislativo.  Por la popularidad de esos gobernantes, en el plano interno no se produjeron protestas masivas significativas. Los autócratas lograron imponer sus deseos sin mucha resistencia, e incluso con cierto beneplácito popular. En la esfera internacional, las respuestas fueron tibias. Carlos Andrés Pérez, demócrata por vocación y convicción,  fue de los pocos mandatarios que rompió relaciones diplomáticas con Fujimori.

Maduro se encuentra a años luz de ese ambiente idílico. Su gestión es un infierno por donde se le mire.  Una arremetida contra la AN terminaría de hundirlo en el desprestigio nacional e internacional, y contribuiría a que la oposición se galvanice de nuevo.

En otro plano, la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Maduro lo obliga a contraer empréstitos internacionales. Los precios del petróleo se mantendrán alrededor de los $50 durante un período prolongado. Esta cifra sería suficiente para una administración cautelosa y racional, pero para los rojos, habituados a saquear el erario público, resulta insuficiente. La globalización ha introducido un cambio notable en las modalidades del endeudamiento. Los organismos internacionales saben que los gobiernos cambian, mientras los países perduran. Los países tienen que comprometerse a través de los órganos que representan la soberanía popular. En una república, el depositario de esa soberanía es el Parlamento. Los gobiernos no pueden contraer deudas importantes si no son avaladas por el Poder Legislativo. Si Maduro no obtiene el apoyo de la AN, ningún organismo internacional  o gobierno se atreverá a prestarle las cuantiosas sumas de recursos que necesita para financiar su elefantiásico e inoperante Estado. Este hecho obliga a un matrimonio morganático entre Maduro y la AN. Colocar unos fantoches en el Parlamento, como hizo Ortega,  y convertirlos por obra y gracia del TSJ en los genuinos representantes del pueblo, no le servirá de nada. Tampoco, enjaular el Parlamento. El mundo sabe que la oposición ganó las elecciones parlamentarias con algo más de ocho millones de votos. La legitimidad se encuentra de este lado.

La cohabitación inevitable de Maduro con la AN opositora debería ser aprovechada por la MUD para extraerle  acuerdos al régimen que favorezcan la salida pacífica a la crisis y la recuperación sostenida de la democracia.