¿Política industrial o mercado?
Escrito por Enrique González (economista)   
Viernes, 19 de Mayo de 2017 00:47

altUna discusión no nimia es la referida a cuál debe ser la función y alcance del Estado en promover la productividad y el fomento

de ciertos sectores económicos. Lejos de parecer pretender asomar posiciones o alternativas dicotómicas excluyentes; el presente artículo pretende simplemente asomar cómo buenas intenciones instrumentalizadas por medio de una serie de incentivos -en contraposición a la alternativa no intervencionistas de dejar que los precios del mercado libre reflejen deseos y valoraciones sociales- puede terminar arrojando resultados no deseados. Lo anterior no significa que cierto tipo de intervenciones públicas en favor de ciertos sectores de interés, -por ejemplo por su alto valor agregado, por su potencial nacional a lo largo de toda la cadena de valor, por dotación nacional de recursos específicos, etc.- podrían resultar oportunas, especialmente si existen ciertos tipos de barreras económicas a la entrada o fallas de mercado -por ejemplo bajas fuentes de financiamiento producto de asimetrías de información, potencial de economías de aglomeración, efectos derrames de conocimiento y tecnología, o la necesidad de imponer interconexión, compatibilidad o estándares para que el mercado pueda finalmente materializarse-.

Sin embargo, en Venezuela ha solido aplicarse como política industrial de fomento al crecimiento de sectores específicos, específicamente industriales, exoneraciones fiscales o facilidades para la adquisición de maquinaria e inversión en capital fijo, simultáneamente con el otorgamiento de cupos de acceso a materia prima con precios subsidiados -especialmente cuando el proveedor aguas arriba suele ser el Estado-.

El diseño de política anterior, como esquema de incentivo en favor de la inversión en capacidad instalada; ha producido una rápida instalación de un parque industrial en ciertos sectores industriales transformadores.

El presente artículo explica como un esquema de incentivos creados por una política de exoneraciones a la inversión en capital y el otorgamiento de cupos de acceso a materia prima subsidiada dependiendo de la capacidad instalada crea un problema conocido como Averch-Johnson.

Primer Caso de Empresa sin Política Industrial y enfrentada al Mercado: 

Una empresa que tiene que cumplir un nivel de oferta, producción o que tiene que proveer un nivel de servicios y se le deja actuar a favor de sus objetivos (maximizar sus ganancias por medio de la reducción de los costes) posee la siguiente función objetivo:

Min    r K + w L

s.a     F(K,L) = q

 Donde K es el nivel de capital, activos fijos o capacidad instalada; r es el costo del capital; L la cantidad de mano de obra o trabajo contratado; y w los sueldos y salarios del trabajo contratado. Por su parte en la restricción a la cual está sujeto este programa de optimización tenemos a F(K,L)=q representando la cantidad de producción o planificación de producción determinada por la demanda del producto en cuestión.

El lagrangeano es: ℓ = r K + w L + λ (F(K,L) – q )

∂ℓ/∂K = r + λ ∂F/∂K = 0 ;  ∂ℓ/∂L = w + λ ∂F/∂L = 0  C.P.O.

 

Despejando λ, tenemos:

λ = - r / (∂F/∂K)  ;  λ = - w / (∂F/∂L)

∂F/∂K = Fk = Productividad Marginal del Capital 

∂F/∂L = Fl = Productividad Marginal del Trabajo

- r / (∂F/∂K)  = - w / (∂F/∂L)

- r / Fk  = - w / Fl

 

Fk / Fl = r / w

Este sería el resultado de equilibrio si a las empresas se les deja simplemente minimizar los costes a la hora de cumplir con un nivel de oferta determinada por su nivel de demanda. La condición que minimiza el coste de atender la cantidad de bienes establecida en la restricción resulta ser la relación de las productividades marginales de los factores productivos -trabajo y capital- igualada a la relación de precios de los mismos.

 

Segundo Caso de Empresa sometida a la Política Industrial: 

Sin embargo, cuando cuando se instrumenta una política industrial basado en incentivos, exoneraciones fiscales, facilidades al financiamiento y acceso a maquinaria y capacidad instalada, y luego está capacidad instalada sirve de base referencial para otorgar acceso a una materia prima subsidiada, los esquemas de incentivos cambian.

Ahora veremos el caso de la empresa sometida a incentivos producto de la política industrial, como sería una retribución al capital, s, mayor que r, donde r es la tasa de rentabilidad sobre el capital y s sería no sólo el costo del capital sino adicionalmente el beneficio que recibe la empresa producto del subsidio al acceso a la materia prima que se encuentra supeditado estricta y directamente relacionado a un cupo determinado por la capacidad instalada de la empresa. Así las cosas para el presente caso tendemos un s1, siendo que s1>s. Si adicionalmente consideramos que el costo del capital ha sido disminuido por exoneraciones fiscales o subsidios al financiamiento al acceso a la maquinaria y la capacidad instalada, en este caso r seía menor al caso sin política industrial, por lo que para el presenta caso tendremos. r1, siendo que r1

Max ∏ = F(K,L) P [F(K,L)] – w*L – r1*K 

Sujeto a: (P[F(K,L) F(K,L) – wL)/K = s1 = La tasa de rentabilidad aumentada producto de la política industrial

 

El lagrangeano queda: ℓ = F(K,L)P[F(K,L)] – w*L – r1*K – λ[P[F(K,L) F(K,L) – w*L – s1*K] 

∂ℓ/∂K = ∂P/∂F  ∂F/∂K  F + P ∂F/∂K – r1 – λ (∂P/∂F ∂F/∂K F + ∂F/∂K P – s1 ) = 0   C.P.O

∂ℓ/∂L = ∂P/∂F  ∂F/∂L  F + P ∂F/∂L – w – λ (∂P/∂F ∂F/∂L F + ∂F/∂L P – w ) = 0   C.P.O

 

Simplificando al sacar factor común:

∂F/∂K [∂P/∂F F + P – λ ∂P/∂F F – λ P] = r 1– λ* s1

∂F/∂L [∂P/∂F F + P – λ ∂P/∂F F – λ P] = w – λ w

 

Dividiendo ambas expresiones se obtiene:

(∂F/∂K)/( ∂F/∂L) = (r1 – λ* s1)/(w – λ w)

La expresión anterior constituye la condición de equilibrio de la empresa sometida a la política industrial descrita anteriormente. La idea sería compararla con la condición de equilibrio minimizador de costes de la empresa no sometida a la política industrial (calculada anteriormente como Fk/Fl=r/w).

[r1 (1 – λ) + λr – λs1 ]/[w (1 – λ)] = r1/w – [λ/(1 – λ)][(s1 – 1r)/w]

Fk/Fl = r1/w – (λ/(1 – λ)) (s1 – r1)/w < r/w donde: r1s

Este tipo de política industrial podría estar distorsionando la escogencia de factores, ya que la relación de precios que minimiza los costes es r/w. De hecho se estaría sobre-capitalizando al sector y creando exceso de capacidad instalada: 

Fk1/Fl1 < r/w donde: Fk1 y Fl1 son la productividad marginal del trabajo y el trabajo, respectivamente en el caso de la empresa sometida a la política industrial.

 

Fk1/r1 < Fl1/w

Lo anterior significa que producto del abaratamiento del acceso a capacidad instada y dada que su nivel determina el cupo sobre una materia prima subsidiada que mejora el marge; se crean incentivos para sobre-invertir en capacidad instalada. De hecho el hecho que la productividad d capital por unidad monetaria invertida sea inferior al mismo ratio referido al factor trabajo significa que se ha contratado menos trabajo y se ha sobreadquirido capital y capacidad instalada incluso a niveles de saturación donde su productividad relativa ha caído -comparemos con la situación anterior de una empresa que no está sometida a los incentivos de la política industrial-.

Una de las distorsiones adicionales producto de esta política pública, especialmente en detrimento de empresas e industrias instaladas, maduras y tradicionales que atienden a mercados y productos consolidados en los mercados con preferencias por parte de los consumidores, radica en el efecto desplazamiento que “nuevas” empresas o capacidades instaladas -fomentadas por rentas producto de la política industrial- ejercen sobre la industria tradicional.

Adicionalmente, esta política podría estar incentivando la actividad de contrabando de extracción buscando maximizar rentas otorgadas producto de la política pública -obviamente en la medida de los subsidios a la materia prima doméstica determine precios muy bajos, susceptible de arbitraje en mercados o países vecinos-.

Lo anterior, nuevamente queremos insistir, no significa que no pueda existir legítimo interés de fomento de la productividad por un lado, de ciertos sectores económicos por el otro lado, o la necesidad de diseñar políticas públicas para corregir barreras a la actividad económica o para corregir ciertas fallas de mercado que atentan contra el desarrollo industrial. Sin embargo, la moraleja debe ser que el diseño de políticas públicas, industriales y regulatorias requieren ser llevadas adelante por especialistas y técnicos en la materia, teniendo preferentemente por referencia políticas públicas basadas en mercado.

 


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