Enlazar la lucha social con la vigencia de la Constitución
Escrito por Nelson Acosta Espinoza   
Domingo, 23 de Octubre de 2016 09:50

altA los ojos de muchos lectores, pudiera parecer exagerada la apreciación que a continuación voy a señalar. Sin embargo, me atreveré a correr este riesgo.

Después de todo, de eso se trata el oficio de columnista: intentar formar opinión sobre temas de actualidad.

Bien, creo es justo señalar que la dirección política de la oposición ha sido desbordada, nuevamente, por las acciones de los aparatos jurídicos y electorales del gobierno. Contrasta, por ejemplo, la celeridad del oficialismo en tomar medidas contra el referéndum con el sentimiento de “sorpresa” que inundó a sectores de la oposición democrática al hacerse pública esta decisión. Máxime, cuando ya se advertía que un fallo de esa naturaleza se estaba cocinando y había sido anunciado por representantes del gobierno.

El fraude, sin la menor duda, estaba avisado. Veamos. El 20%, por decisión de la Sala Electoral, debía recolectarse por estados. En otras palabras, bastaba no alcanzar a la recolección del 20% en un estado para que el CNE suspendiera el acto electoral en todo el país. Se desconocía así la circunscripción nacional del RR.

El punto culminante de este proceso continuado de fraude lo constituye el anuncio por parte de varios gobernadores del sector oficial de sentencias de tribunales penales anulando el revocatorio. El CNE cierra, con broche de oro,  esta estafa al orden constitucional al anunciar la suspensión de RR en todo el país. Dicho en corto: la nación acaba de presenciar un golpe de estado de nuevo cuyo: la subversión post moderna del ordenamiento político vigente.

Ahora bien, ¿Cuáles han de ser los cursos de acción para el sector democrático de la oposición? ¿Pasar de la lucha de  movimientos a la de  trincheras?

Voy a intentar explicar esta última afirmación. La oposición democrática, a mi juicio, ha agotado todas las vías de naturaleza institucional (guerra de movimientos) para intentar dar una salida constitucional al conflicto político. La última vía institucional que quedaba - el referéndum- fue suspendido mediante un fraude a las normas constitucionales y al estado de derecho vigente en  el país. En otras palabras, todas las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos, y a las cuales se ha acudido para solucionar la crisis por la que atraviesa Venezuela, han sido cerradas.

Regresemos a la distinción entre los dos tipos de estrategias mencionados en el párrafo anterior. Soy de la opinión que la dirección política de la oposición debe volcarse hacia la gente y sus necesidades. Ahí se encuentran  las “trincheras” que deben cobijar la lucha contra esta dictadura post moderna.

Son distintas, entonces, las reglas sobre las cuales se deberá organizar  las contiendas futuras. Por un lado, hay que ir al encuentro de las necesidades de la población. Politizar esas carencias y orientarles hacia el rechazo de los verdaderos responsables de sus penurias: Maduro y el socialismo del siglo XXI.  Y, por el otro, hay que hacer realidad el precepto de acuerdo al cual la soberanía reside en el pueblo. Y en nombre de esta soberanía luchar para el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.

Estamos ante una oportunidad de naturaleza histórica: dotar de significación social la lucha por el restablecimiento de la normativa constitucional. Pan y derechos se pueden articular mutuamente. De eso de se trata la guerra de trincheras. Intentar, desde la sociedad civil, establecer una relación de implicación entre las luchas de naturaleza reivindicativas (salariales, salud, educativas, calidad de vida, entre otros) con las de índole político (vigencia de la constitución).

Desde luego, la tarea no es fácil. Conspira contra esta forma de lucha una cierta cultura política que hace de la transacción un objetivo en sí mismo. Esta tendencia ha de ser derrotada. Para ello sería necesario organizar un vasto movimiento social más allá de la MUD, Guardando las distancias, una suerte de Frente Popular que involucre a una diversidad de actores (universidades, sindicatos, federaciones de estudiantes, asociaciones de vecinos, entre otros).

En fin, un frente heterogéneo que enlace la defensa del orden constitucional y la lucha por la calidad de vida de la población.

La política, pudiera ser así.

 

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