El voto rosa será por el cambio
Escrito por Carlos Colina | @CarlosColina7   
Sábado, 28 de Noviembre de 2015 03:29

El voto rosa será por el cambio
Tamara Adrián y Rosmit Mantilla,
26-11-2015
CARLOS COLINA Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Like us on Facebook Like us on Twitter Enviar por correo
Por vez primera, con la propuesta de la MUD, pudiésemos tener presencia directa en la Asamblea Nacional con Tamara Adrián y Rosmit Mantilla, por la Parroquia de El Recreo de Caracas y por el circuito 5 del Estado Táchira, respectivamente
Durante la primera década del siglo y del milenio que apenas comienza proliferó el reconocimiento internacional de la diversidad sexual y de género, que supera, de hecho y de derecho, el esquema binario de origen heterosexista y patriarcal. Como hitos importantes podemos mencionar los Principios de Yogyakarta (2007) y la sucesiva sanción de directivas y resoluciones de la ONU, la OEA y la Unión Europea.
El milenio principió con el reconocimiento de la diversidad cultural, nacional, lingüística, sexual, biológica, entre otras. De esta manera, la homofobia y el heterosexismo, es decir, la pretensión de imponer el estilo de vida heterosexual a todos los individuos, se han equiparado a la xenofobia y el racismo, respectivamente. La democracia no es la aplicación autoritaria de una norma a todas las personas. En la contemporaneidad, se entiende como el respeto y el reconocimiento de todas las minorías: culturales, nacionales, religiosas, étnicas, de orientación sexual e identidad de género.
A nivel internacional, son los partidos socialdemócratas modernos del hemisferio norte desarrollado, quienes han llevado la batuta en la defensa de los derechos humanos por orientación sexual, identidad y expresión de género; y han dictado y sancionado leyes ad hoc. No obstante, hoy día, el progresismo en esta área parece ser sinónimo de democracia, entrando en caducidad el eje que divide el espectro político tradicional entre izquierdas y derechas. En los últimos tres lustros, 22 países han aprobado el matrimonio igualitario. En más de 50 naciones es legal el cambio de identidad para las personas transexuales.
En Latinoamérica, contamos con la deshonrosa situación de estar a la zaga en este terreno, como en tantos otros. La mayoría de los países de la región han dado pasos agigantados en este tema. Argentina fue el primer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a nivel nacional, en el año 2010. Dos años después, en el año 2013, fue aprobado en Uruguay y Brasil. En Colombia (2007), Ecuador (2008) y Chile (2015) se aceptan las uniones civiles. En Costa Rica se reconoce también la unión de hecho de parejas homosexuales. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo se puede realizar en todas las entidades federativas que integran México, tras la resolución de jurisprudencia 43 2015 de la SCJN, emitida el 12 de junio de 2015. Anteriormente únicamente se podía realizar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila.
Los informes presentados recientemente por la red LGBTI de Venezuela, Unión Afirmativa y Diverlex ante los organismos internacionales de derechos humanos han establecido como diagnóstico que Venezuela carece de un marco normativo y de políticas públicas orientadas a garantizar el libre y pleno goce de los derechos humanos de las minorías sexuales.
Encontramos la inobservancia y la falta de implementación de los estándares internacionales de protección, establecidos para este importante sector de la población. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH han formulado recomendaciones en esa dirección y han expresado la necesidad de leyes específicas (Matrimonio Igualitario, Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y Ley de identidad de género), exigiendo, asimismo, la formulación de medidas cautelares a favor de los militantes de las ONG en este campo. Los sucesivos informes de Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI; 2003, 2008, 2013, 2015) dan cuenta del incremento de los crímenes de odio, a saber, agresiones físicas y verbales, hostigamientos, atropellos, acoso y asesinatos, entre otros.
Si no hay una inscripción legal de los derechos, no hay un pleno reconocimiento de los individuos como sujetos y ciudadanos plenos, que pueden actuar en condiciones de igualdad y libertad. En el país, no existen leyes específicas dirigidas a las personas sexo diversos sino migajas legislativas, es decir, artículos parciales en leyes inespecíficas, a tono con las dádivas populistas en todas las áreas. No hay políticas dirigidas a las personas sexodiversas, sino la oferta manipulatoria de una visibilidad sin los derechos efectivos que establece la legislación internacional comparada. Por acción y omisión podemos hablar de homofobia de Estado, cuyos funcionarios no han dudado en establecer transacciones descalificadoras y dirigir agresiones e intimidaciones a las personas sexodiversas. Aquí están incluidos, lastimosamente, los más altos funcionarios de los principales poderes públicos.
La tan celebrada marcha nacional del orgullo gay ha combinado la tónica carnavalesca que desvirtúa el movimiento social que se catapultó a partir de Stonewall, con la manipulación y cooptación estatal, que ha secuestrado el desfile desde el punto de vista ideológico y propagandístico. De resultas, se establece un inclusión simbólica que termina siendo excluyente, porque para ser visible se debe pasar por la alcabala bolivariana. Esta situación se condensa en el lema de la de la marcha del año 2010: “orgullo y revolución”.
Las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales deberíamos ejercer una ciudadanía integral que sea beligerante con nuestros derechos específicos pero que no erija una ciudadanía encapsulada en su diferencia, sino que, por el contrario, parta del carácter indisoluble e interdependiente de los derechos humanos.
De manera análoga al antiguo período gomecista, nuestro país manifiesta otra vez un retraso secular. Venezuela está anclada a la realidad y al imaginario pre-modernos del siglo XIX y a los parámetros del socialismo estatista del siglo XX. Este último poseía un marcado carácter totalitario, y como modelo ha tenido una impronta autoritaria en el sistema político bolivariano. Nuestro país debe incorporarse de una vez al siglo XXI e insertarse plenamente a la sociedad del conocimiento dentro de un estado laico de derecho. Contamos con diez y seis años de extravío.
Por vez primera, con la propuesta de la MUD, pudiésemos tener presencia directa en la Asamblea Nacional con Tamara Adrián y Rosmit Mantilla, por la Parroquia de El Recreo de Caracas y por el circuito 5 del Estado Táchira, respectivamente. La sombra del prejuicio por orientación sexual e identidad de género se achica poco a poco pero el inicio de un viraje positivo para todos es inminente.
Tal Cual

altPor vez primera, con la propuesta de la MUD, pudiésemos tener presencia directa en la Asamblea Nacional con Tamara Adrián y Rosmit Mantilla,

por la Parroquia de El Recreo de Caracas y por el circuito 5 del Estado Táchira, respectivamente

Durante la primera década del siglo y del milenio que apenas comienza proliferó el reconocimiento internacional de la diversidad sexual y de género, que supera, de hecho y de derecho, el esquema binario de origen heterosexista y patriarcal. Como hitos importantes podemos mencionar los Principios de Yogyakarta (2007) y la sucesiva sanción de directivas y resoluciones de la ONU, la OEA y la Unión Europea.

El milenio principió con el reconocimiento de la diversidad cultural, nacional, lingüística, sexual, biológica, entre otras. De esta manera, la homofobia y el heterosexismo, es decir, la pretensión de imponer el estilo de vida heterosexual a todos los individuos, se han equiparado a la xenofobia y el racismo, respectivamente. La democracia no es la aplicación autoritaria de una norma a todas las personas. En la contemporaneidad, se entiende como el respeto y el reconocimiento de todas las minorías: culturales, nacionales, religiosas, étnicas, de orientación sexual e identidad de género.

A nivel internacional, son los partidos socialdemócratas modernos del hemisferio norte desarrollado, quienes han llevado la batuta en la defensa de los derechos humanos por orientación sexual, identidad y expresión de género; y han dictado y sancionado leyes ad hoc. No obstante, hoy día, el progresismo en esta área parece ser sinónimo de democracia, entrando en caducidad el eje que divide el espectro político tradicional entre izquierdas y derechas. En los últimos tres lustros, 22 países han aprobado el matrimonio igualitario. En más de 50 naciones es legal el cambio de identidad para las personas transexuales.

En Latinoamérica, contamos con la deshonrosa situación de estar a la zaga en este terreno, como en tantos otros. La mayoría de los países de la región han dado pasos agigantados en este tema. Argentina fue el primer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a nivel nacional, en el año 2010. Dos años después, en el año 2013, fue aprobado en Uruguay y Brasil. En Colombia (2007), Ecuador (2008) y Chile (2015) se aceptan las uniones civiles. En Costa Rica se reconoce también la unión de hecho de parejas homosexuales. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo se puede realizar en todas las entidades federativas que integran México, tras la resolución de jurisprudencia 43 2015 de la SCJN, emitida el 12 de junio de 2015. Anteriormente únicamente se podía realizar en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila.

Los informes presentados recientemente por la red LGBTI de Venezuela, Unión Afirmativa y Diverlex ante los organismos internacionales de derechos humanos han establecido como diagnóstico que Venezuela carece de un marco normativo y de políticas públicas orientadas a garantizar el libre y pleno goce de los derechos humanos de las minorías sexuales.

Encontramos la inobservancia y la falta de implementación de los estándares internacionales de protección, establecidos para este importante sector de la población. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH han formulado recomendaciones en esa dirección y han expresado la necesidad de leyes específicas (Matrimonio Igualitario, Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y Ley de identidad de género), exigiendo, asimismo, la formulación de medidas cautelares a favor de los militantes de las ONG en este campo. Los sucesivos informes de Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI; 2003, 2008, 2013, 2015) dan cuenta del incremento de los crímenes de odio, a saber, agresiones físicas y verbales, hostigamientos, atropellos, acoso y asesinatos, entre otros.

Si no hay una inscripción legal de los derechos, no hay un pleno reconocimiento de los individuos como sujetos y ciudadanos plenos, que pueden actuar en condiciones de igualdad y libertad. En el país, no existen leyes específicas dirigidas a las personas sexo diversos sino migajas legislativas, es decir, artículos parciales en leyes inespecíficas, a tono con las dádivas populistas en todas las áreas. No hay políticas dirigidas a las personas sexodiversas, sino la oferta manipulatoria de una visibilidad sin los derechos efectivos que establece la legislación internacional comparada. Por acción y omisión podemos hablar de homofobia de Estado, cuyos funcionarios no han dudado en establecer transacciones descalificadoras y dirigir agresiones e intimidaciones a las personas sexodiversas. Aquí están incluidos, lastimosamente, los más altos funcionarios de los principales poderes públicos.

La tan celebrada marcha nacional del orgullo gay ha combinado la tónica carnavalesca que desvirtúa el movimiento social que se catapultó a partir de Stonewall, con la manipulación y cooptación estatal, que ha secuestrado el desfile desde el punto de vista ideológico y propagandístico. De resultas, se establece un inclusión simbólica que termina siendo excluyente, porque para ser visible se debe pasar por la alcabala bolivariana. Esta situación se condensa en el lema de la de la marcha del año 2010: “orgullo y revolución”.

Las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales deberíamos ejercer una ciudadanía integral que sea beligerante con nuestros derechos específicos pero que no erija una ciudadanía encapsulada en su diferencia, sino que, por el contrario, parta del carácter indisoluble e interdependiente de los derechos humanos.

De manera análoga al antiguo período gomecista, nuestro país manifiesta otra vez un retraso secular. Venezuela está anclada a la realidad y al imaginario pre-modernos del siglo XIX y a los parámetros del socialismo estatista del siglo XX. Este último poseía un marcado carácter totalitario, y como modelo ha tenido una impronta autoritaria en el sistema político bolivariano. Nuestro país debe incorporarse de una vez al siglo XXI e insertarse plenamente a la sociedad del conocimiento dentro de un estado laico de derecho. Contamos con diez y seis años de extravío.

Por vez primera, con la propuesta de la MUD, pudiésemos tener presencia directa en la Asamblea Nacional con Tamara Adrián y Rosmit Mantilla, por la Parroquia de El Recreo de Caracas y por el circuito 5 del Estado Táchira, respectivamente. La sombra del prejuicio por orientación sexual e identidad de género se achica poco a poco pero el inicio de un viraje positivo para todos es inminente.

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@CarlosColina7

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