¿Consejo de extensión universitaria?
Escrito por Antonio José Monagas | @ajmonagas   

altLa libertad de iniciativa que invoca la Ley de Universidades en su artículo 6º,  justifica plenas posibilidades de movilizar decisiones

que planteen la realización de causas académicas que se correspondan con solicitudes de las comunidades a las cuales se deben las universidades. Pero sobre todo, cuando dichas situaciones comprometen la necesidad de afianzar derechos culturales y educativos que reivindican valores de cultura social, política y económica del venezolano.

La autonomía universitaria de la cual gozan estas importantes instituciones para “(…) planificar, organizar elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión” (Artículo 109, Constitución de la República 1999), concede facultades a la Universidad para actuar en consonancia con determinaciones que afirman el deber de “(…) colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (Del artículo 2º, Ley de Universidades). En consecuencia, las instancias primarias de gobierno universitario, podrán actuar en sintonía con tan trascendentales intenciones. Y el Vicerrectorado Académico, al constituir el centro de los procesos de decisión de la vida académica, le corresponde impulsar tan aludida y fundamental “libertad de iniciativa” a partir de la cual deben depararse propuestas y programas que vayan en la línea de consolidar el acercamiento entre la Universidad y la sociedad.

La idea de crear una instancia adscrita al Vicerrectorado Académico cuyas funciones concuerden con el dominio de necesidades provenientes de problemas localizados en la comunidad y cuya respuesta sea obviamente de carácter académico, es inminentemente pertinente. Su creación, además de no reñir con la normativa vigente y no interferir la funcionalidad universitaria por cuanto no existe, en los niveles estratégicos institucionales, alguna instancia que tenga entre sus propósitos inmediatos estimular y emprender actividades dirigidas exactamente a la Extensión Académica, debe instituirse de acuerdo a la categoría que corresponde a funciones igualmente fundamentales como la investigación y la docencia tal como lo estima el artículo 3º de la Ley de Universidades. Sólo que el mismo debería exaltar que la posibilidad de que las universidades cumplan su función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, radica en la naturaleza de actividades dirigidas a crear, asimilar y difundir  el saber mediante la investigación, la enseñanza y la extensión.

Por consiguiente, la institucionalización de aquellos procesos universitarios encauzados por la extensión académica, deberán estructurarse desde la funcionalidad a la cual podría responder la figura organizacional denominada “Consejo”. Ello en el entendido de que las actividades de extensión alineadas con la razón de ser de la universidad, y con su espíritu de formación integral de los cuadros que demanda la Nación para su desarrollo y progreso, son exactamente de complexión académica. Entonces, habrá que hablarse de la creación de un ¿Consejo de Extensión Académica?

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