En semanas pasadas se compartió con los lectores de “Opinión y Noticias” el planteamiento sobre una “Reingeniería de los Activos Públicos”. En esa misma línea económica comentaremos una noticia

procedente  de Brasil, la cual dice:  gobierno brasileño plantea desarrollar de inmediato el Programa  "Crecer" de Asociación de Inversiones,  que consiste en abrir un proceso de subastas por las concesiones de cuatro aeropuertos,  así como de los terminales portuarios de combustibles, campos petroleros-gasíferos marginales, la Compañía de Investigación y Recursos Minerales  y privatizar seis distribuidoras de electricidad.

Las razones esgrimidas por el Ejecutivo fueron convincentes: el gobierno no puede hacerlo todo, necesita equilibrar las cuentas fiscales, hacer del estado una institución más eficiente, convivir con el sector privado quien puede asumir las inversiones requeridas para el desarrollo de esas empresas estatales, transformarlas en rentables, crear empleos y sacar a Brasil de la recesión.

En paralelo ha iniciado una revisión de políticas  públicas en lo fiscal, social y laboral, por ejemplo: indexar el gasto público a la tasa de inflación, una revisión de la edad de jubilación y los programas de flexibilización de la jornada de trabajo. Brasil espera cerrar este año con un decrecimiento del PIB de 3,18%, una inflación de 7,36%, (en el 2015 cerró con un crecimiento en los precios de 10,67%  y destruyó empleos por el orden de los 1,5 millones de puestos de trabajo).

Lo peor de Brasil, ha sido la corrupción, los escándalos de Petrobras, los pagos y cobros de comisiones, el lavado de dinero, toda una red de corruptelas entre el sector privado y el político representado en congresistas y funcionarios públicos. Sin embargo las instituciones parecen funcionar, la separación de poderes y la autonomía de la justicia frente al ejecutivo y al poder. En el camino han quedado  Dilma Rousseff, ahora acusan a Lula Da Silva,  la Cámara de Diputados destituyó a su presidente Eduardo Cunha, y siguen la estela de acusaciones de gobierno y oposición en operaciones ilegales.

 Las reformas económicas sin la estabilidad institucional no funcionarían ya que, la confianza de esos potenciales inversionistas no estaría garantizada frente a un estado inestable y corrupto. Pero lo segundo, la institucionalidad sin las reformas económicas, no generaría empleo, seguirían los desequilibrios fiscales, no habría una mayor oferta de bienes y servicios, no se lograría el objetivo de bajar la inflación y tampoco una mayor expansión de la actividad económica.

Es importante un estado eficiente, rector de la actividad económica, desburocratizado, diseñador de políticas públicas a largo plazo que inserten al país en el desarrollo sustentable y en la revolución del conocimiento. Lo que está haciendo Brasil, no significa una entrega de su soberanía nacional, una sumisión al imperialismo o una subasta del país al sector privado, por el contrario, si logra sus objetivos económicos: bajar la inflación, crear empleo, atraer inversiones nacionales y extranjeras, estabilizar las cuentas fiscales, disminuir la pobreza, reducir drásticamente la corrupción,  entonces podemos decir que Brasil será menos frágil, más independiente y más soberano.

Tenemos que estudiar estas experiencias latinoamericanas, su desarrollo, aciertos y errores configuran un aprendizaje, porque Venezuela más temprano que tarde tiene que abordar el camino de la recuperación económica y reinsertarse en la comunidad internacional. Elaborar desde ahora un plan económico creíble, realizable, coherente, involucrando a la gente, consensuando con productores, consumidores, rectores económicos, gremios, sindicatos e instituciones públicas y privadas y algo importante en la comunicación: decir la verdad, esto último la gente lo comprende, lo que no entiende es el lenguaje difuso y dudoso.

Venezuela tiene activos improductivos, ineficientes, otros paralizados que si se aplica una política agresiva, previa valoración de los mismos, se podrían obtener más de US$ 10.000 millones negociando mediante concesiones: puertos, aeropuertos, autopistas, empresas fabricantes y  distribuidoras de alimentos y medicinas, mineras, químicas, concesiones petroleras, haciendas,  tierras baldías, edificios, industrias petroquímicas, transporte, financieras y telecomunicaciones, todas en situación precaria.  Lo que falta es decisión política. Si estamos dando en garantía las acciones de Citgo en el canje de deuda de PDVSA, esto es más apremiante dado el estado de esos activos y la urgencia de  producción nacional.